Organizaciones de Derechos Humanos leyeron un documento en el escenario montado en Plaza de Mayo, en el marco de la conmemoración de un nuevo Día de la Memoria. El texto apuntó contra el accionar de la justicia en la actualidad y señaló que "los mismos grupos" económicos que se beneficiaron con la Última Dictadura Cívico Militar "siguen causando el mismo hambre y por la misma corporación judicial que encarcela a los referentes populares".

En el marco del 24 de Marzo, día en el que se conmemora la última interrupción democrática en 1976, el documento remarcó que en ese período "se utilizó el terror para disciplinar al pueblo, 30.000 personas detenidas desaparecidas, 10.000 presos políticos y miles de personas empujados al exilio". En ese sentido, añadieron: "Hoy y siempre reivindicamos sus luchas".

Según prosiguió el documento titulado "a 47 años de la dictadura genocida", durante el gobierno de facto "la deuda creció más de un 300% y los que se beneficiaron con esta política fueron los principales grupos económicos a los que estatizaron sus deudas privadas y que además se vieron favorecidos por las presiones del FMI para que los sucesivos gobiernos avancen con la flexibilización laboral, el achicamiento del Estado" 

En ese sentido, señalaron que "los mismos grupos siguen causando el mismo hambre y por la misma corporación judicial que encarcela a los referentes populares"

"Salimos del silencio y no vamos a volver nunca más, porque como pueblo nos hemos ganado el derecho de tener un Poder Judicial al que podamos llamar Justicia y que no sea una sucursal de las corporaciones", señalaron los organismos de Derechos Humanos.

Fue así que expresaron: "Apoyamos el juicio político impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia. ¡Corporación judicial nunca más!".

En ese marco, señalaron que hay "condenados 1.115 genocidas, cuyas condenas están firmes en menos del 40 por ciento de los casos y no lo están por la complicidad judicial de la Cámara de Casación y de la Corte del 2×1 para sostener impunidades" y que de los detenidos, en preventiva o cumpliendo condena, "casi el 80 por ciento tiene el beneficio del arresto domiciliario". Según sostuvieron "prácticamente ninguno tiene problemas de salud que justifiquen ese beneficio, y que las cárceles de Campo de Mayo y Ezeiza  garantizan todos sus derechos"

"Le decimos a ese Poder Judicial que tan fácilmente los manda a casa con domiciliarias, otorga libertades condicionales o excarcelaciones por dos tercios de la condena, que no cumple con la misma facilidad con la ley de víctimas", protestaron, para luego llamar a un "debate profundo sobre las libertades condicionales a genocidas".

Por otra parte, afirmaron el rechazo a "una democracia administrada por el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, señalaron que "el endeudamiento feroz que contrajo (el ex presidente Mauricio) Macri volvió a condicionar la política económica de manera contraria a los intereses populares"

"El aumento de la pobreza y de la indigencia de amplias franjas de la población debilitan también la vida democrática. En esta coyuntura de demandas sociales complejas, es preciso defender lo logrado y recuperar las mejores condiciones de vida de nuestro pueblo", instaron.

Luego, señalaron como "una de las mayores deudas de la democracia" a la "erradicación de la violencia institucional", para expresar la preocupación por hechos de  "violencia policial y de otras Fuerzas tanto nacionales como provinciales, abuso de autoridad, criminalización de la pobreza, condiciones inhumanas en lugares de detención, causas armadas de las que son víctimas principalmente los sectores populares". 

En la misma linea, expresaron su oposición "al uso de las armas taser, que son picanas portátiles y pueden llegar a ser letales", para luego sintetizar: "Lo reiteramos: la picana es incompatible con la democracia".

Por otra parte, observaron que América Latina "muestra procesos de recuperación de la democracia, la soberanía y la autodeterminación", enumerando las presidencias de Luiz Inacio Lula Da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia, Luís Arce en Bolivia y Gabriel Boric en Chile.

Sin embargo, alertaron sobre "los fallidos intentos de femimagnicidio contra Cristina Fernández y (la vicepresidenta de Colombia) Francia Márquez, el intento de golpe de Estado contra el gobierno encabezado por el compañero Lula y el golpe de Estado en Perú, que mantiene preso al presidente Pedro Castillo".

También denunciaron que la guerra entre Rusia y Ucrania "ha dejado al descubierto el rol que juega Europa, defendiendo los intereses norteamericanos y presagia un nuevo reordenamiento de las potencias mundiales sin que se sepa a ciencia cierta cuáles serán las consecuencias a nivel planetario".

"Este escenario es aprovechado por los fundamentalismos religiosos y los autodenominados libertarios que crecen en toda la región, y que se muestran como apartidistas, antipolíticos o antisistema cuando en realidad son parte de la estructura política de dominación y disciplinamiento social y buscan alcanzar espacios de poder incidiendo en las políticas públicas o marcando las agendas gubernamentales", remarcaron.

El último tramo del discurso, leído por Estela Barnes de Carlotto, señaló que seguirán "cuidando esta democracia en la Argentina" porque es un reclamo para "que se terminen las prácticas y discursos de odio y negacionismo, como llamar 'curro' a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia", en alusión a dichos recientes de Macri.

"Porque ya salimos del silencio y no vamos a volver Nunca Más; porque como pueblo nos hemos ganado el derecho a tener un Poder Judicial al que podamos llamar Justicia y que no sea una sucursal de las corporaciones, funcionando como el brazo judicial de la persecución; porque queremos un pueblo feliz y para eso tiene que haber pan y trabajo", remarcaron.

El Destape