Cuando buscamos la palabra “violencia” en el buscador que más solemos utilizar lo primero que aparece es “violencia de género” y luego otros tipos como simbólica, económica, psicológica, pero no aparece laboral entre las primeras opciones.

Sin embargo, como no escapa a otras situaciones, las mujeres son quienes más la padecen. 

La encuesta realizada por la Universidad Nacional de Avellaneda y la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral presentada a fines del año pasado que reflejó que el 65,5% de las mujeres entrevistadas dijo haberla sufrido, mientras que el 43,5% de los varones encuestados aseguró haber padecido algún tipo de agresión. 

La misma encuesta advierte que 3 de cada 10 encuestados dijeron que padecen violencia laboral en su actual trabajo. Y que entre las modalidades más padecidas se destacan la violencia psicológica con el 78%; seguido por el 67% de los casos de discriminación y el 52% de violencia sexual. 

En tanto, el informe presentado por el Ministerio de Trabajo de la Nación “Violencia y acoso en el mundo del trabajo”, a un año de la ratificación del Convenio 190 reveló que, durante enero a julio de 2021, la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia laboral (OAVL) recibió 865 consultas para asesoramiento. El 65% de estas consultas fueron propiciadas por mujeres, mientras que el 32% restante fueron realizadas por varones.

La violencia laboral está contemplada en la ley 26.485 sobre “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” como modalidad y está definida en el Convenio 190 de la OIT, primer documento internacional que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente laboral libre de violencia. Es decir que cobertura normativa y legal existe.

Argentina fue el cuarto país del mundo en ratificar el mencionado Convenio y si bien aún no contamos con una ley nacional que sancione este tipo de violencia el Estado, los sindicatos y el sector privado están tomando iniciativas muy interesantes para abordarla- no sin dificultades- sobre todo cuando no existen ámbitos abiertos de discusión con participación sindical efectiva a través de la negociación colectiva. 

Desde las asociaciones sindicales hace años que trabajamos con empleadores/as y afiliado/as en la prevención a través de capacitaciones, como la Iniciativa Spotlight que en nuestro país impulsa la OIT; elaboración de protocolos integrales y conformación de comités interdisciplinarios para acompañar a trabajadore/as que padecen violencia.

El Banco Argentino de Desarrollo BICE adhirió a la Campaña Tolerancia Cero a la Violencia contra las Mujeres impulsada por el Gabinete de Género de la Secretaría Industria y de Desarrollo Productivo de la Nación. Se trata de la firma de un acta compromiso para lograr ambientes libres de violencia. De hecho, en estos días también se sumó BICE Fideicomisos.

Por su parte, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad está impulsando el programa Igualar, al que recientemente el BICE se sumó, y cuyo objetivo es “reducir las brechas y segregaciones estructurales de género que existen en el mundo del trabajo, el empleo y la producción desde una mirada interseccional y de derechos humanos”. 

En tanto, desde la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo se está impulsando el programa Qualitas 190, un plan “de desarrollo, capacitación e incidencia en materia de prevención y erradicación de la violencia y el acoso laboral desde una mirada multidisciplinar”, destinado a organizaciones empleadoras y en reiteradas oportunidades ha trabajado en conjunto con organizaciones sindicales. 

Una vez más el trabajo en alianza entre el sector público, el privado y las organizaciones sindicales es preciso para dar pasos más firmes y proteger a las y los trabajadores. Aún queda mucho por hacer para que los ambientes de trabajo sean libres de violencia, pero el esfuerzo mancomunado que se está llevando adelante es un buen augurio, que se verá reforzado cuando contemos con una ley nacional.

Por Carla Putito * Ámbito Financiero