La canasta básica alimentaria aumentó, en promedio, un 89% interanual. Este dato corresponde a septiembre. El pan registró una suba del 93%, la harina del 115%, la papa del 178%, el aceite del 130%. La leche tuvo un alza del 82%, el pollo de un 98% y la carne picada de un 67%. Para muchxs, comer se volvió una verdadera osadía. Existen 4 millones de personas que viven en la indigencia, es decir que se les dificulta acceder a los alimentos básicos y son los más damnificados por la escandalosa suba de precios que se registra mes a mes.

La guerra contra la inflación había arrancado menos diez. Al día siguiente del anuncio de Alberto Fernández, en marzo de este año, los principales formadores de precios bombardearon con una suba indiscriminada. Tras la salida de Martín Guzmán del gabinete, también bastardearon el bolsillo de la población. Con Sergio Massa en la conducción del equipo económico, atacaron nuevamente. 

En una reunión del 24 de agosto, de la que participó el ministro junto al titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, se les pidió a las grandes del supermercadismo (Arcor, Molinos, Quilmes, PyG, Unilever) “no hacer locuras” con los precios. A la semana siguiente, duplicaron la suba. Así actúa el capital concentrado, bien descripto por Cristina Fernández de Kirchner cuando sostuvo que parte del problema económico y social actual es que las empresas abusan de su posición (dominante).

También lo graficó Máximo Kirchner cuando mencionó la extorsión de las grandes cerealeras para vender parte de la soja que tenían guardada junto a las poderosas empresas de siembra. Algunas de esas sociedades, como Arcor o Molinos, que exportan y producen para el mercado interno, son las mismas que se encargaron de atentar contra el programa Precio Cuidados. Como la regulación recae sobre supermercados, si las grandes cadenas pedían 10 productos les mandaban cuatro o en algunos casos, tres. Y el resto se vehiculizaba por los comercios de barrio con mayores aumentos. Son las mismas organizaciones que ahora reclaman una nueva devaluación quirúrgica para garantizar “precios justos” en las góndolas. Extorsión al palo.

El Estado demostró que no puede controlar ni regular a los formadores de precios, más allá de las multas que acaba de imponer Comercio a supermercados y alimenticias, que se licuarán en el tiempo. Hay una anécdota que lo grafica: “Nosotros estábamos acostumbrados a los bancos, que no suelen mentirnos porque tenemos más información de la que ellos poseen de sí mismos. Pero las alimenticias nos dicen que no aumentan los precios y nosotros tenemos las listas con los incrementos”, reconoce Pesce.

¿Y entonces?

Nominados

Cuando el Estado tuvo que implementar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en medio de la pandemia por Covid-19, descubrió que existían millones de personas que estaban por fuera del radar estatal, algunxs más colgados del sistema que otros. Pero resulta que el mismo Estado no sabe quiénes son los más necesitados a los que les debería llegar ahora el bono de 45.000 pesos a pagar en dos cuotas. Según se informó de manera oficial, su cobro será voluntario. Es decir, cada persona deberá decir cuán indigente es a través de una declaración jurada en las oficinas de la ANSES, en algún operativo territorial o por Internet.

El co-gobierno con el FMI hace que el Estado deba focalizar al máximo su contención social. Existen 4 millones de personas que en la actualidad poseen dificultades para comer pero no se las puede asistir a todxs. El gobierno ya dijo, en su acuerdo con el organismo multilateral, que toda mejora en la recaudación irá para sobrecumplir la meta fiscal con el mismo FMI.

¿Cuántas personas recibirán el nuevo bono, entonces? De acuerdo a las mismas respuestas oficiales, es una incógnita. Pero estiman que sea entorno al millón de personas que en la actualidad no reciben ninguna asistencia del Estado: ni AUH, ni asignación por embarazo, ni Tarjeta Alimentar o Progresar. Es decir, los caídos del sistema que ya habían aparecido con el primer IFE.

Para evitar que se rompa el mandato de la focalización acordado con el FMI, el gobierno informó que realizará todos los cruces patrimoniales necesarios a fin de que se cumpla el requisito de no superar el umbral mínimo de indigencia.

Cuándo Daniel Funes de Rioja, en representación de la COPAL, reclama una devaluación selectiva, ¿se le pedirá que abra los balances de sus empresas representadas con la intención de auscultar su estructura de costos y capacidad económica? Los únicos nominados en este lío (guiño a Gran Hermano) son los de abajo. En este escenario, un bono por dos meses contribuye más a mantener cierto status quo alrededor de la pobreza que otra cosa.

La iniciativa impulsada por la senadora Juliana Di Tullio prevé alcanzar a 1,7 millones de personas durante un año, con la posibilidad de que se prorrogue por otros 12 meses. Lo ideal sería que también se instrumentase por decreto, tal su explicación, para acotarlo a ese período de vigencia e intentar sacar de la indigencia a la mayor cantidad de personas posibles. La iniciativa tiene un costo fiscal del 0,09% del PBI para lo que resta del 2022 y de 0,44% para el próximo año. Al FMI no le gusta esto. De todas maneras, esta semana será su tratamiento en comisiones.

Una torta para pocos

Al segundo trimestre de este año, la remuneración al trabajo quedó en el 41,7% del total de la torta frente al 49,2% del excedente bruto de explotación, es decir la rentabilidad del sector privado. Y si bien hubo una leve mejora en la participación de los asalariados –del 1,04% en relación al mismo trimestre del año pasado–, la película desde 2017 da cuenta de una inequitativa distribución del ingreso y la riqueza. La Argentina podrá crecer pero el derrame no llega. Nunca.

Al comparar el segundo trimestre del 2022 con el mismo período de 2017, la parte de la torta que se apropia el capital creció un 27,5% en términos reales mientras que la masa salarial perdió un 10,3%. Según el análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al observar la incidencia de los impuestos sobre las ventas de las primeras 500 empresas, apenas alcanza el 11,2%. Dicho porcentaje incluso se reduce al 5,3 para algunas sociedades como Arcor, Molinos, Aluar, Ledesma y La Anónima, además de incrementar sus rentabilidades en dólares.

El sector privado se queda con la mayor parte de la torta porque cada vez se pagan peores salarios. Según la medición del propio INDEC, durante el segundo trimestre del año hubo un alza del 7,7% en la creación de puestos de trabajo. Pero al desagregar el guarismo, se sigue consolidando el avance de la precariedad laboral. Los asalariados registrados tuvieron una suba del 3,5% interanual, mientras que los asalariados no registrados lo hicieron en un 20,2%. Y los puestos de trabajo no asalariados tuvieron un incremento del 5,5%.

A partir de dichos porcentajes se comprende que, de acuerdo al Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, el ingreso medio de los ocupados se haya ubicado en 63.000 pesos al primer trimestre de este año, muy lejos de los asalariados que dejarán de pagar Ganancias por la nueva actualización del mínimo no imponible.

En noviembre, el salario mínimo vital y móvil llegará a los 57.000 pesos. Hay una crisis de ingresos (para los trabajadores y trabajadoras). Tal como sostuvo CEPA, se necesitaría un bono de 40.000 pesos para que lxs asalariadxs recuperen todo el poder adquisitivo perdido desde 2015.

El capital privado que captura la mayor parte de la torta no tiene problemas de ingresos. Las organizaciones como Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata y Arcor obtuvieron una facturación promedio en sus últimos ejercicios, presentados todos en 2022, que se ubica un 18,5% arriba de los ejercicios anteriores, medida en dólares. En todo el año pasado facturaron 5.400 millones de dólares y en solo seis meses de 2022, 4.150 millones. Lástima que para Kelly Olmos, ministra de Trabajo, haya más riesgo inflacionario detrás del pedido de recomposición e incremento salarial del gremio Camioneros.

Fracaso

El dato de pobreza sobre el primer semestre difundido por el INDEC hace algunas semanas ya era una foto vieja (36,5%), en función de cómo evolucionó el alza de los alimentos. Y más aún el fotograma de la indigencia (8,8%).

Según el análisis realizado por el Departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, la pobreza no dejó de subir desde el inicio del año. En el semestre que va de enero a junio se ubicó en el 36,5% (dato que coincide con el INDEC), pero para el semestre febrero-julio el promedio fue de 38%, seguido de un 39,3% para el período marzo-agosto. El último informe indica que la pobreza alcanzó un promedio del 40,3% en el período abril-septiembre.

El gobierno no sólo fracasó en su guerra contra la inflación sino en todo atisbo de construir un Frente de Todos con banderas redistributivas.

Por Sebastián Premici * El Cohete a la Luna