Extorsionados

Actualidad 10 de octubre de 2022
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Máximo Kirchner acertó cuando sostuvo que las grandes exportadoras habían puesto de rodillas al Estado, en una actitud casi extorsiva, desde el momento en que se les convalidó una devaluación selectiva por una producción que ya tenían en su poder. Pero para bailar el tango se necesitan dos. Sergio Massa llegó al gabinete con la idea de mejorarle la ecuación económica a uno de los sectores más concentrados de la economía local, con capacidad financiera para imponer su propio tipo de cambio. Y así lo hizo. El gobierno nacional no premió ni la inversión ni una mayor productividad. Solo consiguió que se adelantaran exportaciones mediante una enorme transferencia de recursos hacia los grandes jugadores del sector. “Para octubre nos quedamos sin nafta”, ironizó Gustavo Idigoras, titular de la CIARA-CEC, la cámara que nuclea a las cerealeras. Hace unos días había pedido el combustible que más las representa: una baja generalizada de retenciones para seguir contribuyendo con el país.

El premio a la especulación ideado por Massa y su task force para el comercio exterior, con eje en la Dirección de Aduanas que conduce Guillermo Michel, puede verse a la luz de las declaraciones juradas con los datos sobre las exportaciones de septiembre. Del total de ventas autorizadas, las pequeñas cooperativas nucleadas en ACA –que pertenece a Coninagro– y AFA –que nuclea a los pequeños productores de la Federación Agraria– comercializaron una parte ínfima de las 13 millones de toneladas autorizadas a salir del país: apenas el 5% de los granos, aceite y subproductos de soja.

 
Este dato es relevante porque ratifica que los que tenían la capacidad financiera de forzar una devaluación selectiva eran los grandes pooles de siempre, acopios y exportadoras, sociedades que suelen esconderse detrás de la diatriba de la Mesa de Enlace.

Las que se llevaron la parte del león fueron las grandes de siempre:

*Viterra, que es Glencore, donde tiene participación el Fondo Blackrock, declaró exportaciones por 2,7 millones de toneladas.

*Aceitera General Deheza, del ex senador Roberto Urquía y el ex titular de la UIA, Miguel Acevedo, declaró ventas por 1,6 millón de toneladas.

*Cargill exportó 1,8 millón de toneladas.

*Bunge declaró ventas por 1,2 millón de toneladas.

*Molinos Agro, de la familia Pérez Companc, informó exportaciones por 1 millón de toneladas. Esta sociedad acaba de recibir una línea de financiamiento del Rabobank, una entidad holandesa utilizada por Vicentin para deprenderse de Renova en favor de Glencore. BlackRock también posee una pata dentro del Rabobank, y a su vez ostenta el 0,34% de las acciones de Molinos Agro.

Los tapados

Pero también aparecen otros actores, algo más tapados si se quiere. Como por ejemplo la empresa Mirgor, propiedad de Nicky Caputo, el amigo del alma de Macri y por qué no de José López. Esta sociedad declaró exportaciones por 102.435 toneladas de soja, que fueron liquidadas al tipo de cambio diferencial.

Otro grupo que aparece con un pie muy fuerte dentro del sector, sobre todo en las exportaciones de granos de soja, es Amaggi, empresa brasileña que pertenece a la familia de Blairo Maggi, ex ministro de Agricultura de Brasil durante el interregno de Michel Temer. Esta sociedad oriunda del Estado de Mato Grosso declaró exportaciones de soja durante septiembre por 519.500 toneladas, el 13% del total de los granos comercializados durante el mes.

Los datos públicos confirman lo que era obvio. No se premió la producción, como sostuvo Massa. Y el dólar soja tampoco mejoró la competitividad del sector. El premio fue a la especulación de los grandes pulpos financieros. También se llevó una tajada la empresa Syngenta (121.222 toneladas), cuyo CEO Gustavo Aracre se presenta como el más frentetodista de todos los empresarios vernáculos.

¿Qué se incentiva cuando se incentiva?

CFK se quedó corta

Mientras tanto, el Estado sigue reconociendo su incapacidad para ser Estado. En el Congreso, Juanchi Zavaleta, ministro de Desarrollo Social, informó que su cartera no pudo comprar ni aceite ni azúcar porque las empresas concentradas privilegian la exportación antes que venderle al Estado. Lo narró cual comentario de alguien que ve pasar adelante suyo los indicadores de pobreza que sobre el cierre del año llegará al 40% de la población.

“No pudimos comprar aceite ni azúcar. Está claro que las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte los márgenes de su rentabilidad, existe una concentración muy pero muy fuerte en el sector, por eso eligen no venderle al Estado y claramente destinar los productos a la exportación. Sin duda que necesitamos una política muy activa por parte del gobierno para que esto se pueda resolver”, explicó durante una de las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Cristina Fernández de Kirchner se quedó corta con su definición de “Estado estúpido”.

Dos de las empresas que producen aceites para el mercado local y exportan son AGD y Molinos Agro. El 94% de las exportaciones de aceite está en manos de Viterra, AGD, Molino Agro, Cargill, Bunge, Dreyfus, Cofco y ACA, las premiadas por Massa.

Según datos del INDEC, el aceite de girasol aumentó entre diciembre de 2021 y agosto de este año un 94% y el azúcar pasó de los 81 pesos a los 203 pesos. Para el caso del aceite, el Estado elaboró un fideicomiso privado con aportes de los exportadores para desacoplar el valor internacional de las materias primas y no perjudicar tanto a los consumidores. No estaría resultando.

El Frente de Todos se ha caracterizado por beneficiar a los sectores concentrados sin pedirles nada a cambio. “¿Quieren el dólar a 200 pesos? Bajen el precio del aceite en los supermercados o véndanselo a Desarrollo a la mitad de su valor”, dijo nunca nadie. Sobre el cierre de la semana, el gobierno renovó el programa Precios Cuidados, boicoteado por las mismas empresas fabricantes de alimentos.

De ambiciones y ambiciosos

La Mesa de Enlace aprovecha el vendaval y despotrica en contra de las retenciones y la facultad del Poder Ejecutivo de modificar derechos de exportación. Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro, hace las veces del Biolcati de 2008. Aliado del partido de Cynthia Hotton, se muestra como el más virulento de los ruralistas: “La estabilidad que pedimos es la de bajar impuestos, para terminar de esta manera con esta fábrica de pobres”, sostuvo en relación al artículo 96 del proyecto de Presupuesto, que le permitirá al Ejecutivo modificar derechos de exportación hasta 2023.

“Una vez más, la política pretende coartar el crecimiento y el desarrollo productivo con políticas confiscatorias imponiendo gravámenes que restringen la producción, el crecimiento y la generación de empleo”, agregaron los ruralistas a través de un comunicado.

Es el juego de nunca acabar. Por un lado, las cerealeras poseen la capacidad de extorsionar y fijar su propio tipo de cambio, cuentan con la espalda financiera para hacerlo y un Estado carente de instrumentos para zafar de esas presiones. Por otro lado, el gobierno permanece atrapado en la retórica de la Mesa de Enlace que le imposibilita avanzar con cualquier instrumento vinculado al sector que implique un cambio en el statu quo.

La confesión de Zavaleta –un Estado imposibilitado de comprar aceite y azúcar porque no se lo venden– sirve para repensar la excluyente obligación de contar con una empresa pública de fabricación de alimentos que le permita al país cortar con la dependencia de los pulpos financieros de la alimentación, teniendo en cuenta que el Estado es un importante comprador de comida. Lamentablemente, un objetivo demasiado ambicioso para este Frente de Todos.

Por Sebastián Premici

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