Con el telón de fondo de la recesión, la insistencia en presentar un superávit fiscal ficticio (solo explicable por un recorte de gastos insostenible) y la costosa imprevisión demostrada esta semana con el desabastecimiento de GNC, el Gobierno libertario exhibe a su favor el dictamen en el Senado para tratar en el recinto sus regresivos proyectos de Ley Bases y de Medidas Fiscales.

De este modo se insiste en imponer un modelo económico y social ampliamente rechazado durante las presentaciones previas realizadas por representantes de distintos sectores, especialmente de pymes, expertos tributarios y sindicalistas.

Es cierto que en el dictamen se introdujeron cambios que modificaron en parte la iniciativa aprobada en Diputados. Pero esos retoques apenas alteraron marginalmente las herramientas reclamadas para imponer cambios estructurales que difícilmente aporten a la solución de las urgencias productivas y de la mayor parte de la población.

Al contrario, persiste la intención de profundizar la regresividad en materia de distribución de la renta y la riqueza, así como también de achicar al Estado y privarlo de sus funciones básicas, un rumbo que comenzó en diciembre y que continuará de modo acelerado de aprobarse la ley.

Muchos senadores y senadoras firmaron el dictamen con disidencias parciales, por lo que habrá que ver más adelante cuál es el alcance de las mismas. Del mismo modo, a la hora de votar podrían surgir nuevos rechazos sobre los contenidos.

El resultado final sigue abierto, y también dependerá del desarrollo de la creciente movilización social, como expresión del rechazo a un modelo de país que ya demostró su fracaso en anteriores experiencias neoliberales.

Retrocesos

Entre los aspectos más negativos, el proyecto Bases mantiene la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, con lo que el presidente podrá actuar de manera discrecional y saltear al Parlamento en decisiones centrales.

También quedan en pie las amplias concesiones para grandes capitales de grupos locales y extranjeros, en el marco del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). Por ejemplo, las empresas beneficiarias tendrían 30 años de estabilidad para sus inversiones.

Además, se contempla una cesión de soberanía en caso de diferendos legales, ya que su tratamiento dejaría de estar en la órbita de la Justicia argentina y los litigios pasarían a ser tratados en el CIADI (organismo de solución de disputas del Banco Mundial).

Otro punto polémico es el de los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios del RIGI, extremadamente generosos: bajas alícuotas en el Impuesto a las Ganancias, liberación de exportaciones e importaciones vinculadas a la operatoria de las empresas y libre disponibilidad de las divisas generadas.

Se ha advertido desde distintos flancos que, aun en caso de que estas reglas atraigan inversores ávidos de realizar negocios en la explotación de minerales como el litio, en el área de hidrocarburos o en otras actividades primarias extractivas, lo esperable es que generen pocos o nulos encadenamientos con el resto de la economía.

El paquete fiscal alentado por el Gobierno nacional, por su parte, mantiene su núcleo en favor de los contribuyentes más poderosos, más allá de algunas modificaciones. En lo que respecta a la regularización de activos (que forma parte de la iniciativa oficial), por ejemplo, se incorporó a hermanos/as de los funcionarios/as como sujetos que no pueden acogerse. A su vez, se modificó el período de exclusión de funcionarios/as, que pasó de 5 a 10 años a contar desde la entrada en vigencia de la ley.

Fue una de las críticas puntuales que realicé durante mi intervención en Diputados, ya que era dejar llamativamente afuera de la restricción a los funcionarios de la gestión macrista. Por su parte, se mantiene la posibilidad de regularizar bienes registrados a nombre de terceros, otro beneficio muy discutible.

Situación

Para cuando llegue el momento del debate en la Cámara Alta, seguramente la situación socioeconómica seguirá siendo delicada. Por lo pronto, según el Índice General de Actividad (IGA) que elabora la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, el PBI registró en abril una caída interanual del 3,1%, con lo cual el desplome del primer cuatrimestre fue del 6,3%.

A la vez, al Gobierno le resulta claramente dificultoso mantener el saldo favorable entre ingresos que comienzan a debilitarse por la recesión y gastos «pisados». Un caso paradigmático es el de la deuda con las generadoras eléctricas, que con el transcurrir de los meses se vuelve más difícil de sostener.

El criterio restrictivo incluye a las inversiones, con partidas recortadas en el orden del 80% en lo que va del año, lo cual supone postergar el mantenimiento de infraestructura y los equipamientos estatales básicos.

Véase el caso del freno en la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, que reportó una desinversión estimada en 40 millones de dólares. La falta de terminación de las obras, sin embargo, llegó a provocar cortes de suministro a un centenar y medio de empresas, al cierre de estaciones de servicio y llevó a la necesidad de importar gas con urgencia por un monto que podría alcanzar los 500 millones de dólares. 

Sin gas. La imprevisión del Gobierno provocó cortes de suministro y obligó al cierre de estaciones de servicio.

Por Carlos Heller / Acción