Según el diccionario de la lengua española, la “colonización” es la acción de dominar un país o territorio (la colonia) por parte de otro (la metrópoli). El proceso de colonización puede ser de carácter político, militar, cultural, económico o presentar otras manifestaciones, así como desarrollarse de forma violenta o pacífica.

Y no otro camino es la enajenación del patrimonio nacional, la tierra, su subsuelo, el agua, las riquezas naturales (petróleo y gas, litio, minerales de todo tipo, alimentos, etc.) y de las empresas públicas que, desde el fin del gobierno de los Kirchner en 2015, retomaron y profundizan el capital financiero asociado a la casta dominante de nuestro país [1].

Casta que se fue aggiornando a los tiempos y reconfigurándose, pero que nace del acuerdo con la potencia dominante de principios del siglo XIX, que, derrotada militarmente en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, a través de Rivadavia y Pueyrredón y posteriormente de Mitre y Roca, fueron conformando el modelo agropecuario exportador que recién fue sustituido en gran parte por la Revolución del 4 de junio de 1943, encabezada por Rawson y Ramírez, dos militares emparentados a la oligarquía vernácula, pero con pensadores como los coroneles Juan Perón y Domingo Mercante detrás de los acontecimientos.

Obviamente, primero fue el endeudamiento y después cómo se paga. Ya lo decía el general John Adams, primer Vicepresidente y segundo Presidente de los Estados Unidos: “Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es la espada, la otra es la deuda”.

La deuda tomada con la Baring Brothers en 1822 marcó el rumbo que profundizaron todos los demás gobiernos hasta el 4 de junio de 1943. Por supuesto, corrompiendo a funcionarios locales: “Respecto de lo que Ud. me dice de manifestarle lo que entiendo debe asignarme por retribución a mis servicios, creo que podremos fijar como base una cuarta parte de las comisiones o beneficios que Ud. perciba en las operaciones” (Carta de Victorino de la Plaza a un banco europeo, enero 1881, Archivo General de la Nación) [2].

Deuda y fuga

¿Cuál es la razón por la que en el pasado mes de julio de 2024 el BCRA vendió reservas internacionales por 2.623 millones de dólares? Las reservas brutas eran de 29.022 millones de dólares el 1 de julio y pasaron a ser de 26.399 millones el 31 de julio de 2024.

¿Cuál es la razón por la que, primero en forma subrepticia, se trasladaron a Londres, en el mes de junio de 2024, lingotes de oro de las reservas internacionales del BCRA por 450 millones de dólares? La Asociación Bancaria, en carta al presidente del BCRA, Santiago Bausili, requirió saber si hubo un acta de Directorio del BCRA, si se abrió el expediente correspondiente, si se le comunicó a la Sindicatura del BCRA, y en base a qué atribuciones y facultades se adoptó la medida y por qué razones.

No conforme con ello y en la petulancia que le da el DNU 70/23 [3], ahora en forma desembozada, enviarán más lingotes de oro [4] de las reservas del Banco Central, y títulos públicos, como garantía para obtener un REPO (Repurchase Agreement) con bancos internacionales, para conseguir créditos que les permitan por lo menos cancelar una parte de los vencimientos de este año. Por más que el ministro Luis Caputo, en un alarde de engaño y dolo, sostiene que con ello se aseguran el pago de vencimientos de este año y hasta mediados del 2025, este año deben hacer frente a vencimientos por 22,7 billones de pesos (para la Secretaría de Finanzas de la Nación, para consultoras privadas es una suma notablemente mayor) y, a la vez, deben afrontar deudas en dólares de la refinanciación con los bonistas del 31 de agosto de 2020, canje de deuda de Mauricio Macri refinanciada por Martín Guzmán, más los vencimientos de septiembre y diciembre con el FMI, y no están cumpliendo la meta de aumentar las reservas internacionales del BCRA.

Con reservas internacionales del BCRA negativas en 3.300 millones de dólares, más un presupuesto final de 2024 deficitario en unos 7.000 billones de pesos, y con déficit en la cuenta corriente comercial [5], dependen de que los acreedores (incluido el FMI) acepten renegociar la deuda.

Finalmente, Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, firma una comunicación con accionistas de Tenaris [6], justificando la demora en las inversiones “porque la Argentina todavía no recuperó credibilidad en los mercados como para que haya acceso al financiamiento para apurar planes en el país”. Esto es, las inconsistencias de las medidas tomadas por el equipo de economía que dirigen Caputo-Bausili reflejado en un tipo de cambio insostenible que (y es la respuesta a las preguntas que nos hacíamos) solo se mantiene para abaratar la salida de los que con divisas compraron títulos en pesos y quieren volver a la moneda con la que ingresaron, y no hay dólares ni los va a haber, por más que la dupla Caputo-Bausili haga y prometa lo imposible, incluso vulnerando los límites de legalidad y seguridad, para cobrar a la salida de los fondos financieros que están en pesos y necesitan dólares baratos.

Hay una contradicción entre los que quieren ganar renta financiera y los extractivistas que ya tienen el marco jurídico en las leyes 27.742 y 27.743 y en el DNU 70/23, pero que no pueden aplicarlo libremente por las trabas de un precio del dólar que no justifica las inversiones y los márgenes de rentabilidad que se proponen.

Una nueva conformación del poder

Por supuesto, no es un tema menor que Paolo Rocca sea el CEO de Techint, socio principal del Club del Petróleo, donde amalgaman intereses con la Compañía General de Combustible de la familia Eurnekián; con Pan American Energy; Pampa Energía; Pluspetrol; Chevrón; Apache; Total; Exxon Mobil; Shell; Petronas; etc. Muchos de ellos con fuerte posesión de tierras en la Argentina, como es el caso de Pampa Energía (Marcelo Mindlin, Joseph Lewis, BlackRock y las familias Sielecki y Werthein), Pluspetrol (de la familia Rey Rodríguez), dueños de los campos petroleros y gasíferos o el caso de Eduardo Eurnekián, que se dedica a actividades agropecuarias y explota 105.397 hectáreas distribuidas en varias provincias argentinas [7].

Pero la actividad agraria ha sufrido fuertes modificaciones en su uso. La Secretaría de Bioeconomía de la Nación al publicar los datos del SISA (Sistema de Información Simplificado Agrícola) que reunió la AFIP en la campaña 2023/24, afirma que, sobre un total implantado de 34,3 millones de hectáreas, se produce bajo el sistema de alquiler o arrendamiento en 24 millones de hectáreas de campos agrícolas.

Si tomáramos moderados 10 quintales de soja por hectárea como un costo promedio para esos alquileres (que usualmente son pactados en plazos cortos de una campaña), se podría estimar que los productores agrícolas destinan unos 30 dólares por hectárea arrendada y que la renta percibida por los dueños de los campos en total suma aproximadamente 7.200 millones de dólares al año.

El SISA es un régimen de declaración obligatoria de datos de siembra ante la AFIP. De allí surge que en la campaña que pasó hubo 70.005 productores agrícolas en la Argentina que sembraron un total de 37 cultivos. La mayoría de ellos sobre campos alquilados. Según los registros de las últimas campañas, la cantidad de productores se mantiene más o menos estable en los últimos años. Lo que sí se nota es un leve pero paulatino pase de hectáreas propias a arrendadas. Solo 10,2 millones de hectáreas siguen siendo explotadas por sus dueños.

El SISA presenta una oportuna estratificación donde se refleja que la necesidad de alquilar tierras predomina en los segmentos de productores de mayor escala. Los que siembran de 800 a 3.000 hectáreas tienen una relación de tres hectáreas alquiladas por cada una propia. Y algo parecido sucede con los productores de más de 3.000 hectáreas. Poseen 1,37 millones de hectáreas, pero alquilan otras 4,9 millones. Es más, hay muchísimos productores que no disponen de campo propio y arriendan toda la superficie que producen. Los datos de la tenencia de la superficie implantada muestran que hay más personas involucradas en el negocio, ya que existen 88.527 CUIT de los cuales no todos son productores. Sobre ese universo, se registraron 37.641 casos de personas o empresas que producen sobre campo propio, otros 40.274 casos que lo hacen sobre campo exclusivamente arrendado y 10.612 personas que combinan ambas situaciones.

Los que alquilan se financian con los pools de siembras, que conforman un sistema de producción agraria caracterizado por el papel determinante que juega el capital financiero y la organización empresarial transitoria que asume el control de la producción agropecuaria mediante el arrendamiento de grandes extensiones de terrenos. El organizador del pool suele ser una empresa que cuenta con un ingeniero agrónomo y eventualmente otros administradores y gestores destinados a coordinar e implementar la agrupación y ejecución de las tareas productivas. Formado el grupo organizador, se implementa un fondo común de inversión con el fin de atraer inversores a partir de un esquema de siembra y una tasa de rentabilidad.

Pedro Peretti [8] sostiene que la Argentina hoy tiene una agricultura de “tres pisos”: uno es el terrateniente dueño de la tierra, el otro son los contratistas rurales (los que la trabajan efectivamente) y el tercer piso son los pools de siembra, grandes grupos financieros que se dedican a alquilar tierras y sembrarlas para exportar.

Los productores dejan de ser productores para transformarse en auxiliares productivos de las grandes corporaciones exportadoras. Lo único que interesa es el volumen exportable, no quién, ni cuántos producen, ni dónde se produce, ni para qué. Por eso, cuando asumió el hoy despedido Fernando Vilella como secretario del área, la presentación estuvo a cargo de José Demicheli, CEO de Adblick, un mega pool de siembra que trabaja más de 50.000 hectáreas, arrendando más de 100 campos, con un fondo común de inversión propio con 800 inversores.

Este sistema impuesto en forma creciente desde fines del siglo pasado es la causa del sideral desmonte que se está realizando en nuestro país para sembrar principalmente soja y maíz, de manera tal que la Unión Europea sancionó una ley que prohíbe la importación de productos vinculados con la deforestación posterior al año 2020, por lo que todos los productos que contengan soja y/o maíz van a pasar estrictos controles para garantizar que no provienen de ecosistemas que hayan sido dañados desde entonces.

Tomemos los ejemplos más notorios para ver su funcionamiento:

• Adecoagro, que administra según un informe del bufet Cushman & Wakefield, al 30 de septiembre del 2023, 217.810 hectáreas en la Argentina, entre Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. Los campos están dedicados a la siembra de soja, maíz, trigo, maní, girasol, arroz y otros cereales. También se dedican a la elaboración de alimentos lácteos, por medio de la marca Las Tres Niñas, y arroz y snacks a través de Molinos Ala y Apóstoles. La firma fue fundada en la Argentina por Mariano Bosch, un empresario dedicado a los agronegocios, quien actualmente es director CEO. Las actividades comenzaron en 2002, año en el que debutaron con 70.000 hectáreas dedicadas a la producción agrícola y ganadera. Adecoagro cotiza en la Bolsa de Comercio de Nueva York (NYSE) desde 2011. Actualmente, el principal accionista, con el 31,19% del capital, es PGIM Jennison Small Company Fd, uno de los administradores de acciones y activos líderes en los Estados Unidos, el otro gran accionista con el 11,15% es Route One Investment Company, L.P, con sede en San Francisco, Estados Unidos, un fondo de cobertura, originalmente dedicado a bienes raíces. Otro socio destacado es el JP Morgan (BlackRock y Vanguard, fondos que seguramente tienen participación en los otros fondos mencionados).
• Cresud S. A., que es una firma presidida por Eduardo Elzstain y tiene 538.822 hectáreas en las provincias de Santa Cruz (100.911 has), La Pampa (9.615 has), Entre Ríos (6.024 has), Santa Fe (1.431 has), Córdoba (1.534 has), San Luis (7.010 has), Mendoza (674 has), Chaco (26.370 has), Catamarca (12.395 has) y Salta (37.858 has). El dato surge de la web oficial de la empresa, de donde también se desprende que tiene tierras en Brasil, Paraguay y Bolivia. Las dedica al negocio agropecuario, con producción de granos de oleaginosas y cereales, caña de azúcar y carnes. El conglomerado también está integrado por Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA), dedicada al desarrollo inmobiliario y dueña de los principales shoppings del país.
• Lartirigoyen y Cía, que le pertenece a la familia (desde 1850), ahora asociada con Viterra (donde tiene participación BlackRock). Su sede central es en La Pampa, pero también opera en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Salta. Lartirigoyen no posee tierras propias, sino que produce en forma asociativa con más de 55 productores de nuestro país. Se dedica a la producción de cereales y a la actividad ganadera, posee cerca de 22.500 cabezas vacunas repartidas en campos de La Pampa y el sur de Buenos Aires y dos criaderos de cerdos, uno de ellos en Dorila (La Pampa) y otro en Reconquista (Santa Fe).
    

En síntesis

Los ricos de este país (la vieja y la nueva casta) dividen sus negocios entre el carry trade y el sistema colonial tradicional, por supuesto que apuestan a ambos frentes; es más, la implosión de la deuda pública es funcional a la magna devaluación que necesitan para comprar por menos de la mitad lo que vale el doble.

El problema es cuándo van a devaluar y el retraso fue que apostaron muchos dólares a comprar títulos en pesos y todos no se pueden ir.

Mientras ellos dirimen sus cuentas y comisiones, el pueblo argentino del presente y del futuro paga las consecuencias.

[1] Casta: Es un sistema social en el que el estatus personal se adjudica de por vida, por tanto, en las sociedades organizadas por castas, los diferentes estratos son cerrados y el individuo debe permanecer en el estrato social en el que nació.
[2] Victorino de la Plaza  era Vicepresidente de la República con Roque Sáenz Peña y, tras el pedido de licencia por enfermedad (y posterior fallecimiento) de Sáenz Peña, asumió la presidencia el 6 de octubre de 1913. Victorino de la Plaza a fines de 1890 fue encargado por el Presidente Carlos Pellegrini de la renegociación de la deuda externa del país, en medio de la crisis económica de ese año
[3] El DNU 70/23 fue rechazado por el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados nunca lo trató. Es más, si 134 de sus miembros votaron las leyes 27.742 (que contiene el RIGI) y 27.743 de paliativo fiscal (que incluye el “blanqueo” de capitales), es fácil entender por qué.
[4] A 2.430 dólares por onza; un lingote tiene 400 onzas troy.
[5] La proyección de la Balanza de Pagos que hace el gobierno es positiva en el superávit comercial, pero se torna deficitaria en el conjunto de la Cuenta Corriente por el déficit en los servicios reales (royalties, fletes, seguros, comunicaciones, turismo, etc.) y financieros (intereses de la deuda y giro a las casas matrices).
[6] Tenaris S. A. es una empresa metalúrgica multinacional subsidiaria del grupo argentino Techint. Produce tubos de acero sin costura para la industria del petróleo, tubos de acero con costura y servicios para la industria de la energía y otras aplicaciones energéticas.
[7] Para que sirva de referencia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un ejido de 20.300 hectáreas.

 Por Horacio Rovelli