Lo que pasó el 11 de julio en el penal de Ezeiza fue mucho más que una visita de diputados oficialistas empáticos con Alfredo Astiz y otros represores: fue un intercambio de iniciativas para frenar las causas por lesa humanidad y acelerar el proceso para que los condenados por delitos aberrantes se vayan a sus casas. Página/12 pudo comprobar que circula en el bloque de La Libertad Avanza (LLA) un proyecto de decreto que salió de la usina de la Unidad 34 de Campo de Mayo, la otra cárcel que alberga a los genocidas de la última dictadura.

Los represores que están presos en Buenos Aires están alojados en dos unidades penitenciarias: la 31, de Ezeiza y la 34, de Campo de Mayo. Desde que asumieron Javier Milei y Victoria Villarruel, estos dos lugares se convirtieron en destinos frecuentes para diputados y funcionarios.  

El 7 de marzo pasado, el ministro de Defensa, Luis Petri, envió a dos de sus hombres a Campo de Mayo: el subsecretario Guillermo Madero y el director nacional de Derechos Humanos Lucas Erbes. Ambos regresaron, tal como reveló este diario, con un proyecto de decreto para hacer que las causas que están en trámite se caigan.

Pero la iniciativa no se quedó guardada en un cajón del Edificio Libertador. Circula entre los legisladores de LLA. La iniciativa es básicamente igual, solo que en la última versión se suprimió un artículo que ordenaba crear un observatorio sobre causas judiciales en el Ministerio de Justicia.

El proyecto de decreto se centra en lo que se denomina el plazo razonable para la tramitación de las causas. Si bien no hace una específica mención a los expedientes de lesa humanidad, tendría un impacto directo en estos. Dice que el Estado tiene un plazo máximo de 25 años para arribar a una sentencia definitiva frente a un delito. Ese plazo empieza a regir desde que se cometió el ilícito y puede suspenderse si hay una interrupción en la vida democrática. No se extiende a quienes están prófugos. 

Astiz, por ejemplo, se infiltró en el incipiente movimiento de derechos humanos en 1977. Se hacía llamar Gustavo Niño y simulaba ser el hermano de un desaparecido. Entre el 8 y el 10 de diciembre de ese año, fue responsable del secuestro de doce personas que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz –entre las que se contaban tres Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas. Si se tomara desde la fecha del ilícito, el Estado hubiese tenido que abandonar sus ansias de juzgar a Astiz en 2002. Si se tomara desde el reinicio de la democracia, la fecha se extendería hasta 2008. Para entonces, el marino no tenía ninguna condena. Recién fue condenado por primera vez en 2011.

La propuesta emanada desde las usinas de represores o abogados amigos se da de bruces con la jurisprudencia. Los planteos sobre la violación del plazo razonable son frecuentes en los procesos de lesa humanidad. Sin ir más, lejos el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tiene publicada su postura en su página web. “En nuestro país, el juzgamiento de los hechos perpetrados durante el terrorismo de Estado ha afrontado dificultades excepcionales derivadas, en parte, del dominio de las estructuras estatales que –durante años- tuvieron sus autores, y también de las múltiples medidas que fueron articuladas para evitar represalias futuras y garantizar impunidad”, tiene dicho el supremo, que, además, destaca que el Estado argentino no viene juzgando a los perpetradores desde que se recuperó la democracia. Por el contrario, gozaron de muchos años de impunidad gracias a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y a los indultos de Carlos Menem –considerado un prócer por el presidente Milei. 

Un proyecto para la domiciliaria

Dentro de la comitiva que fue a Ezeiza a verse con Astiz, hay dos diputadas díscolas o decididas a salvar su pellejo: Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta. Ambas relataron que durante la amable charla con Astiz y compañía, los diputados recibieron un proyecto por parte de los genocidas. Según Bonacci se trataba de una iniciativa para lograr la prisión domiciliaria de los mayores de 70 años. 

Las estrategias de ambas no son del todo compatibles: Bonacci se presenta como la única integrante de la comitiva que se mantuvo distante y que no quiso salir en las fotos; Arrieta aduce temor pero los chats la condenan: este diario mostró que la diputada mendocina reivindicó la visita como una forma de conocer de “primera mano” la verdad. 

En lo que coinciden ambas es enrostrarle toda la responsabilidad a Beltrán Benedit, el diputado que organizó la visita al penal de Ezeiza. Benedit, oriundo de Entre Ríos, es dirigente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), tiene alguna cercanía con la Unión de Promociones –una organización que impugna los juicios de lesa humanidad– y posee vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, abandera del reclamo militar. Según Bonacci, Benedit estaba pergeñando una reunión en la Casa Rosada para llevarle un proyecto --que él no le quiso revelar-- a Karina Milei después de la visita a Ezeiza.

“Tengo entendido que estaba haciendo un proyecto él con algunos asesores. No sé si había algunos diputados más involucrados”, dijo Arrieta en una entrevista sobre Benedit. “Lo que sí sé es que estaban llevando esta bandera, no sé si para indultarlos pero por lo menos para la prisión domiciliaria”, agregó.

El indulto es una facultad presidencial. Los diputados podrían en todo caso reformar el Código Procesal Penal que regula las formas de acceder al arresto domiciliario. Un día después de la asunción de Milei y Villarruel, la defensa de un genocida le pidió a Casación que dijera que cualquier persona por tener 70 años podía irse automáticamente a su casa. A esa iniciativa se sumaron la mayoría de los defensores particulares de los condenados por lesa humanidad.

Arrieta –que se hizo conocida por usar un patito en la cabeza y por decir que no conocía a Astiz porque nació en 1993– también relató que uno de los “internos” les dijo: “Bueno, acá nosotros les preparamos un proyecto. Tomen”. Y, según su relato, le pasó un sobre de papel madera a Benedit. 

Bonacci dio una versión similar pero aportó nombres. Según ella, Raúl Guglielminetti le habría entregado un proyecto redactado en birome a Benedit. El papel tendría una leyenda: “ideas de prisión domiciliaria”. Guglielminetti es un exagente del Batallón de Inteligencia 601 que fue identificado cuando se recicló como custodio de Raúl Alfonsín. Está condenado a prisión perpetua y hace tiempo quiere volver a su casa.

Cuando trascendió el escándalo de la visita, el juez Adrián Grünberg, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 que lo condenó, preguntó qué visitas había recibido Guglielminetti. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) –que depende de Patricia Bullrich– contestó que únicamente había recibido a su esposa y a dos amigos. 

Es curioso porque ahora, al menos, una de las diputadas dice que estuvo con Guglielminetti y hasta vio cómo aportaba una iniciativa para lograr la pronta vuelta a casa de los genocidas que están presos. No son muchos. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), son 134. Según un pedido de acceso a la información que el Ministerio de Seguridad le contestó a este diario, el SPF solo tiene 32 internos con condenas firmes por crímenes contra la humanidad. Entre ellos, las estrellas de la visita de los diputados, Astiz y Guglielminetti.

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