Ni por la final de la Copa del Mundo ni por la cercanía a las fiestas la Corte Suprema pone en pausa su golpe institucional en cámara lenta. Esta semana el tribunal presidido por Horacio Rosatti tomó dos decisiones que sólo pueden explicarse a partir de una lectura política, nunca jurídica, y que profundizan la crisis institucional que ya paraliza una parte sensible del funcionamiento del Estado.

La confirmación extemporánea de la condena de Milagro Sala, presa política desde hace siete años, despojada de sus fueros, sometida a un juicio irregular y viciado, en este contexto, días después de que se conociera la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, solamente puede leerse como una convalidación, un guiño de aceptación, a la pena que cayó sobre la vicepresidenta.

Un ejercicio meramente teórico para dimensionar el tamaño del problema que significa ir a elecciones el año próximo con un tercio de la sociedad privado de la representación, el más elemental derecho político: imaginar por un instante el caos en el que quedaría inmerso el país si el 30 por ciento del padrón decidiera, orgánicamente o cada uno por su cuenta, votar en blanco o no asistir a las urnas.

No es un escenario de ciencia ficción. Sin ir más lejos, en las elecciones de medio término de 2021 el principal problema del oficialismo en el conurbano bonaerense, donde se dirimen las elecciones, fue el ausentismo, que se contó en millones de votantes del Frente de Todos. El resultado fue una derrota que no estaba en los planes de casi nadie. Sólo CFK lo había advertido.

En una elección presidencial con la vicepresidenta marginada, este fenómeno puede magnificarse, especialmente si nadie más asume que hay dos elefantes destrozando el bazar mientras todos fingen demencia. El primero es que en la Argentina, por primera vez desde 1983, habrá una candidata, líder de un espacio que interpela a millones, que estará proscripta en las urnas. 

El segundo es que a Cristina la quisieron matar. Y que toda la trama que se desvela alrededor del crimen exhibe cada vez más vínculos con parte del establishment político, empresario y judicial. Y que no se ha investigado ni se le ha pedido explicaciones a nadie, ni Caputo, ni Millman, ni siquiera la vecina del piso de arriba, porque la impunidad en este país con algunos es sumamente generosa.

Un paréntesis: los problemas de “Gerry” sólo están empezando. Patricia Bullrich, su jefa política, ya le soltó la mano, aunque es probable que el escándalo la salpique: Millman fue, durante años, el jefe de campaña de Pato. Jefe de campaña en estos casos suele ser un eufemismo de recaudador. Cuesta creer que sus chanchullos con empresas contratistas del Estado fueran 100% rebusque cuentapropista).

La segunda acordada de los supremos volvió a pulverizar la división de poderes, al desconocer una resolución de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, para avanzar en la toma de juramento a los cuatro representantes ante el Consejo de la Magistratura, a pesar de que ella había suspendido la elevación de sus designaciones por orden de un juez.

Rosatti, presidente a la vez de la Corte y del Consejo (por su propia voluntad, quién pudiera), había rechazado, dos días antes, el pedido de audiencia de los diputados y en una entrevista había adelantado que si “la política” no dirimía el diferendo, la Corte lo haría por acordada, una amenaza fuera de lugar y contraria al derecho que, sin embargo, no tuvo empacho en cumplir a rajatabla.

El presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, explicó con claridad, a través de un hilo en redes sociales en el que cita letra de fallos anteriores del propio Rosatti, que utilizar una acordada para “resolver controversias de derecho“ es el equivalente a dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia, con la salvedad de que la Constitución no contempla esa herramienta para el Poder Judicial.

Fue una semana atípica para el presidente de la Corte, porque, contra toda costumbre, decidió dar, en pocos días, la entrevista (a Carlos Pagni en La Nación +) y un discurso (en la cena anual de la Asociación de Magistrados). Algunos conceptos que dejó esa cita, ante sus pares, sirven para comprender mejor el derrotero que sigue el Poder Judicial bajo su conducción.

- “La fortaleza del Poder Judicial está en su independencia y esa independencia se traduce en la no transabilidad, la no negociabilidad de nuestras decisiones. Muchas veces nos preguntan ‘¿ustedes no piensan en las consecuencias de sus decisiones?’ Sí, pensamos, pero yo cuando me preguntan esto digo: ¿Y acaso quienes no han podido resolver un conflicto antes de judicializarlo, quiénes los judicializan, quiénes recorren distintas instancias judiciales manteniendo su disconformidad... sobre ellos no recae la pregunta de ¿no piensan en las consecuencias?”.

- “Esta Corte está compuesta por integrantes que no se cuecen en el primer hervor. Esta Corte es la que está dispuesta por supuesto apoyar a los buenos funcionarios para lo cual, desde ya, hay que dar el ejemplo”.

- “No me sonrojo para hablar de un Poder Judicial fuerte ni una Corte Suprema fuerte”.

- “El tiempo es difícil pero vamos a una justicia mejor, siempre que tengamos en claro que nuestras decisiones no son negociables, no están en el comercio. Dependen de nuestra convicción”.

Nada dijo Rosatti, ni en el discurso, en acordadas, ni en la entrevista que dio esta semana, sobre el escandaloso contubernio que involucra a jueces federales, dirigentes políticos y directivos del Grupo Clarín en una cantidad de delitos gravísimos. El crimen a la luz del día no tiene consecuencias para los involucrados, que siguen, como si nada, decidiendo sobre la vida y la propiedad de 50 millones.

El entramado jurídico y político del país tambalea ante cada firma de esta Corte, a la que la Constitución y la Nación argentina le confiaron nada menos que su custodia, pero que ahora actúa en su contra, con prevaricato, alevosamente, sin reparos, sin cuidar la apariencia ni la coherencia interna de sus decisiones, torpes dictadores capaces apenas de hacer el trabajo de demolición que les fue encargado.

La parcialidad obscena del Poder Judicial, que derrama desde su cúpula, tal como terminó de manifestarse en las últimas semanas, es incompatible con cualquier idea moderna de país, aunque no con Qatar, que, ahora nos venimos a enterar, es el modelo de país para Mauricio Macri, sobre todo porque no tienen gremios. Teléfono para los dirigentes sindicales que se están desayunando la cena.

Cuando la política no tiene respaldo social sobreviene una crisis. Si, en cambio, pierde legitimidad quien debe impartir justicia, el problema es mucho más profundo. ¿Cómo se gobierna un país donde un tercio de la población, excluida económica, social y ahora también políticamente, desconoce por parcialidad manifiesta la autoridad del árbitro de todo conflicto? Spoiler: a los tiros. Es decir, sin democracia.

Por Nicolas Lantos * El Destape