Pocos días después de la asunción de quienes ganen las próximas elecciones, se cumplirán veinte años de la reconquista de la democracia en nuestra patria. Se discutió mucho en estos años si lo que se había restaurado era la democracia o meramente la elección de las autoridades por el voto popular; detrás de esa consideración suele anidar una concepción superadora de la democracia liberal y promotora de condiciones para que el papel del pueblo no se limite a la ceremonia electoral. Desde ese punto de vista se podría seguir afirmando los límites del ejercicio de la soberanía popular: asistimos a una virtual cooptación de la toma de las principales decisiones políticas por parte del FMI, lo que equivale a una “soberanía extranjera”, lo que, a su vez, significa el absoluto ocaso de la democracia. 

Sin embargo, habría que reflexionar un poco más en la cuestión del poder en nuestro país. Estamos atravesando una etapa en la que aparece con extremada nitidez los estrechos límites en cuyo interior se desarrolla la capacidad decisoria del voto popular. Desde el punto de vista formal, las decisiones políticas las toman el presidente y el congreso: ¿eso es lo que ocurre en la realidad? Desde el otoño del año 2008, con la rebelión de las patronales agrarias hemos ido asistiendo a la conformación de un “poder real” frente al cual las autoridades constitucionales sufren un sistemático veto: nos hemos ido acostumbrando a que determinadas iniciativas de los poderes instaurados por la constitución se encuentran cotidianamente limitados por el veto de poderes fácticos.

Cuando se toman decisiones en las sedes que afectan intereses corporativos, la sociedad no puede contar con la seguridad de que esas medidas habrán de tener vigencia. En estos días hemos escuchado (una vez más) la queja del presidente respecto a la cautelar judicial contra la limitación establecida por decreto presidencial el precio de los usos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La técnica de los grandes grupos que concentran gran parte de esos recursos es bastante simple y poco costosa: elevan el pedido de una medida judicial de orden “cautelar” y esperan que el tiempo -o una toma de decisión favorable a esos grupos en sede judicial fulmine la decisión soberana. Es decir, existe de facto un “poder cautelar” que decide por sobre lo que resuelvan los depositarios de la voluntad popular. 

No hay ninguna disposición constitucional que autorice una práctica como ésta. Lo que sí existe es algo así como la costumbre de que determinados grupos económica y políticamente poderosos imponen invariablemente su punto de vista. Claro que al lado de la omnipotente “justicia” viven otros mecanismos imprescindibles para esa sustracción “legal” de los derechos democráticos. Son los grandes conglomerados mediáticos que tienen una función decisiva en este proceso: son lo encargados de crear “consensos” para esas prácticas ilegales e inconstitucionales. Es decir, los que ante cualquier medida con mínimo sentido redistributivo y de justicia social activan todos los mecanismos para la creación de un clima adverso a ese tipo de decisiones; los que convocan “expertos” en la materia del caso (generalmente siempre los mismos) que proceden a deslegitimar la medida del caso y/o rodear de sospechas y descrédito la toma de decisión de la que se trate. 

Estos límites al ejercicio de la democracia vienen incluyendo en su interior a una fuerza política (o a un sector que agrupa distintas fuerzas, que es lo mismo) que toman en sus manos el bloqueo parlamentario, favorecidos por las nuevas relaciones de fuerza electoral entre los partidos. Esta última práctica no es en sí mismo ilegal porque se trata de actores validados por el apoyo de un sector de la población, pero en la práctica funciona como parte de un mecanismo de bloqueo del poder de decisión de las instituciones democráticas. En el reciente tramo en que ese bloque político tuvo la presidencia pudimos experimentar algo así como el bloqueo perfecto a cualquier iniciativa que no forme parte del programa político del poder corporativo. 

Este funcionamiento del régimen político ha “resuelto un problema” de la historia política argentino durante casi todo el siglo XX: es el de los golpes de estado clásicos en los que se interrumpe la vida institucional para “reorganizar” la política argentina, es decir para asegurar que funcione sistemáticamente a favor de los más ricos entre los ricos. Si algo faltaba para tener una idea cabal de este nuevo modo de dominación, el ex presidente Macri abandonó cualquier forma de pudor para adelantar que para avanzar en esa Argentina “triunfante” que se opone al “fracaso del país durante setenta años” el liderazgo no debe frenarse ante el ejercicio de la violencia contra quienes quieren seguir en “el populismo”. En realidad, la novedad macrista consiste en hacer de la violencia contra el pueblo poco menos que una promesa de campaña, porque violencia hubo -y no escasa- en los tiempos de su presidencia y del ejercicio del ministerio de seguridad por Bullrich. Pero eso no le quita gravedad a lo que el ex presidente le dijo al periodista Majul: la represión estatal violenta contra la protesta social deja de ser un delito para erigirse en una estrategia válida para el ejercicio del poder. 

Estamos necesitados de hacer de estos problemas el centro de un accionar político democrático. El principal problema de la política siempre es el poder y es un error decir que hoy lo único urgente es la satisfacción de las demandas mínimas para una vida digna. El error no consiste en colocar este tema en el centro de la lucha política; consiste en separarlo de lo que es una condición imprescindible para torcer el rumbo de los acontecimientos. Para cambiar el curso hay que tener poder, no solamente un recetario de medidas. Esto es siempre así pero lo es más cuando el anillo del bloqueo antidemocrático se ha consolidado y ha logrado contar con un nivel de representatividad social desconocido entre nosotros en otras épocas. 

Muchos de estos problemas no pueden ser resueltos en plazos cortos. Pero la cuestión es incluir el problema de la democracia, como poder del pueblo en el centro de nuestro discurso. Claro que la próxima elección tiene una importancia extraordinaria para nosotros. Pero la elección tiene que ser pensada y organizada como parte (incluso como punto de partida) de un proceso de fortalecimiento del campo democrático-popular que mire más allá de la elección de octubre del próximo año. Tiene que ser la ocasión para abrir un debate público y masivo sobre nuestro país. Sobre nuestra inserción internacional, sobre el sistema de derechos individuales y sociales en el que queremos vivir. Sobre el poder. Para que la autoridad de la democracia tenga el cien por cien del poder y no una cuarta parte.

El importante documento programático que se leyó en la Plaza de Mayo el último 17 de octubre tendría que ser utilizado para impulsar esa conversación de masas. Y esto tendría que enlazar con la promoción de una discusión constitucional en Argentina. Para poner al documento principal de nuestra democracia a la altura de una etapa histórica en la que el país recupere en plenitud la vida democrática para todos sus habitantes con independencia del poder económico que tenga cada persona o cada grupo social. A la radicalización de la derecha que naturaliza hasta un intento de magnicidio en la persona de Cristina, tenemos que responderle con una radicalización profundamente democrática, en la tradición de la Constitución peronista de 1949. 

Por Edgardo Mocca * El Destape