La pena del morfi

Actualidad02 de junio de 2024
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Javier Milei exponía como Presidente Intergaláctico en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford mientras en Argentina pasaban cosas de liliputienses. Un documento de Excel con información sobre 6 mil toneladas de alimentos con fecha de vencimiento ingresó al Juzgado Federal N°7 a cargo de Sebastián Casanello. Ese mismo día el presidente dijo en su conferencia en Estados Unidos: “Va a llegar un momento que la gente se va a morir de hambre. De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito intervenir. Alguien lo va a resolver”. La libertad de morirse o hacer algo al respecto. El jueves, la difusión pública de los alimentos retenidos obligaron al gobierno a echar a Pablo de la Torre, responsable de los 6 millones de kilos de comida guardados en dos galpones del Ministerio de Capital Humano. De la Torre era hasta entonces secretario de Niñez, Adolescencia y Familia y uno de los colaboradores más cercanos de la ministra Sandra Petovello.

El escándalo por los alimentos acopiados en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo (Tucumán) en un país en emergencia alimentaria desde el 2002 había comenzado ocho días atrás, cuando el periodista Ari Lijalad reveló la noticia en El Destape. Desde entonces, el Gobierno ejercitó una de sus principales habilidades: generar confusión. Primero, el portavoz Manuel Adorni dijo en LN+ que los alimentos no se entregaban porque había “comedores truchos”. Luego, el lunes pasado, el Ministerio de Capital Humano publicó un comunicado en el cual  aseguraba que se retenían adrede para asistir en caso de posibles “emergencias y catástrofes”. Por último, este jueves, ese Ministerio publicó un nuevo comunicado donde responsabilizó a sus propios funcionarios por no entregar los alimentos en cuestión y ordenó “la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente”. Finalmente apareció un caso de “emergencia y catástrofe” dentro del Gobierno.

El Gobierno ejercitó una de sus principales habilidades: generar confusión. Primero, Adorni dijo que había “comedores truchos”. Después, el Ministerio de Capital Humano aseguró que los alimentos se retenían adrede para asistir en caso de posibles “emergencias y catástrofes”. Días después responsabilizaron a sus propios funcionarios por no entregarlos.

Los vencimientos de los alimentos mencionados en el comunicado de Capital Humano fueron difundidos por el dirigente social Juan Grabois, querellante en una causa iniciada el 5 de febrero pasado en el juzgado de Casanello contra Petovello por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. En la causa originalmente se denunciaba a Capital Humano por no entregar alimentos a merenderos y comedores de todo el país, pero luego de revelarse que había 6 mil toneladas de alimentos retenidos, Grabois sumó esto a su denuncia. Casanello dictó entonces una medida cautelar donde le ordenaba a Pettovello entregar la comida y presentar un plan con un plazo máximo de 72 horas para especificar cómo, dónde y a quiénes se la iban a dar. Pero además, Casanello le exigió al Ministerio informar al juzgado qué tipo de alimentos tenía en los dos galpones a su cargo, en qué cantidades y cuándo vencían. Esa información llegó a manos del juzgado el miércoles a través de un documento de Excel. Y como Grabois es querellante y tiene acceso al expediente, encontró que de los 924.970 kilos de leche en polvo guardados, hay 339.687 con fecha de vencimiento entre el 7 y el 30 de julio. Además, hay 4.439 kilos de harina de maíz que vencen el 25 de julio. Esos son los “alimentos de próximo vencimiento”. Ahora, Capital Humano los entregará a través del Ejército.  

Una vez que ya no pudo frenar el escándalo — por estos días reclamaron por el tema desde el presidente del Episcopado Argentino, Monseñor Ojea, hasta Mirtha Legrand—, el Gobierno decidió marcar al ahora ex secretario Pablo de la Torre como el principal responsable. Además de echarlo, difundió a través de sus vocerías periféricas —un grupo de reducidos periodistas con el privilegio de ser los únicos a los que Milei les da entrevistas— que a De la Torre lo despidieron por “corrupto e inutil”. Por su cuenta, Petovello hizo dos denuncias, una administrativa ante la Oficina Anticorrupción y otra penal para que se investiguen unas 100 contrataciones de asesores a través de la Organización de Estados Iberoamericanos. La hipótesis: no iban a trabajar y la plata de esas contrataciones se la quedaba alguien más. 

Cuatro días atrás, Pablo De la Torre había publicado en su cuenta de X: “Grabois, lo que te molesta es que le demos la plata directamente a la gente. Estamos liberando a los pobres de tus manos codiciosas”. 

Hay que dejar de postear al menos por dos años.

De los 924.970 kilos de leche en polvo guardados, hay 339.687 que se vencen entre el 7 y el 30 de julio. Además, hay 4.439 kilos de harina de maíz que vencen el 25 de julio.

El ex secretario se enteró por los medios de las denuncias en su contra e intentó hablar con la ministra, pero no le atendió más el teléfono. Cerca de De la Torre niegan las acusaciones. Afirman que Petovello estaba al tanto hacía meses de la existencia de alimentos en los galpones y también conocía sus vencimientos. “Decidió sentarse arriba de la comida”, afirman quienes hasta ayer trabajaban con el ex secretario. “Lo usan a Pablo de fusible. Es un modus operandi. Nunca se hacen cargo de nada”. Hay un dato cierto en la defensa que hace este colaborador de De la Torre. En seis meses, 15 funcionarios de rango medio o alto del Ministerio de Capital Humano fueron despedidos o directamente renunciaron.

La contratación de la Organización de Estados Iberoamericanos es otra irregularidad que ahora el Gobierno deberá explicar. Además de la contratación de asesores que ahora está bajo la lupa de la justicia, el Ministerio de Capital Humano tercerizó en la OEI las licitaciones para comprar los alimentos despachados en los dos galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo. En total, esa organización recibió $6.772.500.000 para comprar 4.543.485 kilos de aceite y lentejas. La OEI se quedó con una comisión del 5%, un total de $338 millones. 

Con la tuuuuya, contribuyente.

El procedimiento habitual para adquirir alimentos es a través de la plataforma ComprAR. Allí se pueden hacer licitaciones públicas y transparentes con empresas previamente inscriptas en un registro de proveedores de la Administración Pública Nacional, el SIPRO. Pero por motivos no explicados (Anfibia consultó en el ministerio de Capital Humano pero aún no obtuvo respuesta), el Gobierno decidió tercerizar la compra de alimentos, dejando ociosa a una estructura que el Estado ya tiene para eso (Dirección de Compras, Departamento de Contaduría, Tesorería) e imposibilitando a los organismos responsables de auditar compras, como la SIGEN, puedan actuar: no tienen jurisdicción sobre un organismo internacional como la OEI. Además, hay otro punto opaco: la OEI no se encarga de comprar alimentos, no tiene la experiencia ni el conocimiento en esta área.

El Ministerio de Capital Humano tercerizó en la Organización de Estados Iberoamericanos las licitaciones para comprar estos alimentos. La OEI recibió $6.772.500.000 para comprar 4.543.485 kilos de aceite y lentejas; se quedó con una comisión del 5%, un total de $338 millones. 

El Gobierno decidió entregar los alimentos (al menos, los que están próximos a vencerse), pero queda el interrogante de cómo seguirá la denuncia judicial. Al momento, el Ministerio de Capital Humano no presentó el plan exigido por el juez Casanello para conocer cómo, dónde y a quiénes les iban a entregar los alimentos. Es decir, el Gobierno está incumpliendo un fallo judicial. Por otro lado, la ministra Pettovello apeló ante la Cámara Federal la medida cautelar del juez por considerar que este incurrió en un “avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia”. El Gobierno no se guarda la grandilocuencia. La Cámara, por su parte, fijó una audiencia para el próximo miércoles 5 de junio. ¿Seguirá el Gobierno adelante con esta apelación luego de reconocer que debió haber entregado alimentos y de echar a un secretario? Probablemente. El tema está en la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal que ya revocó la cautelar a Casanello con el protocolo antiquipetes y lo dejó vigente en aquel momento. Es probable que ahora ocurra lo mismo, e incluso intenten apartar al juez. 

No será Pettovello quien dé esta respuesta. Al menos no públicamente. La ministra comparte con el ahora caído en desgracia Nicolás Posse una característica un tanto incompatible con el ejercicio de la función pública: no habla. Desde que asumió, sólo dio una entrevista a Luis Majul, con quien había trabajado como productora antes de ocupar el ministerio más grande de la actual gestión. Sin un sólo antecedente en la gestión pública, Petovello tiene bajo su órbita lo que antes eran 4 ministerios y ahora son secretarías: Niñez, Adolescencia y Familia; Educación; Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Cultura. Y hay una quinta, aunque no oficial, la Secretaría de Contención Emocional. Petovello es íntima amiga del Presidente y junto con Karina, una de las pocas personas que logra contener a Milei cuando se enoja. Tal vez por este vínculo, en medio del escándalo, el jueves Milei publicó en su cuenta de X: “La mejor ministra en el área social sin lugar a dudas desde el regreso de la democracia”. 

Quien también quedó en offside luego del despido de De la Torre es Leila Gianni, subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano. Es abogada, formó parte de las gestiones del Frente de Todos y de la de Juntos por el Cambio y trabaja en el Estado desde 2008. En las últimas elecciones hizo campaña por Sergio Massa. En octubre del año pasado subió a sus redes: “No hay imposibles para Dios. Con la Virgen de Luján a tu lado, futuro Presidente. Fuerza compañero Sergio Massa”. Que no hay imposibles es cierto. El jueves, en un streaming libertario, posó con la gorra de “Las Fuerzas del Cielo” y dijo que banca a Milei porque “la vio”.

La ministra comparte con el ahora caído en desgracia Nicolás Posse una característica un tanto incompatible con el ejercicio de la función pública: no habla. Desde que asumió, sólo dio una entrevista a Luis Majul.

La Subsecretaria Legal fue la encargada de defender con periodistas afines al Gobierno la estrategia del Ministerio de Capital Humano. En TN dijo: “Es una opereta ridícula orquestada con Juan Grabois a la cabeza que nos pedía que entreguemos los alimentos de los galpones”. Ahora el propio Gobierno decidió entregar los alimentos, pero Gianni seguro le encontrará la vuelta para justificar este viraje. De piruetas sabe. En esa entrevista también dijo: “Estamos haciendo una revolución en materia de transparencia y no es casual que a Petovello la estén operando desde diferentes espacios políticos y medios de comunicación”. A la luz de los hechos, parece que a la ministra la estaban operando con la verdad.

Por Diego Iglesias y Arte María Elizagaray Estrada / Revista Anfibia

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