El ataque a un supermercado vinculado a la familia de Lionel Messi en Rosario revivió en las últimas horas el debate sobre cómo se debe combatir al narcotráfico y no faltaron las voces, especialmente desde el sector más duro de la oposición, que propusieron desplegar las Fuerzas Armadas en las zonas más calientes para darles batalla, literalmente. La idea no es nueva, ni en Argentina ni en el mundo. Sin embargo, el país se fue quedando en minoría en la región en su determinación de mantener una diferencia tajante entre seguridad interna, a manos de las policías, principalmente, y defensa, a cargo de los militares. Aún si en ninguno de los casos vecinos los resultados han sido positivos. 

"El uso de las Fuerzas Armadas para las cuestiones de seguridad interna viene aumentando, pero en un grupo de países particulares. Hay algunos casos emblemáticos como Brasil, Chile y México, en los cuales sí hubo un cambio, pero hay otros países de América Latina en los que el utilizamiento de los militares en seguridad pública es algo normal hace décadas", explicó en diálogo con El Destape Alejandro Frenkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Martín e investigador de Conicet, y destacó varios tres factores que lo explican. 

Primero, "un déficit de las fuerzas de seguridad públicas para hacer frente a la inseguridad". "Ante la situación o sensación muchas veces de desborde de las fuerzas orientadas a la seguridad pública - policías federal, estaduales o provinciales, gendarmerías, prefecturas- hay una demanda de a ver qué otra cosa tenemos a mano y aparecen los militares", explicó. Segundo, "un déficit de amenazas" en materia de Defensa. "En muchos de estos países, los militares o las Fuerzas Armadas o la Defensa no parte de hipótesis de conflicto. No hay amenazas que sean prioritarias para la justificación de las Fuerzas Armadas, entonces dicen: '¿Para qué tenemos Fuerzas Armadas, si no tenemos una amenaza concreta de un país externo o de la región?' Eso es algo que se discute a veces en Argentina: si no tenemos problemas con nadie, ¿para qué tenemos a los militares? Los disolvemos o los usamos para algo 'práctico'", continuó. 

Y, tercero, el factor externo. "No es nuevo y veces suele sobredimensionarse, pero es insoslayable: desde hace décadas, Estados Unidos viene presionando para que los países latinoamericanos involucren a sus Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. En muchos casos eso opera favorablemente para que los países terminen por poner a los militares a hacer tareas de seguridad pública", sostuvo. 

El Salvador, el caso del momento

El ejemplo más reciente de militarización, que de hecho capturó la atención de los medios argentinos en los últimos días, es el de El Salvador. El presidente Nayib Bukele ha demostrado ser un experto en marketing político y su último logro fue instalar la idea de que su política -una combinación de mano dura, detenciones masivas y arbitrarias, y un estado de excepción que suspende las garantías constitucionales en pos de la seguridad nacional- finalmente consiguió lo que sus antecesores no habían podido: derrotar a las maras, las bandas criminales que habían hecho del pequeño país centroamericano uno de los más violentos del mundo.

Lo que no promocionó y pocos medios advirtieron es que el derrumbe de la cifra de asesinatos no significó necesariamente una eliminación de los grupos armados -es muy temprano aún para saber si podrán reorganizarse- y, lo que es más importante, que el precio fue el encarcelamiento masivo de inocentes, según denuncian sus familiares y las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas. Estas últimas ya comenzaron a denunciar, además, que entre las víctimas de estas razias líderes sociales y sindicalistas, es decir, no solo inocentes al azar.  

El caso salvadoreño caló rápidamente en los sectores más reaccionarios de Argentina y otras partes de la región porque tiene todos los condimentos correctos: una sociedad hastiada y desesperada frente a la creciente violencia que aceptó en su mayoría la imposición de una suerte de estado de sitio con tal de poder salir a la calle un poco más tranquila, y una política carcelaria que abandona cualquier aspiración de rehabilitación -aunque sea retórica- e impone castigos más allá de la privación de la libertad por el solo hecho de ser maras. Por ejemplo, cobrarle a los presos por derechos básicos como la comida, los productos de higiene y su ropa. 

México y Colombia, dos viejos ejemplos que ya nadie reivindica

Durante muchos años, estos dos países latinoamericanos fueron los mejores alumnos de la guerra contra las drogas que impulsaba Estados Unidos en el mundo y, especialmente en la región. A diferencia de lo que impuso en su propio territorio, donde el combate se concentraba en los consumidores como una forma de disciplinamiento, especialmente entre las minorías negra y latina, en México y Colombia exportó la idea de combatir a los carteles con las Fuerzas Armadas. Estas bandas criminales, sostenía la doctrina, se habían convertido en verdaderas organizaciones armadas, con ejércitos propios, y por lo tanto debían ser enfrentadas por fuerzas del mismo calibre.

El problema es que tanto en México como en Colombia una de las causas de la creciente inseguridad era que las fuerzas policiales no habían superadas por la asimetría en el poder de fuego o entrenamiento, sino porque sus filas habían sido fuertemente infiltradas y cooptadas por los grupos narcos. Lo mismo que una parte importante de la dirigencia política que, por eso, hacía la vista gorda. Por lo tanto, lo que sucedió cuando los militares salieron a las calles a combatir es que los narcos empezaron a comprarlos a ellos también. Y a esta cooptación se sumó, también, la necesidad política de las autoridades de mostrar resultados en su guerra contra el narcotráfico. Entonces, aparecen los falsos positivos, en Colombia -donde la lucha contra el narco se mezcló con el conflicto interno-, y se triplicaron los asesinatos en 2007 en México, según cifras de la organización civil Litigio Estratégico de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

La experiencia de estos dos países no solo demostró que la violencia armada no se redujo cuando los militares salieron a combatir el narcotráfico, sino que también probó que la militarización es un camino muy difícil de desandar, incluso cuando gobiernan dirigentes muy críticos de esta estrategia y de la guerra contra las drogas al estilo estadounidense. 

Como opositor, Andrés Manuel López Obrador había sido un fuerte crítico de la guerra contra el narcotráfico que lanzó Felipe Calderón a fines de 2006, apenas 12 días después de asumir la Presidencia, y que le sirvió al año siguiente para pedir más ayuda militar y financiera a Estados Unidos, quien contestó con un segundo Plan Colombia, bautizado Iniciativa Mérida. Luego como candidato presidencial, AMLO prometió desmilitarizar la seguridad interna y, cuando ganó las elecciones, en 2018, volvió a comprometerse. Pero el año pasado, dio marcha atrás: "Cambié de opinión luego de ver el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la seguridad? Desde el principio sé que la paz es fruto de la Justicia y eso es la base de la política de seguridad: atender a los jóvenes, mejorar las condiciones de vida y trabajo, combatir la pobreza y la corrupción Todo eso lo estamos haciendo, pero qué íbamos a hacer con la policía federal como estaba. Se sabe que de la policía federal salieron todos los que están en la cárcel o acusados o prófugos por tremendas violaciones a los derechos humanos. Estoy convencido que la Guardia Nacional debe depender de la Secretaría de Defensa, como una rama más, como la Fuerza Aérea". 

Militarización, militares en la política y el ascenso de la extrema derecha

Mientras que López Obrador se encontró en México con poderes e intereses creados que no pudo o quiso tocar, en otros países, la militarización de la seguridad pública introdujo una mayor participación de los militares en la vida política. "A diferencia de otras épocas en el pasado, son los propios gobiernos civiles los que convocan a los militares a integrarse a sus gobiernos o a intervenir en crisis políticas. Eso es una novedad del intervencionismo militar de la época de la Guerra Fría. Antes los gobiernos civiles eran avasallados por los militares, ahora son los propios gobiernos los que dicen: 'Vengan a ayudar con esta crisis, a ser parte de un gobierno'. Hay dos casos emblemáticos de esos gobiernos cívico-militares: el Brasil de Bolsonaro y la Venezuela de Maduro", destacó Frenkel.

Pero la convocatoria a militares no solo debe a problemas de inseguridad, según el académico. "En un clima de apatía o de desconfianza hacia la política tradicional, los militares muchas veces aparecen como una institución respetada por la sociedad, que despliegan una serie de valores como la honestidad y la disciplina. Entonces, el desborde de la seguridad pública los lleva a involucrarlos en tareas de seguridad pública y después, el hecho de que tengan mayor participación en política o intervención en más asuntos o conflictos de la vida pública, hace que tengan más visibilidad. Lo vimos en Brasil, por ejemplo, como muchos ex militares fueron electos para ser diputados, senadores", explicó. 

Para Frenkel no es casualidad que gane fuerza "el militarismo como una ideología". "Es una forma de entender las relaciones sociales y económicas, en la que se pondera el uso de la violencia como algo válido, se reivindican las jerarquías y desigualdades sociales -porque algunos mandan y otros obedecen- y económicas -porque es el mercado el que decide quién es rico y quién es pobre-, y la desigualdad entre hombres y mujeres. Estas desigualdades, dicen, tienen que ser naturalmente aceptadas", explicó el académico.

Argentina es uno de los pocos países -seguramente en parte por su histórica con el terrorismo de Estado cometido por la última dictadura cívico-militar- en donde los militares siguen sin ser convocados a la discusión política, salvo algunas pocas excepciones que, por ahora, siguen siendo periféricas. Sin embargo, el debate sobre la utilización de Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública es cada vez más recurrente en el país al calor de las situaciones de creciente violencia armada, como la de Rosarío. Y, en un contexto de fuerte polarización, este debate cada vez suma más voces políticas y apoyo social a favor. 

El Destape