La bala judicial

Actualidad 10 de marzo de 2023
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El Frente de Todos encontró en las 1616 páginas que el Tribunal Oral Federal 2 destinó a justificar su condena a Cristina Fernández de Kirchner una única razón: la proscripción de la principal dirigente política del país en los inicios de un año electoral. Después de que se conocieran los fundamentos del fallo en la llamada causa Vialidad, firmados por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, los principales referentes políticos del oficialismo denunciaron una avanzada política del Poder Judicial y llamaron a movilizarse contra el lawfare.

No hubo demasiadas sorpresas tras la difusión de los fundamentos de la sentencia que se conoció el 6 de diciembre pasado. Ese mismo día, CFK había dicho que no competiría en los comicios de este año para no darle al Poder Judicial la oportunidad de dejar al FdT sin su principal postulante. Se miraba en el espejo de Brasil. 

Se espera que este viernes, cuando reciba el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro, la vicepresidenta vuelva a referirse al tribunal que la condenó a seis años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En los últimos días, en una presentación que hizo ante un grupo de expertas independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), CFK dejó una definición contundente de cómo funciona el Poder Judicial en la Argentina: dijo que la privó de sus derechos civiles y políticos.

Desde la Casa Rosada manifestaron que la decisión del TOF busca sacarla de la escena política. En conferencia de prensa, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti afirmó que el presidente Alberto Fernández sostiene la inocencia de CFK.

CFK denuncia desde hace tiempo que la persecución judicial hace foco en ella pero es contra todo el peronismo. El Partido Justicialista nacional –que preside Alberto Fernández– salió a poner en evidencia las maniobras para dejarla fuera del juego político al expresar su “más enérgico rechazo a la persecución judicial y el intento de proscripción de Cristina”. En su comunicado, el PJ expresó que “el contenido del fallo vuelve a dejar en evidencia la falta de garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de los derechos humanos fundamentales".

El capítulo bonaerense del PJ, que lidera el diputado Máximo Kirchner, afirmó que se trataba de la crónica de una sentencia anunciada. “Una sentencia de millones de palabras, ninguna prueba contundente y un solo renglón objetivo: evitar una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a cualquier cargo público”, sostuvieron. “Estamos frente a una impugnación judicial de sus políticas”, dijeron.

La reacción del Gabinete

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se pronunció en la misma línea. “La causa Vialidad fue armada y direccionada con un único objetivo: condenar a Cristina Kirchner. Como venimos sosteniendo, los fundamentos del fallo ratifican el efecto proscriptivo de la sentencia a Cristina”, resaltó.

El canciller Santiago Cafiero, uno de los funcionarios de mayor confianza del Presidente, también dijo que se iniciaba el camino hacia la proscripción y que se busca “disciplinar al peronismo y condicionar el proceso electoral”. 

En sintonía se expresó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. “Éste es otro día de persecución donde sectores del Poder Judicial están cumpliendo un rol disciplinador”. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que la sentencia “busca enterrar los doce años del gobierno que encabezaron Néstor y Cristina” y tiene como objetivo “demonizar lo que representa Cristina”.

Para el ministro de Justicia, Martín Soria, el fallo del TOF 2 está plagado de inconsistencias. No logra explicarse, en su opinión, cómo los jueces condenan por administración fraudulenta a CFK pero no a los funcionarios que dependían de ella y supuestamente ejecutaban la política vinculada a la obra pública que habría sido contraria a la ley. “El escrito de 1600 páginas expone y comprueba el prevaricato de los jueces”, le dijo Soria a Página/12. “Cuando consideran la acusación contra Julio De Vido, los jueces correctamente analizan las competencias propias del ministro de Obras Públicas y lo absuelven. No era su responsabilidad fiscalizar porque eso se reservaba a Vialidad Nacional. Pero cuando tratan la acusación de Cristina Kirchner rompen la cadena penal de responsabilidades y pasan por alto las competencias de la Presidencia de la Nación y la condenan por administración fraudulenta, cuando los jueces saben que la administración y ejecución del presupuesto nacional es responsabilidad del Jefe de Gabinete”.

Plan de persecución

Para el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, no hubo sorpresas con los fundamentos de la sentencia de Giménez Uriburu, Gorini y Basso. “No nos sorprenden porque veíamos las irregularidades y las denunciamos”, le dijo a este diario el funcionario que semanas atrás se refirió a la persecución judicial ante un foro de Naciones Unidas. “Que absuelvan a funcionarios y que vayan por la condena a Cristina demuestra que hay una intención de correr del juego político a la dirigente que más transformó a la Argentina y que más peleó por los intereses de las grandes mayorías. Creo que es eso lo que nunca le van a perdonar: que gobernó para la felicidad del pueblo y no para las corporaciones”, afirmó. “Vamos a movilizarnos y a convencer a nuestra ciudadanía de que la mejor alternativa (para las elecciones) es Cristina. Ésta es una página más de este mecanismo perverso que llamamos lawfare”.

Para el diputado Leopoldo Moreau, la sentencia del TOF 2 ya estaba escrita. “La escribieron Mauricio Macri y la mafia judicial”, dijo el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que también denunció la existencia de un “plan sistemático de persecución política”.

Cristina Caamaño, fiscal retirada, exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y titular de Justicia Legítima, también sostuvo que la condena contra la vicepresidenta es parte del lawfare. “La decisión ya estaba tomada porque el que está juzgando esto es el Partido Judicial, no el Poder Judicial”, le comentó a este diario. “El tribunal no tiene en cuenta las pruebas, sino que decide políticamente. Hacer obra pública es una decisión del Poder Ejecutivo, no es algo judiciable. Lo que esto va a generar es que nadie quiera hacer nada por miedo. Es claro que esta decisión del Partido Judicial es para sacar de la cancha a Cristina. Si no era con la causa Vialidad, iba a ser con Dólar Futuro o alguna otra. El tema del lawfare es terminar con el kirchnerismo o con el peronismo”, dijo.

La diputada Vanesa Siley, que es una de las espadas del FdT en el Consejo de la Magistratura, calificó los fundamentos como “la sentencia más bochornosa de los últimos tiempos democráticos”. Siley emparentó la difusión de los argumentos del TOF 2 con la publicación del decreto 4161/56 de la dictadura autoproclamada “Revolución Libertadora”, que también un 9 de marzo prohibió la sola mención del nombre de Juan Domingo Perón o el uso de los emblemas del peronismo.

La liturgia y la calle

El sábado se cumplirán 50 años desde que el pueblo argentino volvió a las urnas después de casi 18 años de proscripción del peronismo. Entonces se impuso la fórmula encabezada por Héctor Cámpora, tributario de los votos del “Luche y Vuelve”. Este sábado, dirigentes bonaerenses del oficialismo encabezarán un plenario en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda para pedir que CFK sea candidata en las elecciones presidenciales de este año. Es una fecha cargada de simbolismo. 

Mientras se espera que CFK reaparezca este viernes en Río Negro, el diputado Hugo Yasky llamó a organizar una movilización masiva. “Solo se puede dar vuelta con el pueblo en la calle”, dijo en C5N y explicó que podría ser una marcha federal que confluya en la Ciudad de Buenos Aires. La fecha que sugirió es el 25 de mayo, cuando se cumplirán 20 años de la asunción como presidente de Néstor Kirchner.

Por Luciana Bertoia * P12

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