El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado hace unos días por el presidente Javier Milei incluye 366 artículos que intervienen prácticamente sobre la totalidad de la vida de los argentinos y las argentinas. Durante la semana se sumó el proyecto de Ley “Ómnibus” denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que propone, como uno de sus puntos centrales, delegar amplias facultades legislativas en el Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo prorrogable por dos años más, lo cual supone la virtual eliminación de uno de los poderes del Estado.

En ese escenario, luego de la reunión de diputados, senadores y gobernadores de Unión por la Patria, emitimos un comunicado en el que sostenemos: “Expresamos nuestro rechazo al mega DNU 70/2023 porque claramente avasalla atribuciones del Congreso y vulnera la división de poderes y el funcionamiento de la República. Asimismo, consideramos que la denominada ley 'Ómnibus' recientemente ingresada en la Cámara de Diputados ratifica la pretensión del Presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias, que son absolutamente inconstitucionales”.

En efecto, el Gobierno, a través de estas iniciativas, parece vulnerar principios básicos de lo establecido en la Constitución Nacional. La concentración de todo el poder en una persona, grupo u organización, arrogándose las funciones del Parlamento, puede conducir a un diseño institucional alejado de un régimen democrático. De allí, el riesgo que conllevan estas primeras decisiones del nuevo Gobierno que, si lograra avanzar, transformaría al Congreso en una instancia decorativa.

Pero no es sólo el deterioro institucional a través de procedimientos que atentan contra la República lo que está en juego. Además, muchas de las medidas propuestas son de una extrema gravedad para las libertades públicas y para un proyecto de desarrollo nacional, inclusivo y soberano. Por un lado, limitaciones al derecho a reunirse y a manifestarse y establecimiento de sanciones para los organizadores de protestas que corten calles o rutas u obstaculicen el espacio público. Por el otro, anulación de la necesidad del tratamiento parlamentario para tomar deuda pública; privatización de 41 empresas entre las que figuran Banco Nación, YPF, AySA, Arsat, Fabricaciones Militares, Aerolíneas y los medios públicos de comunicación; suspensión de la fórmula previsional utilizada para actualizar los haberes jubilatorios y establecimiento de los aumentos por decreto; extensión del periodo de prueba de trabajadores y trabajadoras de 3 a 8 meses, recorte de indemnizaciones, ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas sin pago de horas extras y eliminación de las multas por trabajo no registrado. Además, se propone derogar la Ley de Tierras, que elimina el límite a la adquisición de tierras por parte de los extranjeros y el límite a la adquisición de más del 15% de las tierras rurales; se suprimen las leyes de Góndolas, Promoción Industrial y Comercial, Observatorio de Precios, Mercados Mayoristas, Supermercados y parte del Compre Argentino y la Ley de Abastecimiento, legislación que permite controlar, regular y limitar los aumentos de precios; se establece la venta sin control de medicamentos y el fin de los beneficios para la producción de genéricos por parte de los laboratorios públicos; la eliminación del tope de aumentos para las cuotas de las prepagas, el establecimiento de precios diferenciales para los planes según riesgo y la desregulación de las obras sociales; la desregulación de las importaciones, atentando contra la industria, la producción y el empleo nacionales, entre otras muchas medidas.

El objetivo general que dice promover el Gobierno es la modernización del Estado y la reducción de la burocracia estatal. Pero, ¿qué tiene que ver con el funcionamiento del Estado una medida como la eliminación de la doble indemnización de las personas trabajadoras de casas particulares con registración no declarada? Otro ejemplo: el cese de la prohibición de la reventa de entradas a espectáculos deportivos o recreativos, ¿en qué se relaciona con el objetivo de mejorar el funcionamiento estatal? La misma pregunta puede aplicarse a la decisión de suprimir la Ley de Alquileres. El listado es interminable.

Pero los proyectos son sólo proyectos. Para que se transformen en leyes hay que construir mayorías. Y distintos tipos de mayorías: simples, especiales y extraordinarias, según la importancia de los temas tratados. En la “Ley Ómnibus” enviada por el Ejecutivo hay iniciativas de todo tipo que requieren de distintas mayorías. Por lo tanto, es imposible tratar el proyecto del Ejecutivo si no se lo desglosa y si sus distintas partes no son enviadas a las diversas comisiones que deberían expedirse previamente a que los temas sean tratados en el recinto. Y hoy ni siquiera están constituidas esas comisiones.

 
Seguramente habrá voces que respondan a esta descripción del funcionamiento parlamentario sosteniendo que lentifica la toma de decisiones. La respuesta es lógica: la democracia requiere tiempo. La República y la democracia necesitan de deliberación y de reglas.

Incluso el Presidente ha declarado que “a esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Cuidado. Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta”.

Ante estas afirmaciones, el presidente del Bloque de Diputados y Diputadas de Unión por la Patria, Germán Martínez, hizo una presentación judicial pidiendo la apertura de una investigación.

“Este viernes me presenté en el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario a cargo de Marcelo Bailaque para que se investiguen los dichos recientes en el canal LN+ del presidente Javier Milei, dichos absolutamente agraviantes contra los legisladores nacionales. A mi criterio, deben ser investigados”, expresó Martínez. “Milei no solo es presidente ahora, sino que fue diputado y debería saberlo. Está obligado a denunciar los hechos que refirió en la entrevista”, agregó.

 

El intento de tratamiento del aluvión de iniciativas presentadas por el Ejecutivo se produce junto a la búsqueda de desactivar el funcionamiento del Poder Legislativo. Mientras, la sociedad argentina, a través de sus organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales, comienza un proceso de movilización creciente, buscando proteger sus derechos históricos. El paro convocado por la CGT y las CTA es un hito en ese sentido.

Por Carlos Heller * Diputado nacional Unión por la Patria y Presidente Partido Solidario / P12