La primera estimación que llegó al escritorio de Sergio Massa marca 6,2%, exactamente lo mismo que en septiembre. Décima más o décima menos, según los datos que se incorporen la semana próxima al cálculo que el INDEC recién difundirá el martes 15, la inflación de octubre viene a ratificar un ritmo de incremento de los precios que ya coquetea con el 90% anual. Un baño de realidad para un equipo económico que publicita con esmero cada ínfima señal de tregua en la crisis y que consiguió frenar al borde del abismo que se atisbaba en julio pero que todavía lo mira desde demasiado cerca como para respirar aliviado.

El dato de octubre puede disparar nuevos reproches internos como el de Cristina Kirchner contra las prepagas, apenas el aperitivo de un desmarque más general que prevé ofrecerle en varios pasos a la base electoral que teme ver derretirse al calor de esos aumentos. Pero al margen de los desencuentros políticos dentro del oficialismo, que por estos días empalidecieron frente a los desplantes públicos y las amenazas pugilísticas que cruzaron a Juntos por el Cambio, lo que vuelve a campear es una tara que ya costó carísima: la descoordinación en la gestión. En una administración llena de agudos comentaristas de realidades que fueron votados para transformar, cada cual atiende su juego como en el Antón Pirulero.

El miércoles, por ejemplo, mientras el viceministro Gabriel Rubinstein argumentaba en el Senado acerca de la necesidad de ajustar el gasto público y enfriar la economía para bajar la inflación, Miguel Pesce hablaba por teléfono con el CEO de una empresa de consumo masivo para intentar convencerlo de que incremente su producción y abastezca mejor las góndolas. Concretamente, que habilite un turno más e incremente la oferta de alimentos a cambio de dólares al precio oficial para comprar insumos importados. La cuenta que sacan en el Banco Central sugiere que conviene: de los U$S 57 mil millones que se fueron en importaciones entre enero y agosto, las compañías que abastecen al país de comida y elementos de higiene personal apenas demandaron dos mil.

Pesce trabó una buena relación con Lisandro Cleri, el vicepresidente del Central que audita cada uno de sus pasos en nombre de Massa, pero debió pulsear con el secretario de Agricultura, Juan José Bahilo, cuando fijó una sobretasa de interés para los exportadores de granos que se beneficiaron con el "dólar soja". Aunque Bahilo no quería desairar a quienes se sentaban sobre los silobolsas, esa resolución sirvió para que no lo desairasen a él: entre julio y octubre, el stock real de crédito al sector agrícola cayó a un tercio de lo que era. Sin esa sobretasa del 20%, habrían usado los pesos extra que les regaló esa oferta por tiempo limitado para comprar dólares en el paralelo en vez de saldar sus deudas con los bancos.

Son diferencias conceptuales que calan hondo en la lucha contra el principal problema de la población. Ortodoxia y heterodoxia y palos y zanahorias siguen conviviendo en el mismo equipo económico como si no importara el diagnóstico para elegir los remedios y sus dosis. Y los intentos de Massa por concentrar las decisiones no solo chocan con esas divergencias sino también con la necesidad de contener y no desairar a quien desde el Senado oficia de garante política y red de contención del ajuste.

Fue para esto último que Matías Tombolini le encargó a la Comisión de Defensa de la Competencia un informe sobre los posibles abusos de posición dominante de las mismas empresas a las que Pesce les ofrece dólares para que produzcan más y que Rubinstein preferiría que produzcan menos para que la economía no se recaliente. Quizá habría servido que el secretario de Comercio lo encargara antes de sentarse a negociar con ellas el congelamiento de 1.500 productos que pretende anunciar este mes. Especialmente tras el incremento récord de los márgenes de utilidad unitaria que gritan sus balances públicos en la Bolsa. Y sobre todo ante el riesgo de remarcaciones preventivas a partir del solo anuncio de congelamiento, como las que siguieron a aquella "guerra contra la inflación" que Alberto Fernández anunció el martes 15 de marzo que emprendería desde ese viernes.

Igual de contradictorio fue el relanzamiento del plan Ahora 30, un subsidio a la clase media que compra televisores nuevos, que reactivó la demanda de dólares de la industria electrónica de Tierra del Fuego después de que Silvina Batakis (y luego el propio Massa) le cerraran la canilla cambiaria a mitad de año. ¿Hacía falta ese acicate en un semestre donde el Mundial ya empujó la demanda a niveles récord? ¿No sabrían en Economía que el año ya apuntaba a cerrar con casi 3 millones de TV vendidas, apenas medio millón menos que su récord de 2015, cuando el sueldo promedio en dólares blue triplicaba el actual?

Péndulos y sobreactuaciones
En la oposición también atienden cada uno su juego. Mientras la Coalición Cívica insiste con su proyecto para barrer con el régimen de incentivo a la industria fueguina, la familia del mejor amigo de Mauricio Macri se prepara para invertir U$S 200 millones en un puerto para Río Grande que solo se repagará en caso de que los cívicos no se salgan con la suya en el Congreso. Es una iniciativa de Mirgor, a la que un socio estadounidense aportaría el equity, que podría mejorar la logística de toda la provincia y hasta evitar el ineludible paso por Chile para cruzar a la isla desde Santa Cruz. Si cae el régimen también se abortaría el plan de la empresa de los Caputo para empezar a exportar celulares Samsung a Uruguay y Paraguay, algo que esperan anunciar en las próximas semanas.

El propio Macri, confudador de Mirgor con Nicky Caputo, salió a cruzar a los legisladores de su propia fuerza que apoyaron la reforma previsional aprobada por unanimidad en esa provincia y que permitirá a los empleados fueguinos con al menos 25 años de aportes en la provincia jubilarse cinco años antes. Un disloque parecido al que quedó expuesto cuando su exministro Hernán Lacunza criticó el artículo que introdujo el radical Emiliano Yacobitti en el Presupuesto para que se pueda descontar de Ganancias hasta el 40% de las cuotas de colegios privados.

Las incoherencias levan al calor de las sobreactuaciones típicas de un año electoral. Luciano Laspina era un ortodoxo moderado, ferviente partidario del gradualismo que ahora Macri recuerda como una debilidad, y así lo recuerdan poderosos empresarios santafesinos que supieron sponsorearlo en varias campañas. Igual que Patricia Bullrich contra Horacio Rodríguez Larreta, ahora Laspina exagera su doctrina del shock. Martín Tetaz también aprovechó el revuelo porteño y se lanzó a una aventura propia al lado de los halcones tras haber mamado mucho de la teta nosiglista, hoy jugada a la alianza centrípeta Lousteau-Larreta.

Las diferencias entre economistas de la oposición, por supuesto, tienen la ventaja de que se pueden resolver fuera de la gestión. Pero además son menos profundas porque su consenso interno se corrió a la derecha y algunos de los economistas que escucha Larreta son los mismos que despliegan sus powerpoints frente a Bullrich y Macri. Como Carlos Melconian, quien admitió al borde del sincericidio que desde el pacto con el Fondo en 2018 la política económica se diseña en Washington y el ministro de Economía "toma mate".

Camioneros inflacionarios

El Fondo, en tanto, sigue presionando por más ajuste fiscal pese a que octubre fue un festival del recorte. Con una recaudación que trepó el 93% interanual, unos cinco puntos por arriba de la inflación, la AFIP de Carlos Castagneto le dio una satisfacción al secretario de Hacienda, Raúl Rigo. El mismo funcionario que empuña la tijera sobre partidas como la de alimentos para comedores de organizaciones sociales y la de fondos para infraestructura de jardines de infantes públicos.

No es la única preocupación que surgió en los encuentros por Zoom con los burócratas del Fondo Monetario donde en nombre de Massa participa Rubinstein, relegado a un segundo plano en reuniones presenciales de mayor peso. En una de esas videoconferencias, la semana pasada, un técnico del Departamento del Hemisferio Occidental preguntó si el aumento del 107% que pactaron los choferes de camiones con las patronales del rubro tendría efectos inflacionarios. Una pregunta lógica en un país que mueve 95% de su carga sobre ruedas, pero que exhibe una coincidencia incómoda entre el staff del Fondo y la nueva ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que se preguntó lo mismo mientras presidía las negociaciones.

Las reuniones con el Fondo durante noviembre van a ser prácticamente diarias, de cara a la tercera revisión del acuerdo que firmó en febrero Martín Guzmán. Un pacto cuyas metas ya se sabe que están cumplidas pero cuyas consecuencias recesivas e inflacionarias todavía no terminaron de verse. Massa, diría Melconian, toma mate. Y espera un milagro que lo fuerce a incumplir su promesa de no candidatearse en 2023. Cada cual atiende su juego.

Por Alejandro Bercovich * Bae Negocios