La Cámara Federal, con el voto de Leopoldo Bruglia, volvió a respaldar a la jueza María Eugenia Capuchetti al frente de la investigación del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. En una resolución de cinco páginas, sostuvo que la magistrada no tiene prohibido ejercer la docencia o hacer trabajos de investigación en el Instituto de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires (ISSP), que depende de la estructura del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y en forma directa del Ministerio de Seguridad que dirige Marcelo D'Alessandro, ahora de licencia por sus intercambios por Telegram con un colaborador del juez supremo Horacio Rosatti sobre fallos en casos de su interés. La querella de la vicepresidenta había mostrado que la propia resolución de designación de la magistrada decía que el instituto en cuestión funciona como "apoyo a la conducción política del sistema de seguridad integral" porteño y eso es "incompatible con la función judicial". En su fallo, el camarista retó con una "advertencia" al abogado José Manuel Ubeira al adjudicarle "la abusiva utilización de términos objetivamente ofensivos y agraviantes hacia" hacia Capuchetti.  

La policía porteña

La querella también había llamado la atención sobre el hecho de que, pese a haber abierto un legajo sobre las responsabilidades de fuerzas de seguridad en el contexto del intento de asesinato, la jueza no había avanzado en analizar posibles delitos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, al mando de D'Alessandro, que desde los días previos al atentado --el 1 de septiembre pasado-- había desplegado decenas de agentes en la zona. Por ejemplo, decían los abogados, el 27 de agosto los agentes se mostraron a la ofensiva contra los manifestantes que apoyaban a CFK, filmaron desde los balcones, dejaron pasar hacia el edificio de ella a integrantes violentos de Revolución Federal, no les pareció raro que hubiera vendedores de copos de azúcar y no advirtieron que Fernando Sabag Montiel ya estaba ahí armado. ¿Qué dijo Bruglia sobre esto? Que "las críticas efectuadas por posibles omisiones en la investigación, en tanto exceden el marco de esta incidencia, no serán tratadas". Sugirió que si quieren intenten con un "debido planteo a través de las herramientas procesales especialmente legisladas para dar respuesta a dichos reclamos". 

Los trabajos de la jueza

Capuchetti trabaja para el ISSP y cobra un sueldo desde 2014. Su última designación fue como "investigadora senior". El 2 de enero pasado obtuvo la renovación de su contrato en el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Ciudad. Allí no hay actividades de docencia o capacitación, sino diseño de políticas. Por eso la querella advertía que "participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo y no en una dependencia académica" y señalaba que sueldo depende del ministro D'Alessandro. Los abogados señalaban que son funciones incompatibles. Pero, además, sostienen que en los hechos la jueza ni ejerce la docencia ni investiga. "La señora jueza (...) tiene un curro en la Ciudad de Buenos Aires", dijo Ubeira en la audiencia de la semana pasada. "La jueza recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter ejecutivo y debe ser investigado", remarcó. 

Bruglia rechazó el planteo con el argumento de que "la docencia o la participación en trabajos de investigación como los descriptos --en principio-- no se encuentran vedados para los magistrados". Si hubiera, dice el fallo, "alguna falencia administrativa y/o irregularidades en el contexto de posibles incompatibilidades genéricas, su tratamiento resulta extraño al instituto invocado y debería ser canalizado por demás vías administrativas específicas". Es decir, dice que para el camarista no es un asunto que se pueda discutir judicialmente.  

Los letrados de la querella, además, habían analizado el funcionamiento del ISSP para mostrar que reparte otros cargos en el sistema judicial, desde su director, Gabriel Unrein, que es fiscal ante la Cámara del fueron penal contravencional, para abajo. El abogado Marcos Aldazábal lo describió como "un aguantadero o una caja política (...) es un instituto dedicado a la violación de la independencia de poderes". El camarista Bruglia respondió que "las particularidades (fines y objetivos) que le asigna la querella al instituto en el cual la magistrada desarrollaría las actividades académicas, como así también los actores que menciona en carácter de integrantes o referentes del mismo, no conforman parte de imputación alguna en estas actuaciones ni de las líneas investigativas en trámite". El fallo dice que "no se comprende" cómo ese organismo podría tener "interés" en el resultado de la causa sobre el ataque a CFK. La querella de CFK considera que la clave es, precisamente, la falta de investigación sobre la policía porteña y las posibles conexiones con D'Alessandro, a quien describen como "operador". 

El camarista Bruglia insiste en que el "desempeño académico" no es una razón suficiente para justificar la recusación. Y que en este caso "se requeriría al menos de la constatación de otros elementos objetivos, los cuales mínimamente permitan avizorar una coyuntura de una significativa y directa dependencia funcional, jerárquica y económica con los sujetos que potencialmente puedan resultar formalmente investigados, imprimiendo recién así un cuadro de situación que amerite adentrarse en un análisis respecto a la posible presencia o no de un 'interés' en el sentido que persigue la norma". Todavía la vicepresidenta tiene la posibilidad de que la Cámara de Casación Penal Federal revise las dos recusaciones planteadas. La primera aludía a todas las falencias de la investigación, las demoras y la falta de profundización de una pista política y económica. 

Retos a Ubeira 

Por segunda vez, la Cámara levantó en peso a Ubeira, "por la abusiva utilización de términos objetivamente ofensivos y agraviantes hacia un magistrado que, al resultar opiniones carentes de efecto jurídico alguno, revelan un innecesario exceso en el rol de su ministerio". El fallo anuncia que notificará al Colegio Público de Abogados, al igual que a la Asociación de Magistrados. 

Por Irina Hauser * P12