El fiscal Franco Picardi pidió investigar el rol de Mauricio Macri en el “esquema organizado” de espionaje ilegal desatado durante su presidencia. Motivos no le faltan: enumeró 28 expedientes en los cuales se investigan distintos casos de tareas de inteligencia ilegal desplegadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo la conducción de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En todos esos expedientes hay un patrón común: se espiaba a personas que le interesaban a Macri. Por eso el fiscal Picardi habla de “un plan sistemático y organizado”, que fue coordinado para lograr un objetivo puntual y que tanto la ley como las relaciones entre sus ejecutores muestran que la cabeza de este entramado fue Macri.

Picardi explica que “existen en trámite en el seno de la justicia penal federal más de una docena de procesos judiciales en los que se investigan distintas facetas de actividades de inteligencia” y que “estas pesquisas abarcan un universo variopinto de casos que incluyen actividades de infiltración, monitoreo activo y seguimiento sobre personalidades públicas diversas, en función de sus respectivas pertenencias a ámbitos político-partidarios (de distintos rasgos o signos), sindicales, de organizaciones sociales, también a periodistas en función de trabajos propios de sus actividades, abogados de igual manera, y a personas públicas detenidas en ámbitos carcelarios, entre otros”.

Que hubo espionaje ilegal durante el gobierno de Macri no está en discusión. Ni Macri ni los jueces y fiscales que lo favorecieron en distintas causas lo negaron, simplemente eligieron entre dos opciones: o justificarlo, como en el caso de las tareas de inteligencia sobre los familiares del ARA San Juan, o cortar el hilo de responsabilidades antes de que llegue al ex presidente, como en la causa por el espionaje a CFK y a una veintena de dirigentes políticos, sindicales y sociales, donde los espías fueron catalogados como meros cuentapropistas. Pero ahora Macri vuelve al centro de la escena: el fiscal Picardi afirmó que corresponde investigar que rol tuvo Macri en el “esquema organizado” de espionaje ilegal desatado durante su presidencia.

Para Picardi se puede plantear que hubo “un plan sistemático y organizado” ya que “las acciones de inteligencia vedadas que tuvieron lugar durante el anterior período gubernamental siguieron o se ajustaron a un sistema: un conjunto de cosas que, relacionadas entre sí, contribuyeron a un objeto” y que “se estableció un mecanismo de coordinación de personas y medios adecuados para lograr el fin pretendido”. Destaca además “la gran cantidad de denuncias y causas establecidas por presunciones de actividades de inteligencia ilegal, desplegadas en el marco de la misma gestión y mandato de la Agencia Federal de Inteligencia (en adelante AFI); y más importante aún: dados los rasgos llamativa y sospechosamente similares que exhiben entre sí, aunque provienen de fuentes de información diversas y se ciñen a objetos o designios delictivos distintos”.

“Un análisis global de todas las circunstancias que rodean al presente caso, impone indagar el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri”, escribió el fiscal Picardi.

Hay 11 de estos casos que fueron acumulados en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi y le toca intervenir como fiscal al propio Picardi. Otros 17 expedientes que están en otros juzgados. Para el fiscal Picardi, “el análisis integral de esos casos da cuenta de elementos que, aunados, permiten establecer una sospecha razonable de que las prácticas de inteligencia realizadas sobrepasando el marco legal vigente tanto a nivel nacional como convencional durante la anterior administración del Poder Ejecutivo Nacional, fueron configurativas de un plan sistemático y organizado desde altas esferas del Estado para lograr objetivos políticos y personales; ciertamente, alejados de un interés estatal legítimo o convincente”

Los 28 expedientes donde se ve el plan sistemático de espionaje ilegal son estos:

• En el juzgado de Martínez de Giorgi
  1. La causa caratulada “Melo Facundo s/Averiguación Delito y Asoc. Ilícita. Testigo de Identidad Reservada”. Es el expediente que comenzó en Lomas de Zamora y fue absorbido por Comodoro Py donde se investiga el espionaje ilegal a CFK y otros dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta, Graciela Camaño, Diego Santili, Waldo Wolf, Hugo y Pablo Moyano, Nicolás Massot. También el espionaje a presos políticos como Carlos Zannini, Amado Boudou, Cristóbal López, Gerardo Ferreyra o otros.
• 2. La causa caratulada “Arribas Gustavo y otros s/Averiguación de delito. Denunciante: Caamaño Iglesias Paiz Cristina y otros”. Es por el espionaje masivo a periodistas, académicos, organizaciones sociales, sindicales y políticas en el marco de la cumbre del G-20 y de un evento de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
• 3. La causa caratulada “NN s/Intimidación pública. Querellante: Vila, José Luis”. Se investiga el contenido del celular de varios espías donde hablaban de un falso atentado e intentos de intimidación contra Vila, ex directivo de la AFI y funcionario de Patricia Bullrich.
• 4, 5, 6, 7 y 8: Hay 5 causas donde se investiga el espionaje ilega a los presos políticos en la cárcel de Ezeiza. Están procesados Cristian Suriano y Juan Carlos Silveira, del Servicio Penitenciario Federal. Tenían pinchados los teléfonos por los que hablaban los detenidos y escuchaban sus conversaciones privadas, inclusive con sus abogados. Para Picardi, la AFI participó“en el proceso de producción de informaciones tendientes a provocar decisiones judiciales determinadas (aquí, intervenciones telefónicas), en un marco de sospechas de la manipulación y tergiversación de esas órdenes, para intentar dar apariencia de legalidad a acciones en franca infracción” a la Ley de Inteligencia. Lo mismo que en la causa G20, que usaron para espiar a CFK.
• 9, 10 y 11: Hay 3 causas conexas donde se investigan los aprietes de espías de la AFI a jueces y fiscales bonaerenses (como en el caso del juez Luis Carzoglio para que detenga a Hugo y Pablo Moyano) y el espionaje a personas detenidas en la Alcaldía de La Plata llamada “Melchor Romero”.

En otros juzgados

• 12. La causa por tareas de inteligencia ilegal en el Hospital Posadas. La tiene la jueza María Eugenia Capuchetti.
• 13. La causa por la Gestapo Antisindical, iniciada a partir del hallazgo de un video donde se ve a los directivos de la AFI Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, Diego Dalmau Pereyra y Dario Biorci junto al entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y otros miembros del gabinete de María Eugenia Vidal coordinando la persecución al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. El caso estaba en manos del juez de La Plata Ernesto Kreplak pero también fue absorbido por Comodoro Py.
• 14. La denuncia del sindicalista “Pata” Medina contra Macri, Patricia Bullrich, Jorge Triaga y Villegas, caso previo al anterior pero que el fiscal Carlos Stornelli se negó sistemáticamente a investigar.
• 15. Otra causa contra el “Pata” Medina, esta vez por supuestas maniobras de lavado de dinero, orquestada por el juez federal de Quilmes Luis Armella, figura clave del lawfare en territorio bonaerense.
• 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24: Estas 9 causas son conexas y están vinculadas a diversos casos de espionaje ilegal y persecución contra la familia Moyano, entre ellas los aprietes al juez Luis Carzoglio para que los detenga y operaciones contra el sindicato de Camineros. Están acusados Macri, Bullrich, Gerardo Milman, el -aún hoy- procurador bonaerense Julio Conte Grand, el fiscal Sebastián Scalera, Arribas, Majdalani, De Stéfano y Fernando Di Pascuale, entre otros.
• 25. El caso D’Alessio, que investigó el juez Alejo Ramos Padilla en el juzgado de Dolores pero también fue captado por Comodoro Py. Lo que apareció en la investigación de Ramos Padille fue un enorme entramado de inteligencia ilegal del que Macri era imposible que fuera ajeno.
• 26. La causa por el armado de las bases AMBA de la AFI, 6 unidades nuevas en territorio bonaerense durante la gestión Vidal que se utilizaron para el espionaje masivo de 32 organizaciones sociales, 16 partidos políticos y 23 sindicatos.
• 27. El expediente donde se investiga el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan. Fue en el único donde Macri fue procesado y luego sobreseído por 3 jueces nombrados por él (dos a dedo). ¿Qué sostuvieron los jueces macristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi? Que las tareas de inteligencia sobre los familiares del ARA San Juan fueron avanzadas de la seguridad Presidencial y que no se cometió delito alguno: “Consideramos que existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas”, afirmaron. El contorsionismo judicial llegó al punto de justificar las tareas de inteligencia ilegal sobre un grupo de familiares como si pudieran poner en riesgo la seguridad presidencial o la del país.
• 28. Otra causa donde, detalló Picardi, se inicia por “la denuncia que presentó la Intervención de la AFI a partir del hallazgo de un disco rígido con rastros digitales de conexiones en dispositivos externos, con información de inteligencia almacenada sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales, entre otros. Según se asentó, a través de la recuperación de datos de ese disco, se detectaron registros de conexiones de dispositivos extraíbles “pen drive” en los cuales se había realizado un proceso sistémico de colección de información correspondiente a los correos electrónicos privados de numerosas personas”.

Picardi pidió elevar a juicio oral los casos de Gustavo Arribas, Silvia Majadalani, Alan Ruiz y Martín Coste por el espionaje ilegal a CFK, al Instituto Patria y a dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta, Graciela Camaño, Luis Barrionuevo, Jorge Ferraresi, Diego Santilli, Hugo y Pablo Moyano y Carlos Rosenkrantz, entre otros. Carlos Pagni, que fue procesado por encubrimiento de espionaje agravado por el robo de mails a funcionarios públicos, dijo que “es la primera vez que en la historia democrática que un tema que tiene que ver con servicios de inteligencia llega a un tribunal oral, o debería llegar”. El abogado Alejandro Rúa, que durante el gobierno de Néstor Kirchner estuvo al frente de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, se ocupó de desmentirlo. La cúpula de la SIDE menemista fue juzgada por el encubrimiento del atantado a la AMIA. Ni hablar que los genocidas del Batallón 601 también fueron condenados.

Lo realmente novedoso es que el fiscal Picardi plantea que ese expediente “revela una plataforma fáctica con significancia propia y relevancia penal, pero que demuestra tan sólo una arista de un universo mucho mayor de casos”. ¿Será posible una megacausa que unifique todos los casos de espionaje ilegal del gobierno de Macri?

“El análisis global de las circunstancias particulares que rodean este caso, y que intersectan con las múltiples investigaciones establecidas alrededor de la actuación de la AFI durante el mandato que tuvo lugar entre los años 2016 y 2019, impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri, así como de las personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal”, concluyó el fiscal Picardi.

Por lo pronto Picardi ya pidió una serie de medidas de prueba, entre ellas que se identifiquen los celulares que usaban Macri, Arribas, Majdalani Ruiz, De Stéfano y Bernardo Miguens (un empleado del juez Claudio Bonadio que pasó a la AFI) y se crucen sus llamadas entre junio y noviembre de 2018. También que se revisen los ingresos a la quinta de Olivos y Casa Rosada.

Por Ari Lijalad * El Destape