El ajuste ideológico

Actualidad 19 de diciembre de 2022
social

¿Qué significa 4,9% de inflación mensual?

Fue una sorpresa positiva que la suba de los precios de noviembre no superara el 5%. Claro que muchos queremos que la inflación baje mucho más y deje de erosionar a los sectores de ingresos fijos. Pero, ¿alcanza el 4,9% para entrar en una zona de optimismo? Falta mucho.

Como ya ha sido señalado, la inflación mide el incremento de precios, pero no indica nada en relación a los ingresos de la población. Puede haber inflación del 20% anual, acompañada por un aumento real de los ingresos de los asalariados como ocurrió en tramos del período kirchnerista, o puede haber inflación cero, como en la segunda mitad de los ’90, con ingresos que se iban deteriorando por la contracción constante del nivel de actividad y el miedo al desempleo.  

Supongamos que se llegara mañana a inflación cero, con los actuales niveles salariales, de jubilaciones, de salario mínimo y de otras transferencias sociales. ¿Habría que festejar la inflación cero? No, porque aún restaría lo fundamental, que es re-equilibrar el sistema económico argentino y devolver poder adquisitivo a la mayoría del país. Poder adquisitivo que fue apropiado en los últimos años por los sectores más concentrados de la economía.

Sin embargo, el 4,9% podría ser bienvenido como símbolo de otra cosa: por fin el gobierno empieza a encontrarle la vuelta al control de la economía…

Después de una largo período de burlas y humillaciones por parte de los formadores de precios a las autoridades económicas –y políticas— en los últimos 3 años, el ministro Massa estaría empezando a poner en caja las deformaciones brutales en materia de remarcaciones arbitrarias y de tasas de rentabilidad súper altas. En este segundo sentido, tampoco las cosas están tan claras: el gobierno está sometido a chantajes cruzados, tanto del campo como de los bancos y de los formadores de precios, que lo empujan sucesivamente en la dirección sectorial deseada. Pero el resultado no es necesariamente coherente.

Por ejemplo: para pagar el dólar soja y lograr que los agroexportadores liquidaran divisas para fortalecer un poquito las reservas, el gobierno debió inyectar fondos en la economía que los financistas interpretaron como inflacionarios, reclamando tasas mayores para seguir prestándole al Estado, y por lo tanto obteniendo mayores transferencias desde las arcas públicas.

En ese sentido, la gestión de Massa no ha logrado resolver el acoso a las cuentas públicas desde distintos frentes empresariales, y encima ha renunciado al impuesto a las ganancias extraordinarias provenientes de la guerra en Ucrania o al revalúo inmobiliario que en su momento propuso la ministra Silvina Batakis. O sea, renuncia a recaudar de los sectores con alta capacidad contributiva y cede frente a poderes corporativos que reclaman más subsidios y transferencias. No parece una actitud propicia para restablecer el control público sobre las principales variables económicas.

Una poderosa razón para renegociar el Acuerdo con el FMI

Si bien la inmensa población urbana argentina no se entera de la importancia de ciertos fenómenos climáticos, es bueno saber que nos afectan, y mucho. Hace ya unas cuantas semanas se viene advirtiendo del fenómeno de una sequía extendida, que está afectando cada vez en forma más severa las perspectivas productivas agrarias, y por lo tanto las exportaciones y el ingreso de divisas a nuestro país.

Los datos recientes en relación a la cosecha de trigo son más que preocupantes: la cosecha podría mostrar una caída del 50% en relación a la del año anterior, y la continuación de la sequía podría afectar al próximo período de siembra de soja, otra ingreso clave para la economía nacional.

Ya las autoridades económicas habían estimado en 5.000 millones el efecto negativo sobre nuestro comercio exterior del conflicto en Ucrania. Ahora se agrega el retroceso en ingresos que está provocando un fenómeno climático del cual ninguna autoridad argentina puede ser culpada.

Lo cierto es que esta realidad internacional producto de un capitalismo que funciona francamente mal (tasas de interés en alza, precios muy elevados de la energía y alimentos, conflictos económicos y políticos con consecuencias recesivas, y un cambio climático que también es efecto del capitalismo depredador) pone en tela de juicio la posibilidad de que la Argentina pueda pagar sus compromisos externos sin tener que sacrificar aún más el nivel de vida de la mayoría de su población.

El gobierno nacional debería tomar nota de estos datos objetivos, y construir un discurso más racional y socialmente responsable, y menos dependiente de las sonrisas y caricias verbales del FMI. No puede esperarse de los burócratas internacionales lealtad a las necesidades populares argentinas. El gobierno cuenta hoy con argumentos irrefutables que deben ser usados para defender el nivel de actividad y de ingresos de lxs argentinxs.

Tres años retrocediendo

Se cumplieron tres años de la gestión de Alberto Fernández y el desconcierto –cuando no desilusión— es importante entre los sectores que apoyaron electoralmente la alternativa del Frente de Todos. La trayectoria de este gobierno podría sintetizarse diciendo que son los sectores del capital los que realizan una permanente puja distributiva contra el resto del país, que los sectores del trabajo y demás capas populares esperan con cierto grado de pasividad que el gobierno equilibre de alguna forma esta situación, y que el gobierno, obstinado en no confrontar con los grandes factores de poder, deja que éstos, desde las palancas económicas que dominan, vayan configurando una distribución del ingreso de acuerdo a sus conveniencias.

En estos tres años se ha debilitado la autoridad del Estado y se ha puesto de manifiesto la voluntad autoritaria de quienes dominan los principales mercados para imponerle a la sociedad sus intereses, sin molestas mediaciones de la política. El gobierno mostró disposición a adaptarse al statu quo desde el comienzo de la gestión, sufriendo los efectos negativos de esa forma de gobernar en forma creciente.

La crisis de inestabilidad de mediados de este año fue el desemboque de una renuncia sistemática a controlar y regular los distintos frentes económicos. No es fácil, no es sencillo, pero es la única forma de gobernar la Argentina a favor de las mayorías.

Si no, el gobierno termina poniendo la cara por un estado de situación que es determinado por las corporaciones mediante su dominio sobre los precios, el dólar, el comercio exterior, los impuestos y el crédito.

Lo que no se puede decir

Los últimos acontecimientos político-judiciales y policiales han profundizado las tensiones en todas las fuerzas políticas y las han puesto frente a situaciones que probablemente las obligarán a asumir cambios importantes para evitar situaciones insostenibles.

En el campo del kirchnerismo, el intento de asesinato de Cristina Fernández y la profundización de la ofensiva de la derecha vía su rama judicial para encarcelarla y proscribirla, pone en tela de juicio la capacidad de esta fuerza política para enfrentar a una configuración de poder que ya se muestra muy alejada de todo paradigma democrático y republicano.

El kirchnerismo, guste o no, es una fuerza políticamente liberal, democrática y pacífica, que ofrece sus ideas y propuestas en las condiciones formales que establece la democracia.

Sin embargo se encuentra con que las condiciones fundamentales que posibilitan la democracia están siendo violadas: el pluralismo informativo es casi nulo, las técnicas de manipulación masiva de la población son utilizadas sistemáticamente, ganar elecciones no garantiza poder gobernar ni modificar nada a favor de la gente, la Justicia se muestra como un brazo del poder económico y mediático y además se puede privar de libertades y derechos a las personas sin pruebas.

Si este cuadro de situación es cierto, todas aquellas personas que quieran hacer política en nuestro país a favor de los intereses populares deberían revisar sus prácticas, para que tengan algún sentido productivo y no sean meros ademanes complementarios del régimen de dominación social que han establecido los poderes fácticos.

Pero en el campo de la derecha, la situación tampoco es sencilla después de la revelación de los viajes a Lago Escondido, como demostración escandalosa de la estrecha relación entre factores de poder estrechamente coordinados para vaciar a las instituciones republicanas a favor de negocios y privilegios de grupos empresariales.

Ahora que ya se sabe, que no se pudo parar la difusión, que los propios involucrados confirmaron el carácter criminal de sus actividades, es muy difícil la situación para el campo que simula republicanismo.

No sería nuevo que la derecha local ignore atropellos, delitos y actividades criminales de su propia gente. Al contrario, se diría que es una práctica ya muy asentada. Basta que no los publique su propia prensa, que no los comente nadie y que pasen los días, para sacarlos de la agenda.

Pero lo de Lago Escondido es demasiado. Hasta el propio Presidente de la Nación debió referirse al episodio, lo que le dio también difusión internacional.

Lo ocurrido es completamente inaceptable, incluso desde los hipócritas cánones de las democracias occidentales. Cualquier persona “de bien” debería decir que no puede ser que ocurra algo así, y que tienen que abandonar por incompetencia ética los jueces y funcionarios que participaron en tal actividad mafiosa.

Horacio Rodríguez Larreta, el derechista moderado, parece decidido a bancar a sus propios funcionarios involucrados, pero ya hay gente del espacio cambiemita como Federico Storani y otros, a los que se les hace demasiado gravoso sostener semejante acumulación de flagrancias anti republicanas.

Por supuesto que se puede intentar sostener la farsa de republicanismo –como lo hace Elisa Carrió hace muchos años— viviendo del odio anti peronista o anti kirchnerista. Pero todos saben que al hacerse los idiotas se carcome profundamente la legitimidad moral del discurso “transparente” de la derecha. Precisamente cuando ese espacio necesita esa legitimidad “moral” para sostener sus planes de ajuste y enajenación del patrimonio nacional.

Liderazgos

Alguien podría decir que si los sectores populares bajaran sus expectativas y moderaran sus deseos, no habría conflicto en la sociedad argentina. Sería cosa que adoptemos una filosofía similar a la de la sociedad chilena, individualismo y orden, antes del estallido de 2019.

Pero en nuestro caso la solución de “que se termine la grieta” por la vía de que uno de los polos del conflicto se rinda, no serviría.

La hegemonía completa y absoluta sobre todo el país y sus instituciones de la derecha local, la derecha realmente existente, no abriría un camino de paz y progreso.

La razón es evidente: cada vez que gobernó, y con un poder político y social extraordinario, la derecha local fracasó estrepitosamente, por sus propias limitaciones e incapacidades.

Fue así con la dictadura cívico militar, fue así con el menemismo-Alianza, y fue así con Macri. Fracasan. Fracasan económicamente porque tienen programas inconsistentes y de rapiña, generan desastres sociales inmanejables y finalmente se auto-desestabilizan políticamente.

Que ellos no quieran reconocer el origen real de sus desastres es parte de la naturaleza de las cosas. No pueden decir de sí mismos que son incapaces de asumir un liderazgo nacional serio.

Pero el problema principal está en el campo social alternativo.

Siempre hubo algo de mágico en esperar que Cristina por sí sola resuelva los problemas del campo nacional y popular. Pero ahora ella se ha corrido de la puja político-electoral. En las dos últimas elecciones, los candidatos fueron Daniel Scioli y Alberto Fernández, ambos carentes de capacidad de liderazgo sólido.

El estilo de hacer política de Alberto Fernández es exactamente lo opuesto a lo que le hace falta al movimiento popular, que viene siendo hostigado sin piedad por el poder económico en las últimas décadas y por la prepotencia de una derecha antipopular y también antinacional, que ahora ha logrado sacar a Cristina de la carrera presidencial y que continúa amenazando a su familia.

El formalismo pseudo legalista, la superficialidad y banalidad en los juicios, afirmaciones y comentarios, la despreocupación por la realidad concreta y los efectos de las políticas públicas –tanto de las que se hacen como de las que no se hacen—, la falta de foco en cuestiones estratégicas y por lo tanto la carencia de línea en general, la simulación como si no existieran enemigos de los intereses populares, no puede admitirse si se quiere un movimiento popular de pie.

¿El próximo gobierno popular va a seguir permitiendo que la política económica se la hagan desde los mercados, desde el FMI, desde Washington?

¿El próximo gobierno va a reclamar el apoyo de sindicatos y organizaciones sociales para hacer lo que le indican las cámaras empresariales, que carecen de un proyecto para el conjunto del país?

¿Qué visión inteligente, estratégica, se enfrentará con el jardín de infantes de los intereses corporativos, aficionados a mirarse al ombligo de sus intereses particulares?

El cuadro de situación es lo suficientemente dinámico como para que también haya espacio para la acción y para la esperanza.

Por Ricardo Aronskind * El Cohete

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