Recientemente se hizo público un gran logro de la ciencia argentina: un medio de comunicación de gran llegada tituló: «Cáncer de piel: la vacuna argentina para el melanoma podría estar disponible a partir de marzo». Es la primera en el mundo de este tipo, según señaló uno de los científicos que lideró su desarrollo, un investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), organismo que participó en la investigación. El contraste con la propuesta del Gobierno, tanto en su mega DNU como en el proyecto de la llamada «Ley ómnibus» no podría ser más claro.
El Conicet, como tantas otras instituciones oficiales, está bajo amenaza por el recorte presupuestario y por las iniciativas de desmantelamiento del Estado que impulsa el Poder Ejecutivo, y que no se está debatiendo con la profundidad y el tiempo que el funcionamiento de la democracia demanda.
Sobre el proyecto de «Ley ómnibus», muchas de las negociaciones del contenido de un posible acuerdo que estaría dándose entre el oficialismo y sectores de la oposición, suceden a espaldas de la fuerza política con mayor cantidad de bancas en la Cámara de Diputados, Unión por la Patria (UxP). Asimismo, según trascendió, el paquete de modificaciones que habría aceptado el Ejecutivo (sería un centenar de artículos), si bien cumple al menos con algunos requisitos de sectores específicos o regionales, que no subestimamos, no modifica el espíritu del proyecto.

Resulta evidente que pretenden que no se discuta y que todo sea rápido para evitar que se sigan sumando quejas y que se generalice el rechazo al programa. La sociedad no debe perder de vista el contexto: se apunta esencialmente a sacar al Estado del medio, a quitar de un plumazo derechos de las mayorías que son conquistas históricas, y a que ganen las grandes corporaciones.

Con la Constitución en la mano

En este contexto, más de 1.500 referentes de la cultura, la ciencia, la política, los organismos de derechos humanos y el sindicalismo rechazamos la Ley ómnibus y el DNU bajo el lema «En defensa del Estado social de derecho. En defensa de cada uno y cada una. En defensa de todos y todas decimos ¡fuera de la Constitución, nada! ¡Ni decreto ni megaley!».
El documento difundido sostiene que el Decreto 70/23 «es ilegal e ilegítimo, atenta contra los trabajadores del sector privado, los trabajadores del sector público, los consumidores y usuarios, los inquilinos, los deportistas, los industriales, los comerciantes, trabajadores y trabajadoras de la cultura, además de poner en grave riesgo la soberanía nacional y el cuidado del ambiente». Sobre la Ley ómnibus previene que «la aprobación de este proyecto sería la culminación de un desguace del Estado social de derecho que, bajo la excusa de su mal funcionamiento actual, se pretende destruir en vez de reparar».

Por Carlos Heller / Acción