En las últimas semanas se ha generado un debate muy interesante sobre cuánto “gasta” (en adelante, invierte) en defensa nacional en la República Argentina, lo cual significa una doble oportunidad. En primer lugar, éste permite que se debata en la agenda pública un tema que generalmente no es prioritario en los medios. Y, en segundo lugar, brinda una oportunidad de clarificar algunas confusiones metodológicas sobre cómo se presenta esta información.

Ahora bien, ¿cómo se originó el debate? Durante el año 2021, el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) informó los datos de cuánto invierte Argentina en defensa en relación al PBI como hace todos los años. Esta base de datos, que abarca casi todos los países y es ampliamente consultada por muchos académicos dedicados a investigar en esta temática y eventualmente por periodistas, reflejó que la inversión había descendido a 0,63%, cifra menor aún al 0,7% invertido por el gobierno de Mauricio Macri en el año 2019. Obviamente, tanta asertividad me generó ruido porque se había aprobado en el año 2020 la Ley Nº 27.565 FONDEF, la cual se empezó a aplicar a partir del ejercicio presupuestario 2021. 

Nunca dudé de la claridad de los datos de SIPRI porque de hecho los había utilizado reiteradamente, incluso en uno de mis últimos trabajos: “Presupuesto y equipamiento en la política de defensa argentina (1983-2019)” en CUINAP Nº 22, año 2022. Sin embargo, era muy extraño que la inversión en defensa hubiera disminuido luego de la implementación del FONDEF. Por eso, hay que realizar algunas consideraciones conceptuales antes de avanzar en este tema.

Precisiones conceptuales

La Información de nuestro presupuesto es altamente transparente gracias a la Ley de Administración Financiera Nº 24.156. Esta ley permite analizar (no soy exhaustivo) el presupuesto de varias maneras:

1) Por programas y proyectos;

2) Por etapas del gasto: presupuestado, compromiso, devengado y pagado;

3) Finalidad, función o jurisdicción: defensa, seguridad, inteligencia, educación, salud, entre otras;

4) Incisos: desde el Inciso 1 (sueldos, jubilaciones y pensiones) hasta Inciso 4 (Bienes de Uso) hasta los Inicisos 6 y 7; y

5) Gastos corrientes o de capital; entre otras aperturas.

Análisis de los datos

En primer lugar, la inversión en defensa que aprueba el Congreso de la Nación es la “presupuestada”, pero ese dato no es el que se ejecutó o, más técnicamente, el devengado. Por ejemplo, la inversión devengada en defensa del año 2022 todavía no está publicada. Recién en junio de este año el Ministerio de Economía publicará la Cuenta de Inversión 2022 y ahí tendremos el dato de la inversión ejecutada durante el año 2022. Ahora no existe ese dato. Ni SIPRI y ningún otro medio utilizó el dato del devengado. Entonces, ¿qué datos se usaron? ¿qué datos uso SIPRI? Debemos recordar que el Presupuesto 2022 no fue aprobado por la oposición en el Congreso de la Nación. En consecuencia, el presupuesto del año 2022 es la prórroga del correspondiente al año 2021. Por lo que, SIPRI y otros tomaron el dato del proyecto de presupuesto que envío el Poder Ejecutivo en septiembre de 2021.

En segundo lugar, debemos preguntarnos si el organismo internacional utilizó los datos de la Jurisdicción 45 “Ministerio de Defensa” o de la función defensa. El dato de la Jurisdicción abarca todo lo que se invierte en defensa, educación (institutos militares, liceos) salud (hospitales de las FF.AA.) y otros; y desde el Inciso 1 al 7, desde salarios, jubilaciones y pensiones (Inciso 1) hasta Bienes de Uso (Inciso 4). En mi caso, utilizó la “función defensa” que incluye únicamente lo que invierte el Estado en defensa: adiestramiento, alistamiento, sostenimiento; compra de sistemas de armas ¿Qué datos utiliza SIPRI? Éste recurre a la información de la “Jurisdicción 45 Ministerio de Defensa” que incluye todo lo señalado, incluso los gastos de capital como gastos corrientes.

En tercer lugar, el dato que publicó SIPRI sigue siendo inconsistente. Esta organización sostiene que Argentina invirtió solamente el 0,41% del PBI en el año 2022. Si el PBI de Argentina fue de $ (corrientes) 82.650.240.000.000 en ese período, entonces ese porcentaje representó una inversión en defensa de $330.600.960.000. En consecuencia casi no se hubiera podido pagar sueldos ni pensiones durante el año 2022, cifra que alcanzó los $ 304.000 millones. Por lo tanto, SIPRI está obviando algunos datos de la Jurisdicción 45 “Ministerio de Defensa”. ¿Faltará el FONDEF?

En cuarto lugar, SIPRI no tiene en cuenta el TOTAL de la inversión en defensa de la Jurisdicción 45 Ministerio de Defensa (Gastos Corrientes y de Capital; Inciso 1 al 7; funciones salud, educación, defensa y otras), omite los Incisos 6 y 7. La inversión del FONDEF se canaliza a través del Inciso 4, pero la mayor parte también a través del Inciso 6. Por otro lado, la inversión del FONDEF se ejecuta a través de varios Programas (no únicamente a través del 18 como sostuvieron algunos medios) que incluyen el Programa 18 “Mantenimiento, Producción y Soporte Logístico para la Defensa - Fondo Nacional de la Defensa "FONDEF", pero también mediante otros programas que pertenecen a las Subjurisdicciones Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ejército Argentino, Fuerza Aérea Argentina y Armada Argentina, como se puede leer en el libro recientemente publicado “FONDEF. Una política de Estado” en su página 114.

En quinto lugar, el SIPRI utilizó una información informal para calcular el IPC de Argentina, pese a que el FMI ya acepta los datos difundidos por el organismo nacional. Dicha fuente es el "Proyecto Harvard-MIT Billion Prices Project (Cavallo y Bertolotto, ‘Filling the gap in Argentina’s Inflation Data’, mayo de 2016)."

Finalmente, sostenemos que la inversión en defensa en el año 2022 fue de 0,8% del PBI. Es decir, que fue superior a lo ejecutado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Si se calcula la inversión en defensa de acuerdo a la previsión del PBI de Argentina para el año 2023 que realizó el FMI, la inversión en defensa -perdón la redundancia, pero que insistir con el vocablo “inversión- ascendería a 1,24% del PBI. La cifra más alta desde el año 1996. En cambio, si soy pesimista -lo cual me caracteriza-, la inversión en el sector alcanzaría el 1% del PBI.

Inversión en defensa de la República Argentina (1989-2023)

Reflexión Final

El FONDEF es un gran logro de todos los argentinos. No de este gobierno. Como todas las leyes del sector defensa se aprobó por casi unanimidad y se está aplicando. Por primera vez, existe un horizonte de recursos que alimentará el PLANCAMIL 2023.

La opción de la derecha conservadora en Argentina, a diferencia de lo que sucede en otros países, no quiere Fuerzas Armadas, sino Small Armed Forces, de acuerdo a los lineamientos de los Estados Unidos, tal como reconoció Robert McNamara, que cumplieran un rol subordinado en la lucha contra la subversión en el marco de la Guerra Fría (1947-1991). En la actualidad esto se traduce en convertir a nuestras Fuerzas Armadas en Crime Fighters, concepto de Juan Gabriel Tokatlian, que se dediquen a la lucha contra el narcotráfico. Esto no es una quimera. Hoy, como en el pasado, muchos dirigentes políticos han enarbolado esta propuesta.

Nadie sabe lo que quieren los libertarios. Únicamente sostienen que recortarán el gasto público, ¿eso incluye a la política de defensa?, ¿los sueldos de las FF.AA. y de las Fuerzas de Seguridad Federales? Nadie lo sabe, pero seguramente será peor.

Si se destruyen las FF.AA., no será solo por las presiones de la potencia estadounidense y de Gran Bretaña, sino que se realizará con la complicidad de algún sector de la dirigencia política, académica, intelectual, pero también con el apoyo de algunos militares. Esos países, no quieren que una Nación que tiene el octavo territorio del mundo y que posee intereses estratégicos en el Atlántico Sur tenga Fuerzas Armadas. Es sintomático que cierta dirigencia nacional quiera entregar las islas del Atlántico Sur o que sea un tema que directamente no forma parte de sus propuestas y análisis. Tengamos cuidado de no alimentar al lobo.

Nosotros tenemos un conflicto territorial (ya no una hipótesis) porque una potencia extraregional invadió y ocupa ilegalmente nuestro territorio desde el 3 de enero de 1833. Además de cercenar nuestro territorio, esa ocupación limita nuestro margen de maniobra y choca con nuestros intereses en la Antártida. La comunicación estratégica con la reapertura de Petrel, de la X Brigada, la Base Naval Integrada en Ushuaia; la creación de la primera guarnición del Ejército en Tolhuin y la instalación de un radar en Rio Grande, muestran que la orden de la DPDN 2021 (hacia el sur, hacia el mar y hacia la Antártida) se está cumpliendo. La inversión del FONDEF en numerosos proyectos, que reseña Héctor Mazzei en una nota del 14 de mayo en Infobae, el blanqueo salarial y la recomposición de haberes muestran la relevancia que tiene la política de defensa.

Un amigo me dice que sin política de defensa podemos terminar convirtiéndonos en el plato principal en una reunión diplomática si no tenemos Fuerza Armadas. No seamos ingenuos a las presiones y no seamos cómplices para convertir a Argentina en el pato de la boda de esas potencias.

Por Sergio Eissa / Director Nacional de Formación del Ministerio de Defensa. * El Destape