Industria en necesidad y urgencia

Actualidad 06 de enero de 2024
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El experimento libertario no sorprende, en sus primeros pasos, por intentar tocar una nueva canción liberal, aunque sí por la velocidad con la que propone una playlist ya conocida sin gradualismos ni demoras. A ritmo de shock. Si bien para algunos sectores será música y para otros “ruidos molestos”, los primeros atisbos del plan económico sugieren desafíos no menores para la industria nacional, eterna hija de padres separados en el péndulo que oscila entre, de un lado, los anacronismos del “vivir con lo nuestro” infante y, del otro, el “deme dos” aperturista parado en ventajas comparativas relativas que excluyen a la mayoría, pasando por algunos intentos de política industrial integral que terminaron ahogados en un mar de grietas.

A la fecha, el modelo económico de Javier Milei muestra cuatro ejes. En primer lugar, un ajuste fiscal fuerte, de 5,1 puntos del PBI, que busca reducir a cero el déficit fiscal y financiero en un año, en base a una suba de impuestos y una baja sensible del gasto público. En segundo término, la corrección de algunos precios relativos, empezando por el tipo de cambio, que se ajustó un 118% en la primera semana de gobierno, seguido de las tarifas a partir de enero y la suelta de múltiples precios, algunos reprimidos, otros no tanto, que ya empezaron a horadar la nueva competitividad cambiaria, inaugurando así la temporada de verano de la tradición argentina de apreciación crónica del tipo de cambio real para ciclos cortos con una economía que se achica. En tercer orden, una política monetaria con eje en el desarme de los pases pasivos del BCRA y una temeraria baja de la tasa de interés. El objetivo parece ser levantar el cepo cambiario y quizás unificar el tipo de cambio para luego poder usarlo de ancla o iniciar el camino a una dolarización (o tal vez no, pero es una historia en desarrollo). Estos cuatro puntos se completan con la anunciada desregulación de la economía a través del megadecreto y de una serie de leyes que, según se anunció, serán enviadas al Congreso. 

La necesidad de estabilizar la economía es aceptada de manera casi unánime entre economistas de todo el espectro ideológico. La corrección de precios, el ordenamiento del frente fiscal y financiero y la calibración de “anclas” distintas que permitan empezar a desindexar, de modo tal que “hoy se parezca más a mañana”, es una necesidad impostergable en una economía que viene navegando al ritmo de una inflación del 150%, con 40% de pobreza, 50% de informalidad y un salario real que ha perdido más de 20 puntos en promedio desde 2018 (más de 40 en los trabajadores informales).

Aunque todos los procesos de estabilización incluyen una aceleración de la inflación en su primera etapa de corrección de precios y ordenamiento fiscal, distintas experiencias exitosas han mostrado agilidad para compensar velozmente los efectos del ajuste, de manera tal de hacer sostenibles las correcciones (1). Toda estabilización conlleva costos; decir lo contrario sería faltar a la verdad. Pero esos costos deben ser repartidos y calibrados. Ajustar no es necesariamente estabilizar. Devaluar no es necesariamente estabilizar.

Con los elementos disponibles hasta el momento, podemos trazar algunos escenarios y apreciar los principales impactos del ajuste y los proyectos de desregulación en la industria manufacturera. Como se sabe, Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos con una industria relativamente potente y diversificada (2), lo que a su vez tiene profundas implicancias sociales y políticas. El plan económico libertario apunta a la industria como uno de sus objetivos principales de reforma: analizar sus efectos en la industria es un camino para entender el país que Milei busca construir.

El ajuste sí derrama

Como señalamos, un elemento común en los planes de estabilización es la utilización de un precio como ancla. Es decir, un precio que no se ajusta a la velocidad de los otros precios, lo que permite ir compensando efectos y calibrando el objetivo final. Esta ancla puede no ser única, ni permanente. Por lo anunciado hasta el momento, los ingresos serán el ancla que buscará garantizar la estabilización. Sin asomar otras opciones, lo cual es una decisión política en sí misma. 

El gobierno apuesta a que la corrección de precios relativos, su impacto inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos le pongan un tope a la suba de precios. Los bienes y servicios subirán tanto en los meses de diciembre, enero y febrero que la gente simplemente no podrá pagarlos y, por ende, el precio después dejará de subir. En el marco de una economía que no crece desde 2011 y que agravó sus problemas distributivos durante la última década, esta política profundiza la erosión de ingresos que, a su vez, explica un resultado electoral que reflejó el profundo hastío social hacia las fuerzas políticas tradicionales.

Además del impacto directo de la inflación en el corto plazo, los ingresos encontrarán un freno nominal por el enfriamiento mismo de la economía y por el ajuste en los gastos del Estado. Por ejemplo, la reducción del gasto en jubilaciones, que explican el 40% del gasto total, implicará que éstas aumenten por debajo de la inflación. Por su parte, mientras el salario promedio de los asalariados formales se ubica en 400.000 pesos (unos 500 dólares), la canasta básica de un hogar de cuatro personas (dos adultos, dos niños) se sitúa en 345.000 pesos. Si las negociaciones salariales no acompañan este proceso, los indicadores económicos y sociales se deteriorarán muy rápidamente.

Pese a la falta de precisiones, queda claro el norte de la desregulación en materia de política industrial.

Esto es en sí mismo un gran desafío para los sectores productivos, que enfrentarán, por un lado, aumento de costos y, por otro, una fuerte caída de la demanda interna, lo que a su vez hará más difícil consagrar paritarias que acompañen el ritmo del resto de los precios. Este embotellamiento de factores será particularmente ominoso en los sectores más mercado internistas cuya demanda es menos inelástica que alimentos y medicamentos. Es decir, sectores volcados al consumo local cuya demanda se recorta más rápidamente en momentos de crisis. Ya se ven en electrodomésticos, algunos segmentos jugueteros y de mobiliario y autopartes de reposición, entre otros, nuevos planes de negocio, con operaciones recortadas, suspensiones y previsiones de despido. Asimismo, en virtud del ajuste en materia de obra pública, la misma retracción se espera en los segmentos de minerales no metálicos y materiales para la construcción.

Este enfriamiento de la actividad y baja de ingresos, en conjugación con el aumento de precios, serán los vectores a través de los cuales “derramará” el ajuste. No solo venderá menos el empresario PyME de bienes industriales que no son de primera necesidad, que además enfrentará una apertura drástica con la eliminación de las Licencias no Automáticas (un paso brusco, pero en el sentido correcto, que requiere de un Sistema Nacional de Calidad más ágil y fuerte que el actual); también facturará menos el colaborador o prestador de servicios de la nueva “mayordomía” digital de plataformas, el changuista, el docente que acompaña sus horas cátedra con alumnos particulares… Cuando uno se ajusta, ajusta al que deja de comprarle. 

A estas primeras impresiones sobre los efectos del plan se suman interrogantes importantes respecto de las variables que se busca corregir. Por ejemplo; una corrección del tipo de cambio como la que tuvo lugar, con este nivel de inflación y con el aumento de precios en los próximos 3 meses, quedará neutralizada este mismo verano. ¿Cómo será la liquidación de exportaciones agroindustriales (comienza entre marzo y abril la cosecha de los cultivos de verano como soja y maíz) si el tipo de cambio se vuelve a percibir atrasado? ¿Habrá una nueva devaluación en marzo? Y en ese caso, ¿qué impacto puede tener en una inflación ya acelerada y cuya única ancla son los ingresos? Las posibilidades de entrar en un círculo de devaluación-achicamiento-nueva devaluación no son menores.

Desregulados

Así como el anuncio de ajuste y corrección de precios se dio bajo la lógica de shock, la puesta en escena, extensión y variedad de temas que presentó el decreto también se adopta bajo esta lógica. Pero, a diferencia de las medidas económicas, que reconocen varios casos similares en la historia, el intento de intervenir, derogar o modificar 81 normativas que regulan las relaciones de las personas con el Estado y las personas entre sí de un solo latigazo administrativo en los primeros diez días de gobierno no tiene precedentes. Riñe tanto con el marco constitucional de nuestro sistema republicano, como con la lógica de seguridad jurídica que el propio liberalismo pondera. Y es claro que no puede escindirse el análisis de su impacto en una enorme variedad de temas (desregulación económica, reforma del Estado, trabajo, comercio exterior, bioeconomía, minería, energía, aerocomercial, justicia, salud, comunicación, deportes, turismo…) de las medidas económicas ya mencionadas.

Por la falta de detalles en varios aspectos, las previsibles objeciones en la Justicia y los vacíos que aparecen en muchos puntos (por ejemplo, la abundancia de temas tributarios que deberían pasar sí o sí por el Congreso), el decreto anunciado por Milei el 20 de diciembre implica más un “norte narrativo” y una “provocación de debates” que un programa de gobierno. Esto en parte explica la superposición de temas centrales para el debate productivo, como las modalidades de contratación o la desburocratización de procesos, con otros que no tienen ningún efecto en la práctica, como los registros estadísticos mineros. El decreto es un bosque donde no todos los árboles dan la misma madera.

En lo que respecta a la industria y los sectores productivos, el decreto desregulador contempla aspectos de promoción, relaciones laborales, comercio exterior y regímenes de algunas economías regionales.

Para empezar, deroga la Ley de Promoción Industrial sancionada en 1988. Aunque el anuncio de este punto formulado por Milei en cadena nacional sonó fuerte, es importante señalar que la ley no tiene efectivo alcance en los regímenes de política industrial de mayor peso relativo. No se derivan de ella el Subrégimen de Promoción de Tierra del Fuego, ni el Régimen Automotor, ni la Ley de Autopartes, ni muchos otros regímenes especiales provinciales; tampoco regímenes sectoriales más recientes, como Cannabis Medicinal o la Ley del Calzado.

Sin entrar en la discusión sobre la pertinencia y necesidad de muchos de estos regímenes o el debate desarrollista de política industrial más horizontal o más segmentada, resulta curioso que la derogación refiera a una ley cuya última modificación normativa tuvo lugar en 2005. Al no contar con una norma reglamentaria del DNU desregulador, puede pensarse que dicho espacio queda abierto a la negociación. Por otro lado, la afectación de la Promoción Industrial es tributaria y debe ser tratada en el Congreso.

En cambio, sí hay mayor claridad en el destino de la Ley de Compre Nacional y Desarrollo de Proveedores. En la derogación de 28 artículos (que a efectos prácticos abarcan toda la norma) de una ley aprobada por unanimidad hace cinco años, se incluye también la baja del Programa de Desarrollo de Proveedores, una herramienta de política industrial para la competitividad de industrias en sectores clave como hidrocarburos, minería, satelital y naval. Esto implica un enorme paso atrás para una agenda que asomaba como posible “política de Estado” y que había tenido una buena ejecución en los últimos tres años. Y es un movimiento a contramano de la política productiva que hoy practica el mundo desarrollado, donde las compras públicas, los márgenes de preferencia y el estímulo al avance tecnológico e innovador del aparato productivo son ejes centrales (3).

En su capítulo laboral, el decreto refuerza la certeza de que el ancla del programa económico serán los ingresos. Es muy regresivo para los trabajadores, particularmente para los trabajadores informales. El cambio de condiciones en materia de indemnizaciones y de capacidad de identificación y reconocimiento de situación irregular laboral, si bien busca dar solución a un problema real como la litigiosidad laboral, excede por lejos la intención de ofrecer una solución. No es claro que esta desregulación laboral implique más empleo y de mejor calidad en un marco donde está en discusión la rentabilidad ante un mercado más chico.

Repasemos, por último, algunas otras modificaciones. En materia de comercio exterior, los cambios contemplan simplificaciones a la operatoria muy requeridas por los operadores, tanto grandes como PyMEs. También incluye la eliminación del registro de importadores y exportadores y la prohibición de incidir en cuotas o cupos de comercio exterior. En relación con los regímenes de economías regionales, como el yerbatero, olivícola, vitivinícola o algodonero, se establece el cierre o cambio de función de institutos, eliminación de políticas de precios mínimos o máximos (en el caso de la yerba, algo en permanente discusión) y provisión de insumos.

Necesidad y urgencia

A pesar de la falta de precisiones reglamentarias, lo que queda claro es el norte de la desregulación en materia de política industrial: retirar al Estado de la planificación productiva y la definición de una estrategia de desarrollo e inserción internacional. Esto es particularmente desafiante de cara al futuro y los debates que se abren. Así como estabilizar la macro es una condición necesaria e impostergable, el desarrollo exige políticas que ayuden a que Argentina haga uso pleno de sus capacidades productivas. No considerar la importancia de una estrategia de desarrollo es no atender el potencial argentino, que se observa, por ejemplo, en más de 50 años de una industria biotecnológica capaz de desarrollar tecnologías como el trigo HB4 resistente a la sequía (interacción privada con el sistema científico público), el protagonismo que puede lograrse en la transición energética con el desarrollo de la cadena del litio y el cobre o exportando gas natural licuado (GNL) a todo el mundo, entre otros ejemplos.

Muchas de estas impresiones aún contienen preguntas a responder en el año que se inicia. Faltan precisiones. Pero, a juzgar con los elementos disponibles, la certeza es que lo que viene será duro, muy duro. La pregunta ucrónica que sobrevuela es por qué no pudo encararse una estabilización más cuidadosa antes, sin esperar a que Argentina sea sujeto de un experimento estrafalario que pone en riesgo buena parte de lo construido.

1. La discusión pública sobre planes de estabilización ha ganado volumen en los últimos años. Se recomiendan https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/206486, https://fund.ar/publicacion/politica-y-estabilizacion-economica-lecciones-escenarios/ y 
2. Véase Leandro Mora Alfonsin, “No es llanto, es sudor”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, septiembre de 2018, y “¿Qué industria necesitamos?”, www.eldiplo.org/notas-web/que-industria-necesitamos/
3. Sobre este punto, véase Daniel Schteingart y Pablo Dragún, “Compras públicas: herramientas clave para la innovación”, El Economista, 26-9-16: https://eleconomista.com.ar/economia/compras-publicas-herramienta-clave-innovacion-n8612

Por Leandro Mora Alfonsín * Economista (UBA), ex Director Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación (2019-2022), docente UBA, UCES, UNMdP. Lleva adelante el podcast “País Productivo” (@lmoraalfonsin). / Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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