Los y las economistas que integran los equipos técnicos de Juntos por el Cambio podrán pertenecer a diversas escuelas teóricas o políticas (queda excluido el término ideología, denostado por esta alianza). A su vez, sabrán vincularse de manera más o menos aceitada con el establishment vernáculo y sus casas matrices. Pero al posar la lupa sobre sus principales pronunciamientos, queda en evidencia que no existirían tantas diferencias programáticas. Un dato: la mayoría de ellos posee un vínculo directo con la liberal Universidad Torcuato Di Tella.

En este espacio conviven desde Martín Redrado, siempre en busca de algún sello que lo apadrine hasta el ex titular del Banco Nación durante el macrismo, Carlos Melconian, de prontuario más reconocido que otros, ahora como cabeza de la Fundación Mediterráneo. A medida que se acercan las elecciones, los precandidatos empiezan a mostrar un poco más sus cartas. Aunque, a decir verdad, estarían todas más que marcadas.

¿Quién es quién dentro del variopinto grupo de expertos económicos de la Alianza Cambiemos?

Ni palomas ni halcones

Hernán Lacunza, formado en la UBA y en la Universidad Torcuato Di Tella, fue el último ministro de Economía de la era Macri. Ocupó un cargo como gerente general del BCRA durante la gestión de Martín Redrado (echado en 2010 a pesar de su resistencia), otro de los economistas que ahora se referencian con Horacio Rodríguez Larreta.

El principal hito de su gestión como ministro de Macri fue el reperfilamiento de la deuda en pesos, ante la insostenibilidad financiera de la Alianza Cambiemos, gobierno que previamente había endeudado al país con los 45.000 millones de dólares del FMI.  Durante una charla online organizada por la Fundación Libertad en diciembre del año pasado, dejó en claro que el debate de gradualismo o shock no corría más y el que el objetivo de cualquier nueva administración debería incluir “equilibrio fiscal de manera rápida”.

Bajo este principio, manifestó que “para bajar impuestos –el canto de sirena que todo empresario quiere escuchar – habría que bajar el gasto público”. Desde su óptica, el gasto público sería un mecanismo para “sostener privilegios”.  Luciano Laspina, formando en la Universidad Nacional de Rosario y docente en la Torcuato Di Tella, actual diputado nacional por Santa Fe, comparte las ideas sobre el gasto público de su colega. Sin embargo, en sus alocuciones deja entrever un profundo antikirchnerismo, al igual que su jefa, Patricia Bullrich.

“El gasto público quebró al Estado”, afirma y lanza: “Vengo combatiendo el kirchnerismo cuando muchos comían de la mano de la casta corporativa que comía de la mano del kirchnerismo. La casta es el kirchnerismo y sus socios. Todos sus socios. Los de ahora y los de antes”, escribe en sus redes sociales.  Al igual que Lacunza, sostiene que debe modificarse la carta orgánica del Banco Central para que su mandato sea estrictamente monetario, es decir, quitarle el rol que se le agregó con la reforma de 2012. Nada de un BCRA que promueva “el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

Entre Laspina y Lacunza surge otro punto en común. El último ministro de Macri fue señalado por Sergio Chodos, representante argentino ante el FMI, como uno de los integrantes de Cambiemos que habría intercedido recientemente en las negociaciones con el FMI. El diputado santafesino hizo lo propio, en diciembre de 2021, con un viaje a Washington, previo a la firma del acuerdo de Facilidades Extendidas.

La consultoría al poder

Durante el reciente cónclave de Juntos por el Cambio, los radicales Gerardo Morales y Facundo Manes llevaron bajo el brazo a los consultores Eduardo Levy Yeyaty –decano de la Escuela de Gobierno de la UTDT-, Marina Dal Poggeto (EcoGo) y Martín Rapetti (Equilibra).

Levy Yeyaty, que asesora a Morales, se formó como ingeniero civil en la UBA, y en la Universidad de Pennsylvania. Durante la gestión de Macri, coordinó el Programa Argentina 2030 de la Jefatura de Gabinete.  Es el fundador de la consultora Elypsis.  Al igual que sus colegas de Cambiemos, considera que el debate “gradualismo/shock se ha vuelto anacrónico”. “Hay que hacer todo lo más rápidamente posible. No solo anunciar y proponer, sino concretar y sostener en el tiempo. Velocidad no es sólo llegar antes, también es crear las condiciones para permanecer”, afirma. Para el economista, las consecuencias sociales de cualquier política de shock serían algo así como un daño colateral que debe ser “mitigado”. En 2018, cuando el macrismo mostraba los primeros rasgos de su propia debilidad, también abogaba por “un ajuste ordenado” como condición al crecimiento económico. Para los que no se consideran populistas, la variable de ajuste siempre recae en el pueblo.  

En relación al FMI, y casi como una confesión de un plausible eje rector para un futuro Gobierno, considera que habría que negociar un nuevo acuerdo con el FMI “en línea con el nuevo plan económico, que contemple un aporte de fondos netos, para facilitar una gestión de deuda que recupere el acceso a los mercados, imprescindible para repagar al Fondo." Seguir con el co gobierno.

Dal Poggetto y Rapetti trabajan con Manes. La fundadora de EcoGo, formada en la UBA y en la UTDT, también colaboró con Miguel Bein tras su paso por la secretaría de Política económica durante la Alianza. La economista fue una de las primeras tentadas por Sergio Massa para ocupar el cargo de viceministra, puesto que desechó al comprender que no podría realizar ningún plan de estabilización por “shock”.

“La reforma laboral, previsional y tributaria tienen que pensarse en conjunto. No se puede tener la estructura tributaria actual (con sus graves distorsiones e ineficiencias) con una eficacia tributaria estimada en un 60% y un esquema que se aprovecha de la inflación para cobrar alícuotas no reguladas por el Congreso”, sostiene (Revista Forbes).

Hay un discurso que se impuso desde la derecha. La distribución del ingreso tiene ser, en realidad, a favor de las empresas que deberían aumentar su productividad y pagar menos impuestos. “Cuando se intenta mejorar la vida de algunos no se puede evitar que otros estén peor. Si se decide mantener los salarios altos, la productividad debe subir más rápido porque de lo contrario empiezan los problemas en torno a la rentabilidad y la inflación provocando fugas de capital”, escribió Dal Poggetto en su libro Tiempo Perdido, escrito junto a Daniel Kerner.

Por su parte, Rapetti (formado en la UBA y en la Universidad de Massachusetts, Amherst), fundador de la consultora Equilibra junto a Diego Bossio – viejos conocidos del Frente Renovador junto a Martín Redrado – escribió hace algunas semanas una columna de opinión en el diario Clarín para abogar por la misma reforma del Banco Central que sus colegas. La nota, firmada junto a Bossio, reclamaba regresar al mandato previo a la reforma de 2012, cuando la autoridad monetaria solo se ocupaba de la estabilidad de la moneda. Una modificación similar a la que propusieron Lacunza y Laspina.

De pobrismo e insolvencia

El referente económico de Miguel Angel Pichetto es Juan Carlos Sánchez Arnau, diplomático de carrera y ex embajador de la Federación Rusa. No solo pide una reforma del BCRA como sus colegas, sino también “el desmantelamiento de impuestos nacionales y de tributos provinciales y municipales distorsivos, una reforma del Estado que avance sobre las empresas públicas y un achique abrupto del gasto público”. Para el economista –como para el ex compañero de fórmula de Macri – sería necesario achicar el Estado para promover la actividad privada y así “eliminar” el pobrismo en el país.

Otro de los referentes que hablan de achicar el Estado es Matías Sturt, economista jefe de la consultora Inveq, asesor de la Coalición Cívica. “El país tiene un Estado que es insolvente, desde mi punto de vista, que no es financiable con esta productividad del sector privado, que es quien tiene que sostener al sector público. Tenemos un nivel de gasto muy alto, desfasado del nivel de desarrollo del país”, explicita. A su vez, aboga por repensar las transferencias hacia las provincias como uno de los ítems del ajuste propuesto (algo similar a lo que pide el FMI sobre las transferencias corrientes hacia las jurisdicciones).

El Destape