Las elecciones presidenciales en Venezuela y la incertidumbre por su resultado -cuestionados por la oposición y parte de la comunidad internacional- trajeron de la mano una crisis diplomática en la región de América Latina: el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro decidió romper relaciones con seis países, entre ellos, Argentina- que asila en su sede a seis opositores venezolanos. A horas de que se cumpla el ultimátum para que los funcionarios argentinos se retiren de Caracas, fuentes de la embajada de Brasil en Argentina confirmaron a El Destape que el país sudamericano “se hará cargo de los intereses de Argentina en Venezuela”. El país comandado por Luiz Inácio Lula da Silva -junto con Colombia y México- busca que prevalezca la estabilidad.

Pese al enfrentamiento y las tensiones que existen entre Brasilia y Buenos Aires -por los constantes insultos del presidente Javier Milei a su par Lula-, la cancillería del gigante sudamericano saldrá a responder por Argentina.

La principal preocupación del Gobierno de Milei pasa por los dirigentes opositores que asila en esa sede. Se trata de seis personas que aloja allí desde el 20 de marzo de este año, todos allegados a la opositora e inhabilitada para ejercer cargos púbicos María Corina Machado: Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola Magalí Meda. Para ellos Argentina busca un salvo conducto. Además de los dirigentes opositores, en la embajada argentina se encuentran el encargado de negocios, Andrés Mangiarotti, junto a otros cinco diplomáticos de carrera y dos agregados, que saldrán de Caracas este jueves a las 15.

En tanto, aunque fuentes argentinas negaron ante este medio que "vayan a salir los asilados con ayuda de Brasil". En la media noche de este miércoles, Machado salió en sus redes sociales a agradecer la disposición de Brasil "a asumir la representación diplomática y consular" de Argentina en Venezuela "y la protección de su sede y residencia, así como la integridad física" de los asilados allí. "Esto podría contribuir a avanzar en un proceso de negociación constructiva y efectiva como el que Brasil ha respaldado", señaló. Como se dijo, Brasil, junto con Colombia y México, buscan que prevalezca la estabilidad en el país latinoamericano.

La crisis en Venezuela con su correlato en la arena regional e internacional comenzó tras las elecciones del domingo pasado. Luego de una jornada que transcurrió de manera tranquila, el problema surgió cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer los resultados -sin mostrar las actas desagregadas- y proclamó a Maduro como presidente electo por el 51,2% de los votos contra un 44,2% del opositor Edmundo González Urrutia, que llegó en representación de la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD) en lugar de Machado, que había sido la elegida por ese sector de la oposición en un principio para ir por la presidencia. La oposición denunció fraude y, desde entonces, se desataron protestas de un lado y del otro, en defensa del Gobierno como de la oposición. A ello, se sumaron los intereses de la comunidad internacional como de distintos líderes de la región que buscan que prevalezca la estabilidad.

Por la falta de reconocimiento de los resultados, el Gobierno de Maduro decidió romper relaciones diplomáticas y retirar a todos su personal de Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Perú, que habían exigido "la revisión completa" de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes.

"La República Bolivariana de Venezuela expresa su más firme rechazo a la injerencia y declaraciones de un grupo de Gobiernos de derecha, subordinados a Washington y abiertamente comprometidos con los postulados ideológicos más ensordecedores del fascismo internacional", indicó en un comunicado. 

Por el momento, Brasil, Colombia, México e, incluso, Estados Unidos, se mantuvieron expectantes sobre el tema y exigen la publicación de actas y de los documentos correspondientes que den cuenta de la veracidad del resultado. El Gobierno venezolano, por su parte, denunció un "hackeo" y "ataque" cibernético al CNE, que impidió dar a conocer el escrutinio. Esa denuncia, también, fue llevada por el mismo Maduro ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y pidió que "se aclare todo lo que se tenga que aclarar sobre el proceso electoral". 

Por Carla Pellero / El Destape