Vale la pena tomar distancia de las propias percepciones, y las de los sectores sociales más agredidos por el salvajismo gubernamental, para construir un panorama lo más abarcativo posible sobre lo que está ocurriendo en nuestro país.

Para eso, nada mejor que tomar las declaraciones efectuados recientemente por Domingo Cavallo, ídolo del actual Presidente, hombre que adhiere al rumbo y filosofía económica del oficialismo, además de haber sido, como canciller, quien sentó las bases conceptuales en los primeros años '90 –en otro momento muy diferente del mundo– de la teoría del seguidismo diplomático rastrero a los Estados Unidos, como forma de acercarse al mundo del capital y conseguir mediante gestos obscenos las eventuales inversiones salvadoras, que nunca llegaron.

En estos días, Cavallo consideró que “probable que la caída de los salarios reales en el sector privado y las jubilaciones en el sector público hayan tocado ya su piso y de aquí en más tendrán que aumentar, mensualmente, a un ritmo no inferior a la tasa mensual de inflación del mes anterior”. Es decir, el hombre de la convertibilidad piensa que la etapa redistributiva bestial contra las mayorías está agotada y que los niveles de ingreso de la población ya estarían en un piso del cual no deberían seguir bajando.

Sin embargo, no es lo que ocurrirá. Los nuevos tarifazos, las quiebras en el sector privado, el salto del desempleo, continuarán llevando la economía en los próximos meses a niveles intolerablemente bajos de ingresos para la mayoría de la población. En economía es tan importante la tendencia de los cambios como las proporciones. El estilo mileísta, constitutivamente desproporcionado y carente de un cálculo preciso sobre los efectos combinados de las medidas, lleva a un escenario crecientemente invivible para grandes franjas poblacionales.

No son Abel Furlán, ni Pablo Moyano, ni Hugo Yasky quienes señalan una situación salarial inaceptable, sino que es el viejo creador de tormentas antipopulares quien advierte sobre los límites de lo tolerable, desde su propia perspectiva macroeconómica. Pero el gobierno pasará de largo.

¡Con la clase media no!

La interminable escalada ascendente de las cuotas de las empresas prepagas de salud, lanzada desde diciembre pasado, ha tenido la extraña consecuencia de que despertó a la clase media acomodada de su sopor individualista y de su discreta simpatía mileísta. El golpe al status social fue sentido por mucha gente con influencia sobre el sistema político, comunicacional y privilegiadamente formadora de “opinión pública”.

A tal punto el malestar de ese sector se hizo evidente, que hasta el infatigable repetidor de slogans neoliberales y ministro de Economía, Luis Caputo, debió mostrarse indignado por el incremento insostenible de las empresas de salud, rompiendo con uno de los principales mandamientos mileístas: “La empresa siempre tiene la razón”.

A diferencia de otros numerosos casos en los que decisiones gubernamentales han dañado a diferentes sectores en estos larguísimos cuatro meses, y que fueron avalados y justificados a rajatabla por la “teoría” pro-corporativa de la actual administración, el tema de las prepagas produjo un quiebre en la argumentación oficial. Por primera vez en la historia del mundo, del mercado emanaba el “mal” y no el “bien”, como nos habían dicho que ocurría.

En estos mismos días, Elisa Carrió, un verdadero ícono político de la clase media rubia, declaró: “Estamos frente al mayor ataque a la clase media de la historia”. No sabemos si es el mayor, o si la líder de la Coalición Cívica se está apuntando en la ancha avenida de la centro derecha, pero no cabe duda de que la operación de demolición de la economía nacional que encaró este gobierno está afectando a buena parte de los sectores sociales, incluida esa fracción de la clase media más o menos acomodada que se considera intocable y que es tradicionalmente refractaria a considerar la situación y el destino de los sectores subalternos de la sociedad.

En ese sentido, las novedosas reacciones políticas en el caso prepagas recuerdan mucho a la dinámica de las percepciones sociales en los meses finales de la convertibilidad.

Mientras millones de compatriotas, durante los largos años de la década del ‘90, fueron dañados por despidos, suspensiones, desempleo, hambre, marginación, pobreza y represión –sin que su desesperante situación mereciera ningún tipo de solidaridad por parte de los disfrutantes de la convertibilidad–, el derrumbe de la economía que se precipitó en 2001, debido al corte del crédito internacional a nuestro país y la consiguiente contracción económica, llevó a un creciente estado de indignación por parte de los indiferentes de siempre.

La mayoría de la población ya estaba en la lona hacía rato, cuando esa fracción de clase media alta se sintió afectada por la recesión pavorosa, la desmonetización de la economía, la prohibición de retiro masivo de fondos de los bancos y la imposibilidad de seguir comprando dólares y consumiéndolos en el exterior con libertad.

Sin sostener, en absoluto, que es una situación de valor político similar a la que marcó la debacle de la segunda gestión de Cavallo, no cabe duda de que gracias a la calculada desmesura de las oligopolizadas empresas de salud –se están sacando de encima clientes que les generan demasiados gastos–, se tocó una fibra en la opinión que tiene visibilidad social, elemento que aporta a alterar la robótica marcha hacia el ajuste del gobierno mileísta.

Caminos de insensatez

El dogmatismo destructivo del gobierno no ha encontrado aún límites. En numerosas áreas de enorme relevancia del Estado se han producido despidos que demuestran que los funcionarios de la actual gestión no tienen la menor idea de la importancia cualitativa de una serie de expertos estatales, claves para que actividades no sólo útiles, sino también rentables, sigan funcionando.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional hasta la Comisión Nacional de Energía Atómica, pasando por áreas ocupadas de la salud pública, de la creación cultural y de apoyo a diversos sectores diversificados de la producción, oficinas de la administración pública han sido asoladas por la barbarie expulsora de la actual gestión.

Las cesantías, que no aportan nada significativo en materia de ahorro público, son encaradas como venganza social y como consuelo simbólico a las fracciones más resentidas de los votantes oficialistas, más que como estrategia –siquiera grosera– de mejoramiento de la eficiencia gubernamental.

La destrucción del Programa Pro Huerta, creado en la época de Menem, que ofreció resultados notables en materia de producción de alimentos para una población que pasó por momentos de hambruna, es un ejemplo más de una larga lista de insensateces o imbecilidades oficiales. En su mejor momento, el programa logró que con un costo equivalente a 3 dólares se lograran hasta 220 kilos de alimentos por parte de productores populares, con el enorme beneficio de ese logro para toda la sociedad. El programa sirvió también para que la Argentina estuviera en condiciones de asesorar y ayudar a otros países en dificultades con su propia producción alimenticia, como ocurrió en Haití en los años 2000.

No es un tema de capitalismo, ni de socialismo, ni de populismo o republicanismo. Es un tema de civilización. No hay posibilidad de que en países con sectores medios medianamente lúcidos puedan perpetrarse las brutalidades recortadoras que realiza el actual gobierno en la Argentina. Es impensable que en Francia o en Estados Unidos se expulse de la administración pública a agentes con conocimientos relevantes para el funcionamiento y bienestar del país. Al contrario: se los considera como uno de los patrimonios nacionales estratégicos a defender. Sólo en una colonia en proceso de subdesarrollo se puede esperar un comportamiento de esta índole.

No le vamos a exigir a nuestrxs ciudadanxs de a pie, bombardeados por toneladas de desinformación y estupidez mediática, y abrumados ahora por urgencias cotidianas tremendas, que estén atentos a cuestiones estratégicas de la organización nacional.

Pero sí esperaríamos una dosis de lucidez de sectores ilustrados de la elite política, económica y cultural, que cuentan con referencias claras sobre cómo funcionan los países que funcionan. Su no intervención en este desmadre de la furia ajustadora habla de una elite que prefiere estar mirando para otro lado a la espera de negocios particulares, mientras se destruyen las estructuras más complejas del país en el que habitan.

Irresponsabilidad empresarial militante

La relación entre las clases dominantes locales y los planes económicos de los gobiernos que esas mismas clases promueven y apoyan es una de las cuestiones más interesantes y complejas de la Argentina post-dictatorial. Si no fuera porque nos toca padecer las consecuencias, las podríamos considerar como un estimulante y original objeto de estudio.

Nuevamente recurrimos a las advertencias amistosas de Cavallo en relación al curso económico actual. Señaló el ex ministro esta semana: “Si el ritmo del crawling peg activo no se ajustara a un ritmo más cercano a la tasa de inflación, los costos de producción en dólares tenderán a aumentar hacia niveles que desalentarían las actividades de exportación y las sustitutivas de importaciones, poniendo en peligro el superávit comercial luego de que se agoten las divisas generadas por la cosecha gruesa y los stocks de insumos importados”.

Lo que está advirtiendo el ex súper ministro es que la inflación interna, provocada por el comportamiento desbocado de todos los formadores de precios y alentada abiertamente por el propio gobierno en sus primeros tramos, amenaza con comerse no sólo la rentabilidad del sector agro-exportador sino el superávit comercial futuro, es decir la única fuente de dólares reales que tiene el país.

Cavallo ve que si no se empieza ahora a subir más rápido el tipo de cambio oficial, la dinámica inflacionaria privada sumada a la inercia remarcatoria general, potenciadas por los desmesurados tarifazos oficiales, determinarán en conjunto un tipo de cambio real bajo –como, por ejemplo, el que él tuvo durante la convertibilidad–, lo que efectivamente dañaría la exportación de bienes manufacturados e incluso golpearía por desfasaje competitivo a las producciones industriales destinada al mercado interno.

Lo que ocurrió en los ‘90, con un tipo de cambio irreal, artificialmente barato y dañino para la Argentina productiva, está por pasar nuevamente ahora, a menos que se acelere el ritmo de devaluación y no se deje continuar con el atraso cambiario en relación a la inflación. La alternativa sería que frenen ya los precios abruptamente, cosa que no está ocurriendo. Con el 11% de inflación de marzo, ¡lograron bajarla al punto más intolerable de la inflación de Massa!. Pero ahora se espera un rebote ascendente, lo que consolida el panorama que propone evitar Cavallo.

Sin embargo, el mentor de Milei parece ignorar un elemento de sociología económica básica: los formadores aumentan todo el tiempo los precios, con los más diversas argumentos (salarios, tarifas, dólar, precios internacionales, expectativas, rumores), y más aún cuando son alentados desde el propio Poder Ejecutivo de la Nación.

Los sectores monopólicos, concentrados, proveedores de bienes y servicios de los cuales la población no puede prescindir, hacen lo que quieren con los bolsillos de consumidores y usuarios, a menos que desde afuera de su propio mundo un poder político externo fuerte los obligue a algún grado de disciplinamiento y de convivencia civilizada con el resto del tejido económico.

Y también se olvida del comportamiento sistemático del agronegocio, que corta cuando quiere el grifo de liquidación de exportaciones y ventas de divisas, porque puede hacerlo cada vez que percibe que el dólar que recibe no es de su agrado. Maneja una parte importante de la oferta, y de ahí su poder económico y social. No perdonó a ningún gobierno, porque la falta de dólares es estructural –es el gran tema a resolver–. La falta de diversificación exportadora no se ha superado aún.

Todo en este gobierno, antes incluso de asumir, ha sido una incitación al empleo del poder monopólico para apropiarse de renta del resto de los sectores sociales.

La loa pro-monopólica que profirió Milei ante el mundo empresarial en Davos no fue un chiste, ni la mera estudiantina de un desubicado. Estamos en una Argentina donde el Ejecutivo de la Nación avala y apoya doctrinariamente la transferencia compulsiva de ingresos de otros sectores –vía precios– hacia todas las empresas que cuenten con posiciones dominantes en algún mercado. Milei, junto con Rothbard y con todos los monopolios del mundo, cree que eso está bien, y que así es el verdadero capitalismo –no el que está contaminado por el “socialismo”.

Volviendo a la fraterna preocupación de Cavallo, parece que se acerca el momento crucial, en el que debería derrumbarse la inflación, o de lo contrario forzar la convergencia de la tasa oficial de devaluación con el galope de los precios. Pero en tanto persista la remarcación frenética –en la primera semana de abril se registró 6,3% de aumento de precios en CABA– se generarán perturbaciones que van más allá aún de lo que los reaccionarios sociales como Cavallo pueden considerar “sensato”.

No será la primera vez que el comportamiento rapaz de fracciones empresariales destroza o desestabiliza programas económicos pro-patronales. Así ocurrió con el Plan Bunge y Born, en los primeros meses de Menem, y también en los ‘90, cuando la convertibilidad nació condenada al desequilibrio por los extravagantes aumentos de precios que se registraron en el período previo a su lanzamiento, que nunca pudieron ser subsanados.

Una vez que los gobiernos de derecha hacen el juramento de lealtad empresarial, basado en la estupidez de que el gallinero económico-social será gobernado sabiamente por la cúpula patronal, quedan atrapados en una maraña de inhibiciones ideológicas y políticas que les impiden ordenar el conjunto de las variables en función de un proyecto económico sostenible.

De paso, digamos, esa advertencia corre aún más para los gobiernos que se pretendan populares. El pasado gobierno del Frente de Todos es un ejemplo del costo político terrible de asumir ese tipo de restricciones conceptuales. 

Dólar a 1.000 por un rato

Mantener el dólar a 1.000 pesos es hoy un instrumento para estabilizar los precios. Las condiciones para planchar el dólar a 1.000 pesos son que se igualen oferta y demanda en forma estable en torno a esa cifra. Hoy la demanda está hundida por el derrumbe de los ingresos de la mayoría de la población y el hundimiento del mercado interno, que explica la menor salida de divisas por importaciones de bienes de consumo y de insumos productivos.

A su vez, la oferta está incrementada por la venta de ahorros de actores internos que están cubriendo su falta de ingresos o de ventas. A esa oferta se agrega otra actividad característica de los experimentos económicos neoliberales: la oferta transitoria de dólares por parte de agentes económicos más grandes para concretar el carry trade, esa forma de ganar plata fácil, colocando fondos en inversiones financieras en pesos a una tasa que le gane a la devaluación preanunciada por el gobierno. Pero el carry trade se completa con la vuelta de esos fondos al dólar, luego de haber multiplicado las ganancias en el mercado de pesos… ¿Cuándo decidirán volver al dólar?

Es decir que la forma de lograr esta estabilidad transitoria del dólar, para crear a su vez expectativas de triunfo anti-inflacionario, se basa en hechos económicos sumamente negativos: la híper-recesión y la timba financiera cortoplacista.

Si en vez de experimentos bizarros volviéramos a la economía de la producción y el trabajo, y buscáramos la reactivación económica y la eliminación de los canales para ganar plata fácil, las presiones cambiarias volverían, porque la solución de fondo es otra: generar más dólares vía exportaciones diversificadas, o sustituir inteligentemente importaciones de bienes o servicios que podemos hacer aquí.

La precariedad de todo el esquema mileísta supera las advertencias de los amigos de la actual gestión.

Eventos internos o internacionales pueden hacer desbarrancar por completo la marcha alucinada de la actual gestión. El caldo social puesto a fuego fuerte por la actual gestión tiene sus tiempos para encontrar el punto de ebullición, pero nadie en la actual gestión piensa en bajar la intensidad del ajuste.

La situación internacional, con la actual tensión Israel-Irán, es sumamente preocupante y peligrosa. Una escalada militar allí puede llevar a una disrupción de precios internacionales, especialmente de la energía, lo que volvería insoportable e inviable la actual política energética y de libre mercado del gobierno pro-corporativo.

Resaltaría aún más su incapacidad para manejar la economía compleja de un país con 47 millones de habitantes.

Por Ricardo Aronskind / El Cohete