En toda la América hispana y en nuestro país en particular nos quedó como castigo la propiedad de la tierra, el latifundio, cuando antes de la llegada de los españoles su trabajo y apropiación eran básicamente comunitarios.

La posesión de la tierra y la renta es para pocos: la fundación OXFAM afirma que en toda América Latina el 1% de los propietarios posee el 50% de las tierras. Con ello demuestra cómo la matriz productiva y distributiva de las colonias sobrevive y persiste más de 200 años después, tornando en realidad el presagio de Simón Bolívar antes de morir en Santa Marta por la tuberculosis y perseguido por los apropiadores de la tierra: “Hemos arado en el mar”.

En nuestro país, tras la llamada “Campaña del Desierto”, el gobierno del general Julio A Roca decidió en 1885 otorgar a 538 estancieros 18.668.000 hectáreas. Los principales beneficiarios fueron los miembros de la Sociedad Rural Argentina (presidida por Martínez de Hoz), entre ellos las familias Anchorena, Álzaga, Alvear, Azcuénaga, Bosch, Castro, Díaz Vélez, Eguía, Echeverría, Escalada, Ezcurra, Gallardo, Garrahan, Irigoyen, Lacarra, Larreta, Lynch, Miguens, Obarrio, Ocampo, Ortiz Basualdo, Otamendi y Sáenz Valiente. Roca se apropió de 15.000 hectáreas (de allí que a su estancia la denominó “La Larga”) por la misión de desterrar a los indios de sus posesiones.

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, creado por ley 26.737 del año 2011, el 0,89% de los propietarios poseen el 33,89% de la superficie, con una extensión promedio de 22.000 hectáreas, en tanto el otro 99,11% de los dueños se reparte el 66,11% restante.

El Registro afirma que 26 millones de las 266.707.361 hectáreas de tierras rurales que dispone el país está en poder de 1.200 titulares, de las cuales 11,79 millones corresponden a firmas extranjeras y, de ellas, 1,87 millones (65 veces la ciudad de Buenos Aires) son propiedad de firmas con domicilio en guaridas fiscales.

Basta como ejemplo el ciudadano inglés Joseph Lewis, cuya fortuna según la revista Forbes se estima en 5.300 millones de dólares, es una de las más grandes de Gran Bretaña y lo ubica entre las 300 personas más adineradas del mundo. En la Argentina, además de contar con 38.000 hectáreas y utilizar como propio el Lago Escondido, Lewis es socio en Pampa Energía SA de BlackRock y del grupo Mindlin, muestra de su poder económico, que tiene la correspondiente influencia política. Antes de asumir en 2015 como intendente de El Bolsón, en Río Negro, Bruno Pogliano era el contador de Ladera SA, que preside el cuñado de Nicolás Van Dittmar, alter ego de Lewis. La actual gobernadora Arabela Carreras, oriunda de Bariloche, autorizó en septiembre 2021 a Ladera SA a lotear y urbanizar el cerro Perito Moreno, un área de alta montaña protegida por la ley de bosque nativo.

Y así sucesivamente influyen los grandes propietarios de la tierra de nuestro país y sus socios, ya no España o Inglaterra sino las grandes acopiadoras y comercializadoras de granos y carnes que operan en la Argentina con puertos y embarcación propias y/o controladas por ellos, donde el Estado (nacional, provincial, municipal) no se mete porque tiene prohibido el ingreso.

ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus (LDC), Glencore (Viterra, ex Oleaginosa Moreno), COFCO, Aceitera General Deheza, ACA y Molinos Agro (Pérez Companc) realizan el 80% de las exportaciones de granos y sus derivados, donde la producción de oleaginosas y cereales representan los dos rubros más significativos del comercio exterior en la Argentina. Durante el quinquenio 2017-2021 las exportaciones de los sectores oleaginosos y cerealeros representaron el 46,2% de las ventas totales al exterior, casi 30.000 millones de dólares anuales, pero en 2022 –según informa CIARA-CEC– sumaron 40.438 millones de dólares y también se acrecentaron el resto de las ventas externas (esencialmente hidrocarburos, minería y automóviles, conformando el record de un total de exportación de 88.466 millones de dólares), por lo que significa el 46% de las exportaciones.

La Argentina vende cada vez más bienes primarios o a lo sumo su manufactura, que implica una integración al mundo con menos valor agregado (trabajo), y en las manufacturas de origen industrial (MOI) es importante la industria automotriz, donde –en el comercio con Brasil– la mayor parte de las piezas del vehículo se hacen en la Argentina. Industria muy tecnificada, con cada vez menor empleo de mano de obra directa.

En la Argentina el capital privado, muy concentrado y extranjerizado, toma cada vez más dimensión, radicándose básicamente en la propiedad de la tierra para fines extractivos y de producción agrícola-ganadera y en enclaves industriales.

El modelo de desarrollo agropecuario imperante está centrado en el monopolio del acceso a las tierras más fértiles, basado por un lado en el desarrollo de agronegocios y pools de siembra y, por otro, en la minería y los hidrocarburos, con fuerte dependencia de tecnología importada y control de las exportaciones por parte de monopolios extranjeros.

Este modelo extractivista-agropecuario multiplica la contaminación ambiental y la degradación de las tierras, ha sido y es incapaz de generar empleo, reproduce la inseguridad alimentaria, aumenta la dependencia tecnológica, la concentración económica y, con ello, la capacidad política que tiene un reducido sector empresarial para imponer sus intereses inmediatos sobre el conjunto de la sociedad e internacionalizar los precios de los combustibles, la energía y los alimentos, que combinada con la presión a la suba del tipo de cambio encarece el costo de vida, con una inflación anual que a medida que el modelo se desarrolla supera la del año anterior.

Este modelo se presenta como lógico al sistema, pero la desmesura de las demandas de los que se benefician con este tipo de desarrollo extractivo y agropecuario, en condiciones en que la pobreza aqueja a más de un 40% de la población, hacen que –en lugar de ser controlado por el Estado– sea el propio Poder Ejecutivo Nacional el que otorga prebendas que van desde la disminución de las retenciones (derechos de exportación), a un tipo de cambio mayor para favorecer las ventas al exterior, sin contemplar que esos mismos sectores internacionalizan sus precios en el mercado interno. De allí que propicia el proyecto de ley denominado “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, que consensuó con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), para garantizarles estabilidad fiscal hasta 2025 (esto es, no aumentar la tasa de derechos de exportación a un sector fuertemente extranjerizado, con predomino de empresas transnacionales).

Igual pasa con la producción y comercialización de la carne vacuna. Es cierto que se trata de unos 220.000 productores y de 4.000 matarifes e industriales, pero se concentran y cartelizan en el denominado “Consorcio ABC”, conformado por los primeros 16 frigoríficos exportadores, que concentra el 66% de las ventas externas y que además controla las ventas por Cuota Hilton y Cuota 481 a Europa.

Se deben recordar las maniobras de subfacturación en las exportaciones del sector, en peso y precios declarados en la documentación por debajo de los valores vigentes en la plaza, así como la declaración de compra de animales de menor valor a lo que realmente se comercializan. La Secretaría de Comercio Interior en el año 2021 demostró que se realizaron operaciones con productores que no estaban registrados, que no se declararon operaciones con productores registrados (animales que son movilizados formalmente pero que luego no figuran en las declaraciones) y también la utilización de facturas apócrifas y la subfacturación de ventas (operaciones facturadas a precios por debajo de los del mercado y/o con menores cantidades declaradas), multando a S.A Carnes Pampeanas, Azul Natural Beef SA, Frigorífico General Pico SA, Frigorífico Alberdi SA, On beat SRL, Panoa SRL, Arre Beef SA, COTO centro integral de comercio SA, FRIAR SA, Quickfood SA, Swift Argentina SA, Tutto Porkys SRL, Logros SA, Marfrig Argentina SA, Carnes Sudamericanas SA y Black Bamboo Enterprises SA, todos conspicuos comercializadores de carnes del país.

Todos ellos fueron beneficiados por la ley de facto 21.453/76, titulada “Exportación: nuevas normas para productos de origen agrícola”, sancionada el 8 de octubre de 1976, que incluso el sector denomina como “Ley Agropecuaria”, que en su artículo 3 permite que las ventas al exterior sean registradas mediante declaración jurada, y en el 6 que en la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de las mercaderías serán de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta.

La propiedad de la tierra y su poder económico e influencia hacen a la vez que la recaudación del impuesto inmobiliario rural (que cobran las provincias) sea cada vez menor: en 2022 fue solamente del 0,4% del PIB. La explotación de tierras rurales está exenta del Impuesto a los Bienes Personales, mientras el IVA (que es el impuesto al consumo y pagamos todos) representó el 10,5% del PIB. Estamos hablando de las tierras más fértiles del planeta, donde coexiste la concentración de la propiedad y una cada vez mayor migración del sector, que no puede ser retenida en el ámbito rural bajo las condiciones del actual modelo productivo, el nudo gordiano a dilucidar con el modelo propuesto por los dueños y señores del “campo” de cada vez menos productores, a su vez más concentrados y poderosos, y por tanto fuera del alcance de nuestras leyes y de nuestra Constitución Nacional.

Por Horacio Rovelli