Cuando Cristina Fernández de Kirchner terminó su alegato ante el TOF 2, muchas de las cadenas interrumpieron la transmisión. Sin embargo, restaba aún la intervención final del abogado Carlos Beraldi, quien utilizó poco más de media hora para elevar las conclusiones definitivas de la defensa. Fueron cuarenta minutos memorables, en los que Beraldi describe, desde una perspectiva técnica, cada una de las operaciones de lawfare sufridas por la ex Presidenta. El video tendría que ser incorporado como lectura obligatoria en las carreras de Abogacía de la Argentina, ya que muestra de un modo didáctico todo lo que los jueces nunca debieran hacer en un Estado de derecho.

El fiscal Sergio Mola había finalizado su intervención en este juicio afirmando que “el lawfare no existe” y que se trataba de “una mera estrategia de defensa para no contestar los cargos que se formulan”. Esta manifestación habilitó al defensor de Cristina Fernández para referirse a un tema que entraba más en el terreno de lo político que de lo jurídico, aprovechando la puerta que había dejado abierta la retórica intervención del fiscal. Lo primero que hizo el profesor Beraldi fue presentar una placa con las palabras del Papa Francisco en relación con el lawfare, pronunciadas en el Congreso Mundial de Asociaciones Internacionales de Derecho Penal el 15 de noviembre de 2019: “Se verifica periódicamente que se ha recurrido a imputaciones falsas contra dirigentes políticos, promovidas concertadamente por medios de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados. De este modo, con las herramientas propias del lawfare, se instrumentaliza la siempre necesaria lucha contra la corrupción con el único fin de combatir gobiernos que no son del agrado, retacear derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que sólo se benefician quienes aspiran a ejercer liderazgos autoritarios”.

La existencia de imputaciones falsas promovidas por el poder político, utilizando órganos judiciales colonizados, no debiera extrañar a nadie en la Argentina si recordamos a Juan José Galeano, el juez federal de la causa AMIA que fue destituido y condenado por haber efectuado imputaciones falsas siguiendo un guión y utilizando el dinero facilitado por la SIDE. Casualmente, uno de los colaboradores del juez Galeano en aquella época fue el actual fiscal Diego Luciani. En el caso de Cristina Fernández, la existencia de una serie de imputaciones falsas promovidas por el poder político desde una Mesa Judicial –uno de cuyos integrantes ha optado por fugarse a Uruguay– está fuera de dudas. Esto explica que en las causas del “dólar futuro”, “Memorándum con Irán”, “Hotesur” y “Los Sauces”, donde la instrucción estuvo a cargo del juez federal Claudio Bonadío, los tribunales orales resolvieran que los juicios no se llevaran a cabo por inexistencia de delito. A estos casos debe ahora sumarse la causa “Vialidad”, porque todos aquellos que han tenido el tiempo y la paciencia para seguir la exposición completa de Beraldi seguramente han quedado convencidos de que aquí también estamos ante un evidente caso de lawfare.

En cualquier caso, los negacionistas del lawfare deberían registrar que no existe ningún antecedente en el mundo en el que un Presidente sufriera un acoso judicial semejante, con cinco procesos penales en los que atribuyen su pertenencia a asociaciones ilícitas, que terminen archivados o estén a punto de serlo. La brevedad de esta nota no se presta para relatar todas y cada una de las violaciones a las garantías procesales cometidas por los jueces federales Claudio Bonadío y Julián Ercolini en las causas que estuvieron bajo su responsabilidad, pero basta visualizar la exposición de Beraldi para informarse lo suficiente al respecto. Todas esas flagrantes violaciones al derecho de defensa fueron consentidas por las cámaras federales de apelación o de casación, integradas por camaristas que iban a jugar al paddle con el Presidente Mauricio Macri en la Residencia Presidencial de Olivos o a visitarlo en la Casa Rosada, contempladas con un silencio circunspecto por parte de la Corte Suprema de Justicia.

El periodismo de manipulación
En la exposición del Papa Francisco aparecen tres actores fundamentales del lawfare: el poder político, los jueces colonizados y los medios de comunicación que acompañan con juicios mediáticos paralelos los procesos iniciados injustamente. En la exposición del profesor Beraldi hay una referencia concreta a la forma de operar de este periodismo que bajo el pretexto de la investigación manipula los hechos. Seguramente muchas personas vieron la edición del programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata emitida el 6 de noviembre de 2016 por TN, en la cual se exhibían las “rutas que no conducían a ninguna parte”, supuestamente construidas por Lázaro Báez en Santa Cruz. En el reporte del programa emitido en la misma semana que Cristina fue citada a declarar por el juez Julián Ercolini, se hicieron afirmaciones del siguiente tenor: “Hay fuertes sospechas de que desde el Estado se adjudicaban obras directamente al empresario patagónico Lázaro Báez, que cobraba millones de pesos por adelantado, pero no terminaba ninguno de los proyectos. Periodismo para Todos recorrió casi 1.400 kilómetros de esos caminos del sur de la Argentina para demostrar que están abandonados, rotos e inconclusos (…) La primera posta fue la ruta 3, en el tramo que va hacia Caleta Olivia. Era una de las obras de Austral Construcciones que tenía que estar terminada en 2011, presupuestada en 511 millones de pesos. Lázaro cobró más del 100 por ciento, pero no hizo ni el 30 por ciento” (…) Unos 60 kilómetros después está Caleta Olivia, donde aparece otra obra sin terminar: la circunvalación. Pasó de costar 146 millones de pesos a $1.075 millones de pesos». De este modo, se instaló en el subconsciente de muchos espectadores del programa de Lanata la falacia de que en Santa Cruz existían “rutas que no conducían a ninguna parte”.

En el alegato de Beraldi se reprodujeron las declaraciones testimoniales de los auditores de la Dirección Nacional de Vialidad, Justo Pastor Romero y Martín González Oria, quienes en un informe previo habían expuesto que en las obras auditadas “no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse”. Estos auditores ratificaron en el juicio el informe producido y Pastor Romero añadió que se interesó especialmente por las rutas que aparecían en la filmación del programa de Lanata que supuestamente “no conducían a ninguna parte”. Una de ellas era un tramo de seis kilómetros que conectaba Puerto Deseado con un parque industrial proyectado por la municipalidad de esa localidad. Simplemente aconteció que, como es habitual en estos casos, la ruta se realizó antes de que el parque industrial fuera construido. Otra ruta mencionada era la provincial 47, que unía Puerto Deseado con una mina de oro, y que fue expresamente construida para desviar el tránsito pesado que antes circulaba por la ruta 3, lo que no parece una decisión objetable. En cuanto a las supuestas deficiencias constructivas de las rutas, se incorporó en el proceso un informe de Consubaires, firma contratada por Javier Iguacel, el director nacional de Vialidad designado por Macri, que auditaron en forma exhaustiva varias de las obras viales señalando que “todos los materiales utilizados para la mezcla asfáltica son los adecuados y los terraplenes son superiores a los del proyecto”. En cuanto a las diferencias entre lo certificado y lo pagado en las 51 obras del Grupo Báez, según esos informes, se estableció una diferencia insignificante que no superaba el 0,006% del monto total. La consultora afirmó que “no existen obras que se hubieran certificado sin haberse ejecutado y así lo corroboró en su declaración testimonial Federico Heinecke, ex gerente de obras de la Dirección Nacional de Vialidad en el período de Iguacel. En cuanto a las obras supuestamente abandonadas, lo único cierto es que cuando Iguacel intervino el Distrito 23 de Vialidad Nacional en enero de 2016, ordenó y dispuso la expulsión de los trabajadores de las empresas del Grupo Báez y la paralización de esos trabajos. En definitiva, todas las afirmaciones efectuadas en el programa de Lanata fueron luego claramente desmentidas en la etapa probatoria del juicio.

Sin sustento probatorio

El problema de los juicios mediáticos paralelos es que se manejan con la lógica de la sospecha. Se toman algunos hechos ciertos, pero penalmente irrelevantes –por ejemplo, la expansión del negocio de un empresario– a los que luego se añaden afirmaciones no contrastadas o incluso falsas que carecen de sustento probatorio. Esto instala en la opinión pública un sesgo de verosimilitud de las acusaciones formuladas. Luego, cuando tiene lugar el juicio oral, en el que rige el principio de presunción de inocencia y las acusaciones deben ser respaldadas con pruebas consistentes, es posible que el plexo probatorio desmienta la acusación fiscal. Se produce entonces una frustración cognitiva que afecta al gran público y hasta a periodistas, quienes supuestamente deberían estar alertas ante este fenómeno. Es curioso, pero en el mismo día aparecieron en La Nación tres notas firmadas por Joaquín Morales Solá, Carlos Pagni y Martín Rodríguez Yebra que coincidían en el mismo argumento: “El alegato de Beraldi estaba plagado de coartadas procesales antes que de argumentos de inocencia”. Es decir que experimentados periodistas ignoran olímpicamente el principio de presunción de inocencia y aparentemente no se tomaron el trabajo de visualizar las más de quince horas empleadas por Beraldi para reproducir las afirmaciones de los fiscales y contrastarlas, una por una, con las pruebas testimoniales y documentales reunidas a lo largo de más de tres años de juicio, que dejaban sin sustento probatorio la acusación fiscal.

En los últimos meses se ha hablado mucho sobre los discursos del odio que, como es sabido, son un fenómeno que se ha intensificado en todo el mundo, alimentado por las redes sociales. Como ha señalado el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, los medios de comunicación electrónicos han destruido el discurso racional de la cultura del libro que predominaba en el siglo pasado y producen una “mediocracia”. Además, en la Argentina, los discursos del odio fueron reforzados por las estrategias del lawfare, que instalan en la mente de mucha gente –como se puede comprobar en los diálogos intercambiados entre los integrantes de la “banda de los copitos” – la retórica de la antipolítica basada en que “todos roban”.

Sería una labor infecunda buscar una única causa que explique un fenómeno tan complejo y multicausal, en el que tiene un enorme peso la frustración que experimentan los jóvenes que no pueden entrar en un mercado de trabajo formal que les garantice un cierto futuro. Pero sería necio negar la influencia de los procesos penales iniciados contra CFK, contando con la colaboración de jueces y fiscales colonizados –algunos ex integrantes del “mundo Boca”– que se prestaron a la manipulación de un periodismo que renunció a toda restricción ética.

Esto explica también las dificultades del diálogo político. ¿Cómo se puede entablar una conversación propositiva con el instigador de las maniobras judiciales por las que los fiscales y jueces colonizados reclaman decenas de años de cárcel para el rival político o para sus hijos? Por eso se puede afirmar que el daño que Macri ha inferido a la democracia con el espionaje paranoico dispuesto por su fiel escudero Gustavo Arribas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y con el montaje de acusaciones falaces dibujadas por jueces sin escrúpulos, como Bonadío y Ercolini, será muy difícil de reparar en el futuro. No obstante, es posible que con el paso del tiempo la verdadera naturaleza de estos hechos de lawfare sea aceptada, del mismo modo que los organismos de derechos humanos consiguieron romper el candado de silencio impuesto por la dictadura militar sobre los desaparecidos.

Es muy difícil imaginar que una realidad paralela, burdamente ejecutada, pueda sostenerse durante mucho tiempo. Ha sido el gran jurista Luigi Ferrajoli quien advirtiera sobre la crisis del papel constitucional de los partidos políticos y la degradación personalista de la representación en la política democrática italiana. Ferrajoli atribuía parte de la responsabilidad a “la emergencia y consolidación de una nueva, incontrolada, forma de poder, efecto de la masiva concentración en manos privadas de un enorme aparato de comunicación social”. En la Argentina se debería reflexionar sobre cuánto de nuestra realidad aparece reflejada como signo premonitorio en el espejo de la Italia actual. Aquí también hemos tenido un émulo de Berlusconi y son muchas las señales que indican el riesgo latente de una degradación aún mayor de nuestra democracia.

Por Alejandro Laria Rajneri