No es necesario reproducir aquí datos que muestren el sistemático fracaso de los intentos de acuerdo que durante tres años ha promovido el gobierno del Presidente Alberto Fernández con las grandes corporaciones, según el discurso oficial en procura de mejorar el nivel real de ingresos de lxs argentinxs; intentos que han incluido cuestionables concesiones sin que se alcanzara tan prioritaria finalidad: falta de respuestas que facilita la politización del resentimiento, una de cuyas manifestaciones más celebradas está en los ataques a “la casta política”.

La opción presidencial por el diálogo como mecanismo exclusivo y excluyente para resolver contradicciones de intereses sociales ha resistido todos los argumentos políticos e históricos, desde la derrota electoral hasta el sentimiento de frustración de gran parte de la militancia, pasando por la concepción peronista de conciliación de clases que, en última instancia, resuelve las diferencias a través del enfrentamiento entre el Estado –en favor del trabajo– versus las corporaciones económicas –en favor del capital.

Si con una alta inflación es difícil afrontar una elección, con el desaliento de la militancia se agudiza el pesimismo y se profundiza el círculo vicioso: las expectativas caen porque no hay rectificación de los procedimientos y no hay rectificación porque las expectativas caen –ya no presionan–. Lxs militantxs no piden mucho más que eso, pero no se conforman con menos.

El cuadro se completa con la explicitación de las propuestas reaccionarias de la derecha que, con una mezcla de autenticidad y cinismo, avisa que se propone arrasar con todo vestigio de conquista popular.

El origen del descontento de la militancia no está en el desastre que dejó el macrismo, ni en la pandemia, ni en la guerra en Europa oriental, está en la incapacidad del gobierno, de nuestro gobierno, para ejecutar con firmeza políticas coherentes con los compromisos asumidos en la campaña de 2019. Es importante recordar que esxs compañerxs hicieron enormes esfuerzos en la resistencia y quiebre de la continuidad del gobierno anterior.

Una parte de lxs militantes mantuvo por un tiempo razonable lo que en definitiva resultó ser un fatalismo optimista, emparentado con la idea de que el pueblo tarde o temprano vencerá: ha comprendido que nuestros compromisos son con esta época, sin que podamos excusarnos transfiriéndolos a generaciones que actuarán en un incierto futuro, aspecto central del legado del Presidente Néstor Kirchner, a quien hemos recordado en un nuevo aniversario de su muerte, tan inesperada como letal para el proyecto nacional, popular y democrático.

Esa militancia luchó por un gobierno nacional-popular, no por uno que algunxs caracterizan con el oxímoron de “neoliberal-progresista”; en este sentido, la inquietud se origina por la sensación de que objetivos centrales se encuentran en el limbo de una inalcanzable lejanía, como si fueran a conquistarse por arte de magia o, peor todavía, con políticas que han fracasado cada vez que se aplicaron. Mientras tanto, la sonrisa militante reaparece con la consigna Cristina 2023.

Estilo e ideas

Aquella inconmovible decisión dialoguista sugiere que no se trata sólo de una cuestión de estilo, y tampoco de la tan meneada correlación de fuerzas. Da la impresión de que tanto al Presidente como a sus funcionarios políticamente más cercanos los envuelve cierto nivel de confusión frente a actores que no sólo manejan resortes clave de la economía: cuentan además con una doctrina que fue ganando legitimidad a nivel popular.

Tal situación explicaría que bajo el gobierno popular hayamos presenciado comportamientos típicos de un Estado bobo. Un caso paradigmático es el de las relaciones con ese amplio abanico que podríamos encuadrar como sector agropecuario; crucial por donde se lo mire, como proveedor de divisas y productor de alimentos, pero también por haber desarrollado tecnologías de punta en eso de apropiarse de ingentes recursos públicos a través de la antigua lógica de socializar pérdidas y privatizar ganancias. El disciplinamiento de las corporaciones oligopólicas no se obtiene con comentarios ni con un discurso que las cuestione, sino –cuanto menos– evitando esa pasividad tan funcional a sus intereses como perjudicial a los de los sectores vulnerables: paradoja la de aquellxs que proclaman la soberanía política, la independencia económica y la justicia social pero buscan esos objetivos recorriendo un camino que conduce a otra parte.

No faltan quienes pretenden justificar esta dinámica con la muy difundida “teoría del derrame”, pantalla –históricamente desacreditada por la realidad– detrás de la cual se oculta lo que se conoce como “neocorporativismo”, planteo teórico que cuenta con activos propagandistas como el socialdemócrata Felipe González, hoy importante lobista de multinacionales e invitado estrella de las principales entidades gremiales empresarias argentinas a un evento que tendrá lugar mañana.

La cuestión corporativa

La doctrina que se conoce como de la “sociedad corporativa” define este tipo de sociedades como aquellas en las que las corporaciones son predominantes, al extremo de que se imponen sobre las clases [1].

El neo-corporativismo como mecanismo regulador de ese nuevo tipo de sociedad, pretende diferenciarse tanto del viejo corporativismo de cuño medieval como de las ideologías que sustentaron los Estados fascistas. Equidistantes tanto del liberalismo puro como del marxismo, las prácticas neo-corporativistas ofrecen fundamentalmente dos versiones: la de un liberalismo avanzado y la de la socialdemocracia, según el balance de la ecuación que vincula al mercado con políticas de solidaridad.

Hay quien entiende el neo-corporativismo como un sistema representativo de intereses alternativos al paradigma pluralista (Schmitter); quien amplía esta concepción viéndolo como una nueva forma de hacer política mediante la cual se asocian a la toma de decisiones los planteamientos de los grupos de interés (Lehmbruch); y quien lo presenta como una forma de integración de grupos socio-económicos basada en la interacción cooperativa, la búsqueda de la resolución pacífica de los conflictos, y la contención de los sectores populares para integrarlos a la dinámica capitalista (Panitch).

Esta doctrina afirma que son anticuados los tradicionales sistemas de representación de intereses propios de la democracia liberal. Se trata de un paradigma de vínculos inocultables con la tesis de la “ingobernabilidad de las democracias”, a partir de la cual propone un sistema de resolución de conflictos basado en la negociación entre los grupos de interés en disputa y no sólo en el gobierno de la mayoría. Esta corporativización de los procesos de representación y –la consecuente– de la formulación y ejecución de políticas, se basa en la ilusoria creencia en la necesidad de preservar la armonía y el orden social, y en el supuesto de que los actores cooperarán: mediante la concertación de intereses entre capital, trabajo y Estado se lograría el bien común con un nulo nivel de conflictos.

La tradición nacional-popular

Conviene recordar que en Nuestra América, la expresión “nacional-popular” se empleó en un comienzo para aludir específicamente a experiencias políticas que tuvieron lugar en las décadas del ‘30, ‘40 y ‘50 del siglo pasado en Méjico (Cárdenas), Brasil (Vargas) y la Argentina (Perón); que reivindicaron los derechos de los trabajadores y de los sectores más vulnerables de la sociedad, promovieron la organización de sindicatos fuertes y centralizados, redefinieron el papel del Estado –que pasó a ser rector de la economía–, invocaron la Nación como espacio simbólico de unidad e impulsaron la integración regional.

En años recientes, la expresión volvió a emplearse para nombrar a gobiernos que, en un escenario radicalmente transformado, reivindicaron aquellas experiencias y en algún caso retomaron sus preceptos básicos. En nuestro país fue Néstor Kirchner quien rescató en los hechos la tradición nacional-popular. La decisiva reaparición en la región de gobiernos nacional populares no se correspondió con la difusión y discusión de sus estatutos conceptuales, que se encuentran en las obras del italiano Antonio Gramsci, el peruano José Carlos Mariátegui y los argentinos Juan Carlos Portantiero y Ernesto Laclau, entre otrxs. Aunque con apreciables diferencias entre sí, los dos últimos toman como referencia la obra de Gramsci.

En el pensamiento gramsciano la categoría nacional-popular juega un papel central, tanto que podría ser considerada como un punto en el que confluyen muchos de sus conceptos fundamentales, como el de hegemonía.

En los Quaderni, lo nacional-popular aparece directamente relacionado con la percepción gramsciana acerca de la forma desarticulada que asumió el desarrollo histórico italiano, una de cuyas manifestaciones era la “función cosmopolita” cumplida por los intelectuales a partir de la ausencia de un proceso colectivo de “reforma intelectual y moral”, capaz de superar el divorcio secular entre élites y pueblo-nación. En términos políticos, esta clave interpretativa de la historia italiana remite a un problema metodológico y teórico más general: el de las condiciones para un proceso de transformación social en situaciones de capitalismo dependiente, en las que la unificación nacional ha sido tardía y la constitución del Estado liberal de derecho ha sido producto de una revolución desde arriba, es decir, no de una voluntad transformadora organizada desde abajo. Este esquema analítico se puede usar para explicar el desarrollo argentino.

En sus reflexiones sobre la hegemonía, Gramsci no hace otra cosa que coronar su discurso sobre lo nacional-popular como concepto fundante de la posibilidad de cambio histórico. En esta línea, la configuración política de los sectores populares como sujetos de acción histórica sólo se puede lograr en la medida en que un proceso de identidad que comienza en el plano corporativo, sea capaz de negarse a sí mismo progresivamente hasta llegar a la descorporativización; así surge como derivado natural el tema de lo nacional-popular: la hegemonía se concibe expresamente como la capacidad de una clase para la construcción de una “voluntad colectiva nacional popular”, sostenida por una gran “reforma intelectual y moral”.

Sin hegemonías, con asechanzas

En nuestro país la hegemonía está en disputa, independientemente de que los distintos actores intervinientes tengan o no plena conciencia de estar inmersos en esa disputa que ya parece crónica. Lo destacable es que uno de los bloques de la contienda ha incursionado en una deriva neofascista característica de la época, pero no por una cuestión de modas: de las consideraciones gramscianas se desprende que es el avance del corporativismo lo que facilita y hasta necesita del fascismo. El revolucionario italiano buscaba explicarse el porqué del fascismo como forma perversa de apropiación de “lo nacional”. Pues bien, lo que hoy constituye un fenómeno cuasi universal es el incremento del poder de las corporaciones; luego, su expresión política, el neofascismo, se presenta con particularidades propias de cada país.

Es evidente que Macri y sus poderosos representados buscaron y buscan apropiarse del país, de sus recursos y riquezas, con la pretensión de convencernos de que esa apropiación es de interés nacional. La profundización de este proyecto necesita un vaciamiento de la institucionalidad democrática: ni más ni menos que el Proceso que PROhijó el macrismo desde el gobierno, delineado por hitos de alto impacto –en términos de adhesión o rechazo– social, como la instrumentalización del Poder Judicial para la persecución de unxs –hoy in crescendo contra CFK– y la impunidad de otrxs, el encarcelamiento de opositorxs, el espionaje ilegal, el retroceso en la participación de los trabajadores en el reparto del ingreso nacional y otras violencias, hasta alcanzar su cenit con el atentado fallido a la Vicepresidenta, cuanto menos estimulado por dirigentes de Juntos por el Cambio. ¿Qué otra cosa es el neofascismo?

Gramsci afirma que sin una transformación de la subjetividad el cambio estructural es imposible, y relaciona esta aseveración con su propuesta de reforma intelectual y moral: sostiene que uno de los principales obstáculos para alcanzarla es la extensión “en Occidente” de la “sociedad corporativa”. No se refiere a cualquier significado de moral; el que adopta tiene implicancias políticas fundamentales, en tanto señala que la impotencia política y la eventual incapacidad de los sectores populares para crear un nuevo sistema se utilizan para cambiar la razón de ser del movimiento popular; en otras palabras, la función crítica de la moral es substituida por una función integradora, pero en términos de subordinación al orden corporativo: preservando jerarquías, asimetrías e incluso desigualdades sociales inadmisibles. Para los sectores dominantes, la transformación de la subjetividad no consiste en la superación de la indigencia moral reflejada en la defensa de los intereses económico-corporativos sino todo lo contrario: implica inducir la convicción de que lo moralmente bueno es la preeminencia de las corporaciones que, como compensación, no alterarían la “paz social”.

Preso del fascismo, Gramsci no sólo realizó una interesante crítica del corporativismo gubernamental, empresario y obrero, y del pacto entre ellos, sino que alertó ante las posibles tendencias a una expansión de la “aristocracia obrera”, que quedaría prisionera del sistema, como hemos podido comprobar a partir de la transformación de dirigentes sindicales en empresarios durante el menemismo. Su crítica del “corporativismo obrero” y su propuesta de no anclarse en la fase “económico-corporativa” –algo que han comprendido muy bien expresiones potentes del movimiento sindical argentino como la Corriente Federal de Trabajadores, entre otras–, de ir superándola para acercarse a una fase “ético-política” en la que los asuntos sectoriales ceden su lugar a la formación de una hegemonía alternativa a la del gran capital, tiene en nuestros días una evidente relevancia: supone dejar atrás la etapa en la que los intereses de los diversos grupos sociales se agregan o se suprimen alternativamente; en la que el Estado no es –en substancia– más que una suma de corporaciones; en la que desaparece la noción misma de interés general y común.

Se deduce que, frente al proyecto antidemocrático de la derecha radicalizada, las elaboraciones gramscianas pueden ser una guía más para la acción popular, sobre todo para salir de la desorientación o el seguidismo –activo o pasivo, consciente o no– de algunos sectores del campo popular y sus dirigentxs, un extravío políticamente suicida.

Mario de Casas * El Cohete a la Luna