¿Vivimos los argentinos y argentinas en un régimen democrático? Es una pregunta que estremece. ¿Cuál es su fundamento? Entre quienes la formulan se encuentran, de modo predominante, aquellos que valoran la democracia y, al mismo tiempo actúan sobre la base de la necesidad de profundizarla y llenar los huecos que provocan aquellos rasgos de nuestra sociedad y del estado bajo la forma de la desigualdad, la limitación de nuestra soberanía, la subsistencia de prácticas estatales que la comprometen o directamente la niegan, entre muchas otras sombras que siguen proyectándose sobre ella cuarenta años después de su recuperación tras la pesadilla del terrorismo de estado.

En estos días la pregunta por la democracia se sostiene de modo central en el carácter visiblemente antidemocrático de la conducta del actual elenco gobernante. No podría llamarse democrático a un estado de cosas en las que rige la prepotencia del gobierno, los ataques a la oposición, el avance sobre el régimen federal y la presión sobre el Congreso a favor del aceleramiento de un plan de gobierno que vulnera sistemáticamente derechos que tienen estatuto constitucional. Ciertamente no es democrático el modo en que se conduce el gobierno de Milei; si esa fuera la cuestión la pregunta podría considerarse contestada en forma negativa. Pero la cuestión no se limita al plano descriptivo ni al comportamiento de un gobierno: invade el territorio de la lucha política, sus medios, sus formas, sus objetivos, sus sostenes tácticos y estratégicos.

El gobierno fue electo en comicios libres y limpios; no es un detalle menor. Funciona el Congreso de modo más intenso que en muchos momentos de estos últimos cuarenta años. No hay proscripciones, aunque hay cuestiones como la persecución claramente ilegal contra Milagro Sala (que empezó en el gobierno de Macri y se mantuvo durante todo el gobierno de Fernández). Hay una clara política represiva contra la protesta popular, con algunos preocupantes signos de violencia. Y sobre todo hay una sistemática agresión verbal que apunta directamente al interior de las fuerzas populares. Aún en esas condiciones, la democracia sigue dando muestras de sus poderosas reservas; las que se evidencian en la intensa movilización popular contra distintos tipos y modalidades de abusos estatales contra derechos individuales, sociales, sindicales y, en general, dirigidos a sostener una política económico-social claramente orientada a un empeoramiento de las condiciones de vida, particularmente los de los sectores sociales más vulnerables de la población.

La cuestión es política y no se resuelve en el plano legal ni en la especulación teórica sobre cuáles son los límites para que una situación merezca o no llamarse antidemocrática. Lo central es cómo incide tal o cual caracterización a la hora de discutir las cuestiones que se relacionan con la lucha por superar esta etapa oscura que estamos viviendo y asegurar el éxito de la lucha por la plena vigencia de todos los planos de la legalidad y su utilización para la plena recuperación de la soberanía y de los derechos individuales y sociales. En estos días da la sensación de que la iniciativa del gobierno está en un profundo cono de sombras: la discusión de la llamada “ley bases” está mostrando la existencia de una demanda popular fortalecida, de una propensión de sectores que se inclinan a acompañar la iniciativa del gobierno a no retroceder hasta el punto de favorecer algunas iniciativas como el llamado RIGI que abriría paso a un proceso de privatización y de afirmación de sectores monopólicos en el terreno de la propiedad de los medios de producción.

Este aspecto no es importante solamente para lo que está hoy en discusión en el Senado sino para toda la realidad política, porque de lo que se trata es de que el gobierno ha tomado una posición de intensa disposición a fortalecer a los grupos del poder económico concentrado contra cualquier límite que pudieran encontrar en las instituciones soberanas de la democracia. Esta saga está en un momento dramático de decisiones muy cercanas. Sería un error conceptual muy serio para la política democrática y popular ignorar este estado de cosas en lugar de agudizarlo todo lo posible. Porque si de democracia estamos hablando, no hay modo de defenderla y profundizarla sino sobre la base de las luchas. Y no de las luchas por sí mismas sino de los avances que éstas puedan acercar. La respuesta de Milei sobre la suerte del “pacto de mayo” en el sentido de que sería igual que fuese en mayo, en junio o cualquier otro mes, no pueden interpretarse sino en términos de una intensa zozobra en el interior del gobierno acerca de un curso de los acontecimientos claramente diferente a aquel con el que contaba hasta hace muy poco tiempo.

El resultado de la práctica de gobierno de estos meses (de la prepotencia, de la torpeza, pero sobre todo de un grosero error de cálculo respecto de la conducta del sistema político) ha sido un aceleramiento de los tiempos políticos. No hay en el futuro próximo la expectativa de una parálisis prolongada de las luchas populares. Por el contrario, todo indica que vamos a una etapa conflictiva y de mucha acción. De manera que podemos decir que en la Argentina estamos defendiendo la democracia que tanto nos costó recuperar. Claro que tenemos una gestión de gobierno claramente antidemocrática. Que si de ellos dependiera no habría actividad del Congreso ni debate programático alrededor de lo que a esta altura no puede calificarse sino como una decisión de estado del grupo que ganó la elección de dar marcha atrás (muy atrás) respecto de la Argentina que fundó el peronismo original y defendieron los trabajadores y el pueblo durante décadas que incluyeron mucho tiempo de negación real y brutal de la democracia y los derechos humanos.

Por supuesto que esta etapa es de lucha en defensa de la democracia. Pero es muy dudoso desde este punto de vista que la definición de la Argentina actual como un país no democrático pueda contribuir en algo a esta pelea. Existe la democracia hoy en la Argentina. Funciona el Congreso. Funcionan los sindicatos y las organizaciones sociales. El estado de derecho se defiende en la calle como lo está mostrando la movilización popular. Negar la existencia de la democracia en la Argentina en un momento así no sería otra cosa que alentar el rumbo -tan deseado por Milei y su pandilla- del silenciamiento de las demandas populares, de los obstáculos a la recuperación del campo de representación popular con un rol central del peronismo. Un peronismo capaz de reactualizar su historia gracias a la recuperación de sus banderas después de la oscuridad neoliberal, tan festejada hoy por los “libertarios” en los tiempos de Menem.

Por Edgardo Mocca / El Destape