Todos los indicios y las pruebas que figuran en los expedientes, cada personaje nuevo que aparece en la trama, todo señala en el mismo sentido. Desde el primer día de la investigación hasta las últimas novedades se acumulan los elementos que dan cuenta de los vínculos, múltiples y concretos, entre los terroristas que planificaron el ataque homicida contra Cristina Fernández de Kirchner y figuras de primer nivel de la oposición política. La evidencia se acumula y salpica incluso a precandidatos presidenciales como Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Javier Milei.

Por ahora, la información es incompleta, pero alcanza para presumir que existe un factor, no necesariamente orgánico o instrumental, que funde, como distintas capas geológicas de un mismo sustrato, a los autores materiales del delito con los grupúsculos violentos que tomaron por asalto la escena pública en las semanas anteriores al atentado y a éstos con la dirigencia de primera línea del PRO y de Libertad Avanza. Un repaso somero de cada uno de los elementos que apuntan en esa dirección alcanza para comprender que el trámite de la investigación no está a la altura de la gravedad institucional de las circunstancias.

Ya existen algunas certezas:

- Existieron pagos millonarios, por al menos siete millones de pesos, desde cuentas vinculadas a empresas de la familia Caputo, hermanos de un exfuncionario PRO y primos del mejor amigo de Macri, a Jonathan Morel, fundador de Revolución Federal, que no pudieron ser justificados. 

- Fernando Sabag Montiel, el tirador, pidió ayuda, en una carta de puño y letra, a Hernán Carrol, un excandidato a concejal de José Luis Espert en La Matanza y animador habitual de las manifestaciones en contra de las medidas de cuidado durante la pandemia. Aunque Carrol negó familiaridad con Sabag Montiel, su huella en las redes sociales indica lo contrario.

- Carrol fue orador en actos de los que participó Revolución Federal y también en otros con referentes del ala dura del PRO. Por fotos se lo puede identificar como persona a cargo de la seguridad durante un encuentro entre Bullrich y Milei en una manifestación a Plaza de Mayo.

- Gastón Carrizo, otro de los detenidos por el atentado, tiene como abogados a Gastón Marano, que se desempeñaba como asesor de un senador del PRO en asuntos vinculados a Inteligencia; Brenda Salva, que asesoraba a una diputada del PRO y era columnista de LN+; y Fernando Sicilia, exabogado de los espías de la AFI macrista Leandro Araque y Facundo Melo, procesados por espionaje político.

Esos lazos están allí, a la vista de todos. Su naturaleza exacta y su alcance preciso todavía resultan nebulosos, así como el rol exacto que cada uno de ellos pudo haber tenido en esta tragedia inconclusa. Justamente por eso es imperativo que exista una investigación rigurosa, expeditiva y profesional, a la altura de la gravedad institucional y política del hecho, que cuente con amplios recursos y facultades para priorizar la resolución de este caso. Ni los jueces ni la Corte Suprema de Justicia están actuando con la celeridad y precisión que se requieren para investigar un magnicidio.

De alguna manera, es lo que planteó la propia CFK en el escrito que presentó este jueves dentro del marco de la causa que sigue a los miembros del grupúsculo Revolución Federal, donde la Vicepresidenta, a través de sus abogados, insistió en la necesidad de unificar los expedientes para dar impulso a una investigación que ahonde en el entramado político, financiero y criminal que permitió la planificación y la ejecución, afortunadamente fallida, del atentado. El desdoblamiento de la pesquisa en sendos juzgados ayuda a compartimentar las responsabilidades y contener la onda expansiva.

"Es altamente probable que estas dos personas procesadas por atentar en mi contra formaran parte o tuviesen vínculos directos con Revolución Federal. No sólo participaron en marchas de la organización, sino que ésta compartió declaraciones de Sabag Montiel y de Uliarte. Es probable que el accionar no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto sino que haya participado específicamente en el intento de asesinato en mi contra. Es también alarmante la probable financiación de este grupo violento por personas pertenecientes a la oposición al gobierno del que formo parte", escribió.

En todo caso, haya sido una conspiración para acabar con la vida de la vicepresidenta, un electrón que se salió de libreto en un esquema planificado para influir en la radicalización de la agenda y el discurso público, el trabajo de un grupo de loquitos o parte de una dinámica fuera de control que puso a la irracionalidad y la violencia como elementos cotidianos de la vida política en la Argentina, en cualquiera de esos casos o en cualquier otro, la única salida civilizada de este problema, la única manera de desviar un camino que lleva a un mal final, es yendo hasta el fondo de la cuestión de manera ejemplar e implacable.

No se trata sólo de evitar que quede impune otro atentado más. La centralidad de algunos actores aparentemente involucrados, y el rol que pueden jugar en las elecciones de 2023, hace doblemente importante que se pueda conocer la verdad, ya sea para absolverlos o para culparlos. Si un candidato o varios participaron de alguna forma (un escenario distópico, el peor posible) la sociedad argentina debe saberlo más allá de cualquier duda razonable a la hora de ir a votar. Si son inocentes, sólo una investigación exhaustiva y transparente puede despejar las sospechas que surgieron hasta ahora.

Por Nicolas Lantos