No vienen por ella
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El 22 de febrero de 2015, Eduardo van der Kooy publicó en Clarín una nota sobre el fiscal Alberto Nisman, encontrado muerto en el baño de su departamento un mes antes. En su extensa columna, en la que menciona a Hugo Chávez, Lula da Silva, CFK, Héctor Timerman y Dilma Rousseff, pero también a Cuba, Irán, China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Bolivia, Ecuador e incluso milicias islámicas más o menos iraníes, Van der Kooy compartió una hipótesis de los servicios: “En ámbitos de inteligencia, policiales y diplomáticos (una) especulación parece tomar cuerpo. ¿Cuál sería? La de que un comando venezolano-iraní (con adiestramiento cubano) podría haberse cobrado la vida del fiscal.”
En la eventualidad de que una hipótesis tan sólida pudiera generar dudas, el periodista agregaba un dato contundente: “En Venezuela, se calcula que habitan ahora 40.000 ciudadanos cubanos, dedicados sobre todo a tareas burocráticas y sanitarias. Pero también al entrenamiento militar”.
La mención a las buenas relaciones diplomáticas entre la Argentina y Venezuela y al famoso memorándum de entendimiento con Irán apuntaba de forma tácita a la complicidad de CFK en el supuesto asesinato. Recordemos que el memorándum, un acuerdo votado por el Congreso argentino y nunca refrendado por su par iraní, tenía como objetivo resolver la parálisis de la investigación del atentado a la AMIA: ya que Irán no extradita connacionales y la Argentina no juzga en ausencia, el objetivo del acuerdo era que el juez pudiera tomar indagatoria a los imputados iraníes en Teherán.
Así, con la nota de Clarín, nacía el comando venezolano-iraní con adiestramiento cubano, la primera hipótesis de los servicios sobre la muerte del fiscal. ¿En qué idioma se comunicarían los integrantes de dicha célula? ¿En farsi con acento caribeño? ¿En español con algunas expresiones persas? La nota no lo aclaraba.
No sería la única hipótesis creativa sobre la muerte del fiscal. Dos años después, el periodista Román Lejtman mencionó a dos sicarios invisibles que habrían asesinado al fiscal antes de escaparse por la rejilla del baño. Una oportuna pericia de la Gendarmería, encargada por la Ministra Pum Pum durante el gobierno de Cambiemos, corroboró esa hipótesis. Pese a que contradecía la autopsia en la que se basaba y tomaba supuestos falsos (como el ángulo de penetración de la bala), la pericia fue tomada por buena por los medios serios que, desde aquel domingo 18 de enero de 2015, intentan con ahínco transformar lo que a todas luces parecía un suicidio en un asesinato por encargo.
En todo caso, el ruido de la supuesta muerte del fiscal entró de lleno en la campaña presidencial de ese año y favoreció, como era su objetivo, a la candidatura de Mauricio Macri.
Apenas desapareció Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017, durante un operativo de Gendarmería sin orden judicial, el gobierno de Cambiemos y nuestros medios serios nos alertaron al unísono sobre la hasta ese momento desconocida Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), una guerrilla imaginaria financiado por el Reino Unido, ETA, las FARC, los separatistas kurdos e incluso la Internacional Anarquista. Mientras la entonces ministra Patricia Bullrich nos explicaba que la integridad territorial de la Argentina estaba en peligro, la AFI alimentaba a los medios serios, que publicaban las mismas fotos escalofriantes de arsenales mapuches, prolíficos en serruchos oxidados, martillos rotos y rollos de alambre. Santiago fue descripto de múltiples formas: era un experto en artes marciales, estaba en Santiago de Chile, había cruzado la Cordillera herido luego de asaltar a un puestero, lo habían matado sus compañeros, se había suicidado siguiendo un rito ancestral, estaba en San Luis, lo habían visto huyendo hacia el sur e incluso había un pueblo donde todos eran idénticos a él.
Apenas apareció el cuerpo del joven en un lugar ya rastrillado varias veces, la RAM desapareció de la tapa de los diarios. La integridad de nuestro territorio ya no estaba en peligro.
La semana pasada se dio inicio al juicio oral contra los tres responsables materiales del intento de magnicidio contra CFK. El jueves 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel le apuntó un arma a la cara y gatilló, sin que la bala saliera de la recámara. Lo acompañaba su novia Brenda Uliarte, acusada de ser coautora del intento de homicidio, y Nicolás Carrizo, el vendedor de copos de azúcar señalado como partícipe secundario. El hecho ocurrió frente a la casa de CFK en Recoleta, mientras la entonces Vicepresidenta saludaba a los participantes de las manifestaciones surgidas en su apoyo después de que el fiscal Diego Luciani pidiera doce años de prisión en su contra y su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Se trataba de la imaginaria Causa Vialidad, esa que acumuló –según el fiscal y sus auxiliares de fiscalía mediáticos– “tres toneladas de pruebas”, una novedosa unidad de medida procesal.
El intento de magnicidio, uno de los hechos políticos más graves desde el fin de la última dictadura cívico-militar, pone en tensión el acuerdo democrático de 1983. Sin embargo, fue minimizado tanto por el Poder Judicial como por los medios que, en un primer momento, pusieron en duda su veracidad. Como explicó Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, “salvo honrosas excepciones, el silenciamiento mediático y de la dirigencia política resulta igualito al de jueces y fiscales que tienen la responsabilidad y obligación de investigarlo. Un liso y llano encubrimiento”. Mena señaló las lagunas voluntarias de la investigación llevada a cabo por la parsimoniosa jueza María Eugenia Capuchetti: desde el celular del atacante, cuyo contenido fue borrado estando en custodia del juzgado; la permanente reticencia a investigar las pistas que apuntaban a Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich; los nexos de Revolución Federal, cuyos integrantes entraron en el departamento de la vecina de CFK, la mediática Ximena de Tezanos Pinto; y el financiamiento a esa organización por parte de la familia Caputo.
En este caso, la Santísima Trinidad conformada por los medios, el Poder Judicial y los servicios no nos ofreció una teoría conspirativa sino todo lo contrario. A diferencia del caso de Alberto Nisman o de Santiago Maldonado, en el intento de magnicidio contra CFK no hay comandos venezolano-iraníes con adiestramiento cubano, ni tampoco guerrillas imaginarias kurdo-mapuche con financiamiento de ETA. No surgieron teorías conspirativas ni cuando aparecieron celulares misteriosamente borrados como el del propio Sabag Montiel o el de Milman, o brotaron pagos millonarios de parte de Caputo Hermanos (la empresa de los hermanos del ministro Luis Caputo, el Toto de la Champions) a Jonathan Morel, el líder del grupo ultraviolento Revolución Federal, hasta pocos días antes del atentado. Ninguna de esas pistas mereció la pena de ser analizada en la causa. Desde un principio, como señala Mena, el trabajo de la jueza Capuchetti consistió en limpiar la investigación de cualquier indicio político para presentar el atentado como un hecho meramente policial. Cuando presentaron a los inculpados como “tres loquitos sueltos”, los medios trazaron el camino a seguir.
Sin embargo, al escuchar las primeras declaraciones de Sabag Montiel en el juicio oral cuesta tomarlo como un “loquito suelto”. El suyo es un discurso articulado y coherente con la letanía antikirchnerista desarrollada con fuerza por los medios a partir del 2014: “Más que personal, es algo de interés público, que tiene que ver con que yo soy el resultado o el factor de muchas fallas de la Justicia. Yo estoy acá porque una parte de la Justicia argentina no funciona, entonces me cargué una mochila en la cual realmente traté de pagar el precio de lo que otros no hicieron”.
El fraseo de Sabag Montiel nos hace recordar al de un Leonardo Fariña o al de cualquier otro de los asiduos visitantes a programas televisivos como PPT o Animales Sueltos, el quirófano del Pauta Fantino, personaje entrañable de la picaresca mediática. Incluso, una de sus frases podría haber sido pronunciada por el propio Jorge Lanata: “Además, agregar sobre la persona de Cristina Fernández de Kirchner que es corrupta, roba, le hace daño a la sociedad y demás cuestiones que son sabidas, que no es necesario que sean aclaradas porque la mayoría de las personas sienten lo mismo que yo”.
En todo caso, por más amañado que esté el juicio oral, puede haber sorpresas en las declaraciones. Esperemos que los abogados de la ex Vicepresidenta logren penetrar la trama oscura detrás de los autores materiales, que dio origen al atentado. Pero, más allá de esta posibilidad, lo que no debemos olvidar es que, sin el intento de asesinato contra Cristina, planificado y financiado por una estructura económica y política que excede a los supuestos “tres loquitos sueltos”, la extrema derecha y su crueldad social explícita jamás hubiesen llegado al poder.
Sin la pistola en la cabeza de Cristina, no existiría el Presidente de los Pies de Ninfa y el Congreso no hubiese votado una de las leyes más calamitosas de las últimas décadas, que impulsa una colosal transferencia de abajo hacia arriba. No fue otro el objetivo último del intento de magnicidio.
Apenas una semana antes del atentado, en su declaración en el juicio por la Causa Vialidad, CFK lo adelantó con claridad: “No vienen por mí, vienen por ustedes”.
Por Sebastián Fernández