La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, decidió prorrogar por dos meses más el período de validación al plan Potenciar Trabajo para aquellas casi 155.000 personas que no lo hicieron a la fecha. Si para marzo no confirmaron su pertenencia, esos beneficiados serán dados de baja de manera automática.

Sin embargo, aquellos que todavía no se registraron percibirán en febrero el 50% del importe, que corresponde a la mitad de un salario Mínimo Vital y Móvil. Según confirmaron desde el Ministerio de Desarrollo Social a Infobae, hasta ahora no se efectivizó “ninguna baja del padrón”, como aseguran dirigentes sociales de izquierda.  
 
Uno de ellos es Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero y referente de la Unidad Piquetera, quien afirmó que los que no pudieron validar sus datos es porque les fue imposible conectarse a la plataforma Mi Argentina. “O bien acercarse a alguno de los 56 Centros de Referencia ubicados en todo el territorio nacional para completar el trámite”, expresó.

En este contexto, los piqueteros volverán a manifestarse en el centro porteño este miércoles, a partir de las 14, frente a la sede del ministerio, en la avenida 9 de Julio.

Sobre el conflicto, un primer razonamiento lleva a concluir que el 11,3% del padrón que percibe el Potenciar Trabajo (154.441 personas de los 1.066.513 titulares del plan) accedían al cobro del beneficio de manera irregular. Sin embargo, dirigentes como Belliboni niegan esta situación.

Por su parte, los funcionarios de Tolosa Paz utilizan la palabra “suspensión” para referirse a las personas que cobraban el plan social pero no cumplieron con procedimiento de validación. Validar la titularidad al Potenciar Trabajo significa que el beneficiario debe acreditar que es él quien percibe el importe que recibe de manera mensual por parte del Estado y no otra persona.

Una causa judicial investiga, por ejemplo, si funcionarios, dirigentes sociales y/o punteros políticos se quedan con las tarjetas de los más necesitados para cobrar ellos el beneficio, un hecho que configuraría un delito.

En los tribunales de Comodoro Py aventuran que unas 150.000 personas podrían ser víctimas de esta maniobra, una cifra cercana a los que hasta ahora no validaron su real pertenencia al programa.

Todos los meses, desde las Unidades de Gestión (UG), como por ejemplo cooperativas, y que pertenecen a los movimientos sociales, tanto oficialistas como de izquierda, deben certificar que los beneficiarios del Potenciar Trabajo realizan allí las 20 horas de tareas semanales. Es decir que son los propios dirigentes sociales quienes deben certificar que los beneficiarios trabajan en ese lugar.

Es por esta razón que en los pasillos del piso 14 del edificio ubicado en la Avenida 9 de Julio se preguntan cómo puede ser que en las cooperativas de las organizaciones sociales no hayan podido encontrar a las personas a las que, cada mes, les certificaban su tarea para que cobre el importe correspondiente al programa.

Los funcionarios del ministerio de Desarrollo Social dan un ejemplo. Aseguran que al Polo Obrero le falta validar 7.500 personas que hasta hace un mes certificaban como titulares activos del Potenciar Trabajo. Belliboni afirmó que el número es mucho menor y justificó la falta de validación a los inconvenientes para realizar el trámite.

Además, entiende que a la falta de conectividad que sufren “miles de personas que a veces no tienen ni agua potable para tomar” se le suma el “bloqueo de la página del ministerio de Desarrollo Social”, para denunciar que fueron mal excluidos del Potenciar Trabajo y que, hasta el momento, 11.284 personas presentaron su reclamo para denunciar errores en la exclusión del beneficio.

Cada uno de esos pedidos, según pudo acreditar Infobae, es recibido y analizado por la Secretaría de Economía Social, que depende de Emilio Pérsico, a la sazón, líder del Movimiento Evita, una de las organizaciones sociales con mayor cantidad de Unidades de Gestión y titulares de Potenciar Trabajo que realizan sus tareas allí.

Pérsico, a quien la Coalición Cívica de Elisa Carrió, acusa de estar “de los dos lados del mostrador”, tiene un lapso de 30 días para comunicar el resultado del reclamo. Si la queja es válida, volverán a percibir la totalidad del importe correspondiente en el mes de marzo. Quienes en los 60 días posteriores a la finalización de la validación no presenten reclamo serán dados de baja del programa.

“Alguien que no validó y esta en una cooperativa, está organizado, es porque no lo pudo hacer. El trámite no es sencillo, como dice Tolosa Paz. Hay que hacer una validación de rostro por el celular, lo cual es complejo. Después te tenían que enviar un mail, Todo es una complejidad virtual”, explica el líder piquetero que ya anunció una plan de lucha contra la medida de la ministra de Desarrollo Social.

Para el referente de la Unidad Piquetera, “todo esta hecho para dar bajas” y recuerda que con la llegada de Tolosa Paz a la cartera social se dejó de lado la auditoría presencial que inició su antecesor, Juan Zabaleta, por el nuevo sistema. “Se iba a las Unidades de Gestión para comprobar que la gente trabajaba en el lugar, había una universidad nacional en el medio que era la que registraba que lo que estaba haciendo el Estado estaba bien. Ahora es directamente el ministerio el que lo hace”, se queja Belliboni.

Según Tolosa Paz, el control del intendente de Hurlingham fue reemplazado por el propio porque el anterior era muy lento y el chequeo de identidades podía demorar años. ¿Qué reclama la Unidad Piquetera? “Que el control se haga de manera presencial. Hay gente en el interior que no han podido hacer la validación. No pudieron anotarse porque en algunos pueblos no hay ni agua. Pedirle que vaya a la capital de la provincia a validar en uno de los Centros de Referencia, que dice la ministra, es una locura”, indicó Belliboni a Infobae.

-¿Y qué pasó durante la reunión que la Unidad Piquetera mantuvo con Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social y responsable del Potenciar Trabajo por el tema de la ciento sesenta mil bajas o “suspensiones”, como las llaman en Desarrollo Social?

-Pérsico ratificó todo. Para nosotros, para la Unidad Piquetera, El Fondo ordena, Tolosa Paz condena y despide a 160.000 personas pobres. Pérsico justificó las bajas diciendo que la plata que no se pague a los beneficiarios del programa no va a ir al Fondo Monetario Internacional como decimos nosotros, sino que va a ir a parar a las Unidades de Gestión, es decir a ellos. Guita que le va a ir a él porque la mayoría de las Unidades de Gestión que reciben plata para comprar herramientas son de ellos, del Movimiento Evita. Las nuestras no salen nunca. Pérsico cambia compañeros por plata.

Nota:infobae.com