Durante el último año, la oposición y la dirigencia rural le reclamaron al gobierno que no podía modificar retenciones —ni cobrarlas— porque no se había prorrogado un artículo de la Ley de Solidaridad tras la caída del presupuesto 2022. Una verdad a medias, ya que la propia vigencia del Código Aduanero le permite al Poder Ejecutivo hacer uso de este instrumento que es mucho más que una herramienta para la recaudación fiscal, tal como explicó Horacio Verbitsky.

Las retenciones para la soja poseen una alícuota del 33 % mientras que en trigo y maíz se ubican en el 12 %. La Ley de Solidaridad permitiría llevarlas al 15 %. Luego del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, con la disparada del precio internacional del trigo, el ex secretario de Comercio Roberto Feletti había propuesto aumentarlas para que actuasen como un desacople permanente de la fluctuación internacional. Como parte de la discusión interna también se hablaba de llevarlas al 27 %, en el contexto de una fuerte disparada del precio internacional de las materias primas.  

Pero la decisión política de entonces fue la de crear fideicomisos, subsidios cruzados entre los exportadores y molinos, que tampoco contribuyeron a bajar el precio del pan y otros productos. De hecho, en la comparación interanual, los farináceos son de los alimentos que más aumentan.

Los derechos de exportación son un instrumento de política económica, prácticamente desechado por el gobierno al momento de preanunciar la guerra contra la inflación, salvo por la suba de dos puntos en las retenciones para la harina y el aceite de soja, recursos utilizados para financiar un fideicomiso que no se sintió en los bolsillos de los consumidores. Esta semana, el gobierno volvió a atarse las manos tras eliminar del presupuesto 2023 la prórroga al artículo 52 de la Ley de Solidaridad.

Horas antes de la votación en Diputados, Sergio Massa le había prometido a la dirigencia rural que no se aumentarían los derechos de exportación. “No hay intención de subirlas”, les había manifestado el ministro en Las Heras. Durante el debate parlamentario, dicho artículo resultó directamente eliminado. La Mesa de Enlace festeja. Las exportadoras también. Y el gobierno claudica nuevamente ante un debate estratégico.

Especulación al palo

La cosecha actual de trigo será de 16 millones de toneladas, aproximadamente, frente a los 22 millones del año pasado. La merma se explica por los problemas climáticos ocurridos durante el año (sequía, por un lado, más helada por el otro). El consumo interno de esta materia prima, clave para los farináceos, ronda los 7,5 millones de toneladas. Eso es lo que demanda la molinería. El resto, puede exportarse. En su imposibilidad de dar debates profundos sobre la mesa de los argentinos, el gobierno tampoco cuenta con cupos de exportación y solo se maneja con valores de equilibrio establecidos de palabra entre las partes involucradas.

El año que viene volverá a sentirse la puja entre la exportación y el consumo interno y eso tendrá su repercusión en el precio de los alimentos, sumada a toda la carga inercial con la que viene la inflación. ¿Por qué? Las empresas exportadoras ya comprometieron ventas al exterior por 9 millones de toneladas destinadas al sudeste asiático y norte de Africa. El gobierno les permite adelantar ventas —que se concretarán más adelante— para cobrar por anticipado los derechos de exportación y mejorar las cuentas fiscales.

Dentro de esas 9 millones de toneladas ya comprometidas, no se cuentan las exportaciones a Brasil, que es el principal socio comercial de la Argentina. El país vecino podría demandar para 2023 un poco más de 3 millones de toneladas (en 2022 fueron 4 millones). El problema es que la actual campaña de trigo no alcanzará para abastecer a todos los mercados externos y al consumo interno. Dado este escenario, las dificultades por venir no son difíciles de avizorar.

Desde Agricultura sostienen que la exportación no podrá pedir más de 9 millones de toneladas para vender al exterior. ¿Será así? Se advierte una puja de intereses dentro de un sector híper concentrado. La voracidad tiene cara de hereje.

En este sentido, las cerealeras nucleadas en la CIARA-CEC ya están conversando con el gobierno para que puedan reprogramarse los embarques hacia el sudeste asiático y África. Las empresas pretenden privilegiar ahora el mercado brasileño, por eso le piden al gobierno que ponga la cara por la posible caída de algunos contratos ya pautados. ¿La Mesa de Enlace gritará por la falta de seguridad jurídica?

De todas maneras, las presiones hacia el mercado interno ya comenzaron. Algunos molinos les comunicaron a las panaderías de la Ciudad de Buenos Aires que aumentarán, en las próximas semanas, el precio de la bolsa de harina que les venden para la producción de farináceos. ¿Y los fideicomisos públicos y privados para desacoplar precios y morigerar la inflación? Bien, gracias. Si los molinos vendían una bolsa de harina a 2.500 pesos, ya informaron una suba que la ubicaría en los 3.300 pesos. Este valor convalidaría una tonelada de trigo cercana a los 66.000 pesos, cuando en la actualidad ronda los 58.000 pesos. ¿La excusa? La sequía y la falta de producción. Eso argumentan desde la molinería. Pero la harina que se está comercializando ahora se produce con el trigo de la campaña anterior. Ergo, pura especulación.

Dentro del trigal

El grupo de ruralistas llamado Lonja, integrado por Luis Miguel Etchevehere, ex ministro macrista, Juan Balbín, Santiago del Solar y el diputado Pablo Torello, azuza la idea de que, con esta campaña triguera, el único ganador será el Estado. Es la forma que encontraron para reclamar una baja de retenciones o reducción de impuestos, como los adelantos por Ganancias.

En este escenario, el gobierno ya le jugó un tanto a favor al quitarles del presupuesto 2023 el artículo referido a los derechos de exportación.

“La campaña de trigo será mala. Habrá siete millones de toneladas menos, por lo tanto, se dará una puja muy fuerte entre el precio interno y el valor externo. La eliminación del artículo 95 fue una manera de perder una herramienta de cara al escenario que se viene”, explica Matías Strasorier, director del Centro de Estudios Agraria (CEA). Pero más allá del tema derechos de exportación, discusión clave no saldada desde 2008, también debería discutirse el impacto que posee sobre la mesa de los argentinos la enorme concentración en toda la cadena de trigo.

* Según un informe sectorial del Ministerio de Economía, de los 37.425 productores de trigo que existen en el país, el 10 por ciento concentra el 53,4 % del área sembrada.

* En el segmento de la exportación, solo 10 empresas concentran 94,9 % de las ventas al exterior, mientras que solo 5 de ellas manejan el 74 % de las ventas al exterior (ADM Agro, Cofco, Cargill, Bunge y Dreyfus).

* En la molienda, el 4,7 % de las empresas concentra el 50,4 % de la producción.

* La molienda de trigo para pan es manejada por tres empresas que concentran el 87 % del mercado: Cañuelas, Morixe y Molinos Río de la Plata.

* La molienda de harina para fideos también está acaparada por cuatro sociedades, de las cuales dos de ellas ostentan el 92 % del mercado (Molinos y Cañuelas).

* En lo que es la industria de fideos, el 81 % del mercado lo manejan 5 empresas: Molinos Río de la Plata cuenta con el 40 %, seguido por Canale (18 %), Marolio (10 %) y Arcor (5 %).

* Y en el caso de la producción de galletitas, solo dos firmas acaparan el 60 % del mercado interno: Arcor (Bagley Argentina S. A.) y Mondelez (ex Kraft-Terrabusi).

Estas empresas de molienda son las que ya empezaron a especular con el precio del pan.

Develarlos

El impacto de la quita del artículo 95 del presupuesto 2023 será carecer de una herramienta para desacoplar precios. Pero la discusión de fondo es mucho más amplia: ¿no es momento para reclamar una herramienta fuerte del Estado que pueda intervenir de manera inteligente en la cadena de cereales y oleaginosas? Si lo único con lo que cuenta el Estado son los derechos de exportación, Houston, tenemos un problema.

El debate de fondo podría auspiciar una empresa estatal de comercialización de granos y producción de alimentos, que juegue tanto en el mercado exterior como para el consumo interno, que les garantice a los productores una rentabilidad acorde a sus inversiones y precios accesibles a los consumidores. El tema es que el Frente de Todos decidió casarse desde su inicio con la Mesa de Enlace. Y renueva votos para cada vez que puede.

La discusión por la concentración del mercado (los mercados) es parte de este debate. Para graficar lo que piensa sobre este tópico el grupo selecto de la estirpe empresarial local, vale una anécdota de esta semana.

El Hotel Sheraton de Buenos Aires fue el epicentro de una cena organizada por el Banco Nación para celebrar el lanzamiento de Expo Pyme. Participaron funcionarios del Poder Ejecutivo. Eduardo “Wado” De Pedro (Interior) y Juan Manzur (Jefatura de Gabinete) fueron los principales oradores junto a Silvina Batakis (Banco Nación). También fueron del convite gobernadores de siete provincias.

Dentro del enorme salón utilizado para el agasajo pululaban empresarios de todas las tallas. A uno de ellos, Teddy Karagozian, dueño de TN&Platex, se le escuchó decir que los principales problemas económicos del país, por caso la inflación y los motivos de su generación, no tenían nada que ver con la concentración en pocas manos de los dueños del capital. “La concentración es la consecuencia y no la causa de estos problemas”, analizaba.

Otro empresario, que escuchó casualmente la frase del textil, acotó por lo bajo: “A mí no me gustan los monopolios. Porque en realidad no tengo uno”.

Hay que poner la mirada, de manera permanente, sobre las formas, métodos y discursos que posee y utiliza el poder económico para disciplinar a la sociedad y al Estado.

Por Sebastián Premici