Una secuela de incidentes ocurridos hace pocos días en la frontera de Ucrania con Polonia puso al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial y expuso, por un fugaz instante, a la compleja dinámica bélica. La desposesión por la violencia intrínseca a esta dinámica trasciende, sin embargo, a esta guerra e impregna al mundo entero. Recubierta por una espesa cáscara de impunidad, esta dinámica se naturaliza y reproduce sin límites. Analizarla implica, pues, desgarrar su impunidad y mostrar cómo se enraíza en un orden social que no es eterno y que puede ser eventualmente transformado.

Hacia la Tercera Guerra Mundial

Poco después del mediodía del martes 15 de noviembre, y en un contexto de rumores sobre un incidente en Polonia, Associated Press (AP) anunció que un misil ruso había atacado a un pueblo polaco en la frontera con Ucrania, causando la muerte de dos personas. Según AP, la noticia se basó en información provista por un funcionario no identificado de los servicios de inteligencia norteamericanos. Hacia la noche, el Presidente Volódimir Zelenski exigió en un video la aplicación inmediata del artículo 5° de la OTAN, que habilita a Estados Unidos a intervenir cuando uno de los países miembros de esta organización es atacado. Casi en paralelo y con el apoyo del jefe de la OTAN, el Presidente de Polonia convocó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y anunció la posibilidad de pedir la aplicación del artículo 5°.

Desde un inicio, Rusia acusó a Ucrania de montar una provocación para escalar el conflicto. Dos horas después de la noticia de AP se difundía un video del atentado con fotos de segmentos del misil utilizado. Era un S-300, fabricado por la desaparecida Unión Soviética y usado por el gobierno de Ucrania como parte de su defensa antiaérea. En horas de la noche, y luego de reafirmar su apoyo al primer mandatario de Polonia, el Presidente norteamericano, Joe Biden, sostuvo que la información disponible no permitía atribuir a Rusia el origen del atentado. En la mañana del miércoles 16, AP admitió en un comunicado que la noticia emitida el día anterior –que dio origen al incidente– “era errónea”.

Pocos días antes del incidente, el general Mark Milley, jefe de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas norteamericanas, había dejado trascender sus dudas sobre la estrategia a seguir: “La victoria tal vez no es alcanzable por medios militares y tenemos que buscar otros métodos (…) Hay que aprovechar el momento”, brindado, según dijo, por el abandono ruso de Kherson y la llegada del invierno. Esta apreciación contradecía la estrategia impulsada por Jake Sullivan y Antony Bliken, titulares del Consejo Nacional de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado, respectivamente. Para estos funcionarios, la ofensiva militar de Ucrania debe continuar hasta concluir con un cambio de régimen en Rusia. Poco después del incidente, Milley se plegaba al postulado de apoyar a Ucrania “todo el tiempo que sea necesario, hasta alcanzar su victoria”. Rusia, mientras tanto, continúa bombardeando el sistema energético y de comunicaciones de Ucrania y se prepara para avanzar gradualmente sobre un Ejército ucraniano sobre-extendido y con enormes problemas de comunicación y abastecimiento.

Además de limar diferencias políticas dentro del gobierno, el incidente en la frontera entre Ucrania y Polonia también brindó una oportunidad única para consolidar los negocios de la guerra. El martes 15 de noviembre, y en medio de rumores sobre la posible aplicación del artículo 5° de la OTAN, Biden anunció una nueva ayuda de militar a Ucrania de más 37.000 millones (billions) de dólares. Logró así que en nueve meses esta alcance 91.300 millones (billions) de dólares, superando en un 33% a todo el gasto militar de Rusia en un año y duplicando el promedio de lo gastado anualmente por Estados Unidos en su guerra en Afganistán. Ese mismo viernes se conoció que el Pentágono no aprobó con éxito la Auditoría Financiera que se realiza anualmente sobre sus operaciones, fenómeno que se reitera desde 2019.

El complejo industrial militar

En los últimos meses, el Pentágono intensificó su presión sobre el Congreso para aumentar la financiación de la producción de armamentos y logró que el poderoso Comité de Defensa del Senado aprobara una enmienda a la Ley de Defensa (FY/2023 National Defense Appropiation Act). La enmienda busca facilitar la reposición automática del armamento enviado a Ucrania y el otorgamiento de nuevos contratos –sin competencia, ni exhibición de costos y precios– para la producción de armas destinadas a Ucrania. Esto ocurre luego de reiteradas críticas de las corporaciones de armamentos ante la lentitud del Pentágono para desembolsar la financiación apropiada: hacia principios de noviembre sólo se habían desembolsado 2.700 millones (billions) del total aprobado para financiar la guerra en Ucrania. Esto, sumado a rumores sobre posibles negociaciones para lograr la paz, llevó a las corporaciones a exigir en los últimos meses mayor certeza sobre negocios futuros. La enmienda cumple este objetivo, exponiendo así el poder de lobby de las corporaciones y del Pentágono para asegurar los negocios de la guerra.

El Pentágono busca además estimular la expansión local de la industria de alta tecnología, relocalizando en el país a corporaciones norteamericanas y de países aliados, cuya importancia es estratégica para la guerra y el control de la alta tecnología. Este objetivo, inicialmente propuesto por el gobierno de Donald Trump, fue también adoptado por el gobierno de Biden, quien ordenó un estudio sobre el sistema industrial y su adecuación al desarrollo tecnológico y a la competencia con China. El estudio advierte que la dependencia de ciertos productos extranjeros –semiconductores, baterías, medicinas y 53 tipos de minerales– constituye un peligro para la seguridad nacional norteamericana. Desde ese entonces, y basándose en la aplicación de una ley que data de 1950 (Defense Production Act), el Pentágono ha desarrollado una serie de iniciativas, entre ellas: la integración a la economía norteamericana de la minería canadiense –especialmente la producción de litio–y de TSM, la corporación china que produce en Taiwán más del 80% de los chips más avanzados del mundo.

Estas políticas se suman a una ley aprobada recientemente, la Inflation Reduction Act, que otorga más de 350.000 millones (billions) de dólares de subsidios a las corporaciones (nacionales y extranjeras) que inviertan en determinados sectores de la industria, la energía y las comunicaciones. Los gobiernos de Francia y Alemania acusan a esta ley de competencia desleal y amenazan con tomar medidas retaliatorias si no se logran acuerdos sustantivos con Estados Unidos para mitigar sus alcances. Asimismo, funcionarios de los gobiernos de Francia y Alemania critican el precio del gas licuado norteamericano, que importan en sustitución del gas ruso más barato: sería hasta seis veces superior al precio que este producto tiene en Estados Unidos.

Así, la guerra en Ucrania tiene otra dimensión que trasciende al objetivo político de un cambio de régimen en Rusia: busca maximizar rentas y ganancias de las corporaciones de armamentos y reestructurar la economía norteamericana a partir de la captura de mercados y de corporaciones de países aliados. Todo sería funcional a la consolidación de la hegemonía mundial norteamericana.

Finanzas y elecciones norteamericanas

La reciente implosión de FTX, la plataforma de intercambio de criptomonedas perteneciente a SBF (Sam Bankman-Fried) ocurrió en un contexto de creciente volatilidad y crisis de liquidez y permite atisbar la relación entre la política, los negocios y la guerra en Ucrania. Las ventas de activos de FTX se iniciaron hace un tiempo, pero se transformaron en una debacle cuando su principal competidor denunció hace pocos días que la empresa no tenía fondos. Estos activos de FTX fueron succionados por Alameda –otro fondo de inversión de SBF– en un esquema Ponzi. Más de 10.000 millones (billions) de dólares del millón de acreedores de FTX desaparecieron sin dejar rastros. Alameda, a su vez, usaba a los tokens de FTX, creados de la nada tres años atrás como colateral de los préstamos que tomaba. Una vez que se derrumbó la estantería de FTX, apareció su vinculación con la política y la corrupción.

Las donaciones de SBF al Partido Demócrata en la reciente campaña electoral fueron sólo superadas por las del magnate George Soros. SBF también financió a republicanos y demócratas miembros del Comité de Bancos del Senado. Este comité supervisa el accionar de la CFTC (Commodites Futures and Trading Commission), la agencia federal que se ocupa de regular y supervisar a los mercados de derivados, futuros, swaps, etc. SBF tenía una fluida relación con la CFTC y un ex directivo de esta organización formaba parte del directorio de FTX. SBF también apoyó con donaciones a un proyecto lanzado en marzo por el gobierno de Ucrania para convertir los tokens digitales en moneda fiduciaria, que era depositada en el Banco nacional de Ucrania. Funcionarios de Ucrania habrían invertido en FTX, utilizando fondos de la asistencia norteamericana a Ucrania para financiar a los demócratas en la campaña electoral. Desde Bahamas, SBF se esfuerza ahora por evitar que la quiebra de FTX se trate en jurisdicción norteamericana.

La cuestión de la soberanía nacional

Según la revista británica The Economist, la Argentina es un país “disfuncional y con restricciones macroeconómicas”. A pesar de ello, podría tener un papel estratégico en el mundo: posee enormes reservas de litio, este mineral “no se considera un recurso estratégico (…) el Estado juega un pequeño rol (…) (y) las regalías tienen un tope del 3% en comparación con el 7-40% en Chile”. La “ofensiva encanto”, desatada recientemente por los funcionarios argentinos en Washington, tiene pues “un claro mensaje de aliento: el sector minero está abierto a los negocios”. Otro órgano de las corporaciones norteamericanas comparte esta “puesta en valor” del país: el actual ministro de Economía “ha ganado admiradores en Estados Unidos”: no incumplió los Acuerdos con el FMI, “no utilizó su poder para hacer cambios radicales, no ha apostado por un shock redistributivo (…) centró su mensaje en los recursos naturales (…) (e) intentó construir una alianza con el sector industrial, con generosas regulaciones a favor de la industria”.

Así, el mantenimiento del ajuste acordado con el FMI, la existencia de recursos naturales de importancia estratégica que son baratos y fácilmente accesibles y “generosas regulaciones” que profundizan una matriz productiva agroindustrial extractiva y dependiente tecnológicamente, “valorizan” al país ante estos órganos de expresión de las corporaciones internacionales. Sin embargo, en la Argentina estos temas no son destacados oficialmente ni son objeto de debate. Paradójicamente, afloran en la presión del embajador norteamericano para que los políticos salden sus diferencias antes de las elecciones, pues “tienen los insumos y el mundos los demanda, y permean las loas del “círculo rojo” al ministro de Economía, dado que “necesitamos un líder que nos empuje” a surfear las tensiones políticas y a “concretar acuerdos sobre puntos estratégicos”, entre otros: el desarrollo de Vaca Muerta y la minería. Pero una cosa son los dichos y otros los hechos: en la práctica, las grandes corporaciones apuestan al caos.

Esto no parece casual: otro tema que la dirigencia no debate es el rol político y económico de los monopolios y la necesidad de imponer límites a este poder. En su lugar se mantienen “diálogos de concertación”, que no conducen a la estabilidad política y económica. Así, después de la firma de un Acuerdo de Precios Justos publicado en el Boletín Oficial, “la mayoría de las 103 empresas que participaron aún no pusieron la firma”. Consideran que “así como está el Acuerdo no puede firmarse” y han presentado un pliego de condiciones, entre los que se encuentra el desembolso inmediato de dólares subsidiados para importaciones de un sector, cuya producción se basa en insumos locales.

A este ejercicio impune del poder, se agregan otros: los exportadores siguen resistiéndose a liquidar el remanente de sus exportaciones y presionan al ministro por otro “dólar soja especial”. Un grupo de acreedores privados de la deuda externa acusa a los importadores de sobrefacturar y vaciar las reservas del BCRA, mientras presionan por obtener una rápida devaluación para recuperar el valor de sus títulos de deuda y venderlos con mayores ganancias. A su vez, los bancos y fondos de inversión se niegan a financiar la deuda local porque quieren comprar dólares iniciando así una corrida contra la deuda en pesos. El resultado de todas estas pujas es una corrida cambiaria y un mayor drenaje de reservas, a pesar del swap chino y del crédito otorgado por el BID.

Esta puja entre los sectores más poderosos por apropiarse de una mayor cuota del excedente, las rentas y los ingresos de la población, redunda en una mayor desposesión de los sectores más vulnerables. Los precios de la canasta de alimentos que mide la línea de pobreza aumentaron en octubre 7 puntos más que el promedio de precios. La canasta que mide la indigencia creció un 11%. La situación es tan grave que los salarios formales deberían de crecer por encima de la inflación para mantener el poder adquisitivo, algo totalmente imposible en estas circunstancias. Esto ocurre mientras continúa el ajuste pautado por el FMI: en noviembre el gasto social cayó un 32% en relación con octubre. Junto con este escenario, y no por casualidad, se reabren causas contra la Vicepresidenta y se paraliza la investigación del intento de magnicidio. Todos estos fenómenos no se dan de forma aislada, están integrados y apuntan a un mismo objetivo: la rápida desestabilización política para matar en el huevo la posibilidad de que un gobierno futuro que efectivamente pugne por la inclusión social y la soberanía nacional.

En este contexto, la vida y muerte de Hebe de Bonafini muestran que el camino pasa por la lucha en la calle y enarbolando un mensaje claro que desenmascare a la impunidad y exponga a los actores sociales que buscan desposeer por la violencia.

Por Mónica Peralta Ramos * El Cohete