El martes 6 de diciembre se va a concretar una nueva vergüenza para nuestro sistema de justicia. El veredicto en la causa conocida como “Vialidad”, es una estación clave en la ruta de una operación criminal sin precedentes en el país. La vicepresidenta de la Nación será condenada por hechos que no existieron. Como es de prever, el evento será mucho más que la condena de un inocente, lo que de por sí es suficientemente dramático. Se trata de la etapa final de un plan elaborado cuidadosamente durante años. Sus autores son los mismos que en los setenta llevaron adelante el saqueo y fuga que se conoció como Plan Condor I. Por supuesto, con el recambio biológico inevitable pero con idéntica ideología y fines, reiteraron el objetivo, remplazando la metodología de secuestro, tortura, desaparición y muerte, por el novedoso Lawfare. 

De ese modo, servicios de inteligencia, medios hegemónicos y poder judicial sincronizaron sus relojes para que Mauricio Macri pudiera irrumpir en 2015 junto a su organización y concretar un nuevo saqueo y fuga (Plan Condor II). Como hoy sabemos, en 2016 se puso en marcha la operación “Cancelar a Cristina”. Uno de los hitos de la ruta en ese año, fue un preso de apellido Fariña, a quien se reclutó para entrenarlo en declarar contra CFK a cambio de escandalosas prebendas (su libertad, vivienda lujosa, etc.). En una secuencia inédita, se fueron llenando las miles de fojas que pueblan el expediente de Vialidad. Toneladas de ficción con las que un sistema irremediablemente corrompido está por consumar un nuevo Shock en terminología de Naomi Klein. La notable autora explica cómo, lo que llama el “Capitalismo del desastre”, aprovecha crisis (reales o provocadas) para aplicar las políticas neoliberales de la célebre escuela de Chicago de Milton Friedman. Así como un terremoto o un tsunami son fenómenos naturales -aprovechados para los saqueos-, los golpes de Estado en la región son fenómenos generados con el mismo fin, la transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los más poderosos. Pasó con la dictadura genocida en el país, pasó con los 4 años del gobierno de Macri y ahora, se pretende el regreso amarillo para el 2023 a partir de la desestabilización y cancelación a cualquier costa de la mayor referenta política con que cuenta la República Argentina.

El atentado del 1 de septiembre, tuvo como fin frenar la interacción directa y cotidiana de la lidereza con su pueblo. Eso se logró. Sin embargo, su figura continuó creciendo e instalándose como opción real para las elecciones del año entrante. Ante ello, cobra mayor importancia la continuidad del plan criminal comenzado en 2016 para incriminarla de hechos delictivos sin importar que nunca hayan existido. Los jueces del tribunal ejecutor no sólo jugaban al fútbol con los fiscales. La elección del lugar físico (casa de campo de Mauricio Macri), fue una parte hasta ahora inadvertida del plan en cuanto a su finalidad. Se trata del exhibicionismo obsceno del poder. Es una forma más de terror y disciplinamiento. En parte hacia el “afuera” -la comunidad en general-, pero también en parte hacia el “adentro” del propio Poder Judicial. La efectividad de esa exhibición se traduce en el silencio decepcionante de las buenas juezas, jueces, fiscalas y fiscales que conviven de manera aparentemente pacífica con el elenco estable de la corrupción federal.

En ese escenario, transcurrieron los 3 años de gobierno actual, con un Lawfare a pleno, dedicado casi exclusivamente a “limpiar” la escena del crimen macrista de los años anteriores y a llegar al climax de la persecusión a Cristina a través de dos vías que confluyen, las balas y un fallo. Con el primer objetivo (la limpieza) se logra la impunidad de la organización criminal más grande y elaborada de la Argentina. Con el segundo (la cancelación), se efectiviza la antigua “atimia” de la democracia Griega, que equivalía a la muerte civil y que hoy en medicina se define como “Alteración de la afectividad que se caracteriza por la indiferencia afectiva, el desinterés y la inactividad”. 

Sin embargo y a pesar de esos intentos, los violentos criminales del Lawfare no lograrán ninguno de sus siniestros objetivos. No somos un “pueblo de mierda” como sostiene Luis Juez, sino uno que ya ha demostrado estar dispuesto a defender exitosamente su democracia y a su lidereza.

Por Carlos Alberto Rozanski * P12