El lunes por la mañana, el oficialismo en la Cámara de Diputados difundió a la prensa un borrador con las modificaciones que podría incluir el proyecto de ley ómnibus, después de que diputados oficialistas se reunieran con una oposición a la que se refieren en la política nacional como "dialoguista". Allí, incluyeron la propuesta de restringir la actividad política de los trabajadores estatales y funcionarios públicos.

En el borrador, el documento explica: "Se incluyó a 'los empleados públicos' en las limitaciones a la actividad política. Se determinó un mecanismo sancionatorio ante el incumplimiento de tales prohibiciones". Luego, señala la incorporación que busca hacerse a la ley 25.188. 

El artículo que buscan sumar a esa ley sería el 42 bis, que dice antes de explicar sus distintos puntos: "Los empleados y funcionarios públicos no podrán realizar personalmente ni consentir la realización de las siguientes actividades". Y ahí empieza, con el punto A: "Utilizar el cargo, los recursos o las relaciones institucionales inherentes al mismo con fines de: (i) promoción personal o político partidario; o (ii) para incidir sobre el resultado de una elección". 

Otra de las actividades que el oficialismo busca prohibir para funcionarios o empleados públicos es la conducción o participación en "actividades oficiales ajenas a sus competencias con fines manifiestamente partidarios o de promoción persona". "Utilizar las redes sociales y canales de comunicación oficiales para promoción personal, de una candidatura o la realización de actividades político-partidarias", es otro de los puntos. 

Y sigue: "Utilizar instalaciones o recursos públicos para la realización de actividades político-partidarias". Además, pide que los estatales y funcionarios no permitan "la colocación o utilización de símbolos partidarios o electorales en edificios, vehículos y muebles públicos". Entre las prohibiciones, agrega: "Participar activamente o intervenir en el diseño e implementación de campañas políticas o actos de política partidaria: (i) durante su horario laboral; (ii) con el uniforme, vehículo u otra insignia que permita identificar su posición oficial; o (iii) en inmuebles pertenecientes al Estado Nacional". 

En el final del artículo, el oficialismo advirtió: "La realización de las conductas precedentemente indicadas, se considerarán contrarias a la integridad pública y tendrán las mismas consecuencias que las previstas para los actos contemplados en el artículo 24, inciso e) de la Ley N° 25.164, sin perjuicio de lo que pudiera corresponder en materia penal”. 

En otro artículo, se piden mayores penas para funcionarios públicos que empleen "intimidación o fuerza" contra otro funcionario público. En ese caso, sería de 4 a 6 años, con la "inhabilitación especial por el doble de tiempo del de la condena". También regiría la pena de 4 a 6 años si el hecho se hiciera "a mano armada", si se cometiera por "una reunión de más de tres personas" o si "el autor pusiere manos en la autoridad". 

La respuesta de ATE

En una reunión con diputados de Unión por la Patria (UP), el secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) nacional, Rodolfo Aguiar, rechazó el borrador de modificaciones de la ley. "Es sorprendente la manera de negociar que tienen los denominados diputados dialoguistas. Resulta que en el nuevo borrador la situación de los empleados públicos empeora. Hasta quieren prohibirle a los trabajadores participar en política. Se sigue obturando la democracia", dijo Aguiar. 

"Desde ATE hemos manifestado nuestro apoyo al proyecto de ley impulsado por los legisladores de extracción sindical. Tenemos que impedir que se privaticen las empresas estatales porque no es verdad que sean deficitarias. Además tienen un rol estratégico y soberano", agregó Aguiar.

El Destape