Entrar a un restaurante y que solo haya baños para hombres es hoy impensable. Sin embargo, no parece tan alejado de la realidad encontrarnos lavabos sin barandillas, entradas a establecimientos con escaleras o rampas muy empinadas, o pasos de cebra sin líneas táctiles. “Quien lo vive es quien lo siente”, zanja Alcibíades Serrato, presidente de la Asociación Colombiana de Personas con Discapacidad Física. Hacer de las urbes latinoamericanas espacios accesibles e inclusivos no puede depender de la empatía o la solidaridad, es una cuestión de derechos humanos. “Nuestras urbes no pueden seguir ignorando los nuestros”.

En 2006, 82 países firmaron la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este señalaba un “cambio paradigmático” de las actitudes y enfoques respecto de esta población, que representa el 14,7% de los ciudadanos del continente. Pero estas 85 millones de personas no lo tienen nada fácil en los espacios públicos. El tratado impulsaba a que los gobiernos promovieran la accesibilidad en los espacios públicos y privados. Pero este plan, de 50 artículos que involucran desde la educación, hasta la movilidad o el género, no es vinculante. Es decir, son recomendaciones que cada Administración decide cómo (y si) aplicar.

En Colombia, existen normativas desde 1997 al respecto, además de esta ratificación internacional. Pero los retos siguen siendo exponenciales. “En ciudades como Bogotá no se garantiza que podamos ser autónomos. Para nosotros, los adoquines levantados o las aceras o andenes altos son trampas mortales”, lamenta Serrato. Para Juan Pablo Salazar, coordinador de inclusión de CAF —banco de desarrollo de América Latina, el “cable desconectado” que impide que lo pactado se materialice es que no existe una normativa técnica.

Es por ello que han puesto en marcha, en alianza con la Alcaldía Mayor de Bogotá, el proyecto piloto Bogotá Al Derecho, un plan maestro de accesibilidad y la hoja de ruta para las Administraciones venideras. “Nos dimos cuenta de que los gobiernos locales suelen tener buenas intenciones pero no suelen llevar a cabo ninguna medida porque lo que falta es inabarcable. La deuda histórica con esta parte de la ciudadanía es muy grande”, cuenta Salazar, quien se desplaza en silla de ruedas desde adolescente. Esta iniciativa creará un esquema institucional para la ejecución de obras de infraestructura peatonal accesibles, así como un plan de financiación para la construcción, mejoramiento y conservación de la misma. “La idea es aportar una ruta clara del tiempo, el presupuesto y las prioridades”.

Cristina Francisco, vicepresidenta de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (Riadis) asegura que el problema es la falta de voluntad política: “Es trabajo de los Estados asumir las adecuaciones y eliminar las barreras. No puede quedar solo en el papel de las leyes”. Para ella, usuaria de silla de ruedas, sigue siendo muy frecuente encontrar dificultades para moverse de un lado a otro en República Dominicana. La última que recuerda, hace dos semanas: “No pude aparcar porque el espacio reservado para personas con movilidad reducida estaba ocupado por otro carro sin necesidades. Pasa todo el rato” .

Las personas ciegas en Latinoamérica también lamentan no sentir que la calle les pertenece. Las ciudades con metro suelen ser algo más amigables con este colectivo, pero los buses son “una tortura”. “Es imposible ser autónomo e independiente cuando no hay avisos sonoros. Muchas veces que nos movemos, lo hacemos gracias a la solidaridad de quien se sienta al lado”, narra Dean Lermen, secretario general de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Aunque, reconoce, que el mayor reto es la inclusión en el ecosistema digital. Perdemos espacios de ciudadanía del siglo XXI”.

Todos los expertos coinciden en una cosa: se llevan a cabo iniciativas, pero no son suficientes. “La falta de accesibilidad es un síntoma de la verdadera enfermedad que es la falta de conciencia”, cuenta Salazar. “La gente no tiene metido en la cabeza la inclusión por ignorancia. Porque tal vez no les ha tocado a ellos”.

Hay otro punto clave en el que coinciden: la insostenibilidad de los proyectos que sí se ponen en marcha. “Las políticas de accesibilidad no deberían de ir cambiando cada cuatro años”, señala Lermen, “No todas las ciudades en Latinoamérica son un caos. Y cuando llega un alcalde o una alcaldesa con ganas de que las cosas cambien, nadie garantiza que se siga en esa ruta en la siguiente Administración”.

Iniciativas como la de Bogotá al Derecho -que nacen con la vocación de ser replicadas en otras urbes de la región- evitan esa volatilidad de las medidas. “Es una manera de organizar esfuerzos y trazar retos comunes. Primero toca saber cuáles son las prioridades, cuánto tiempo se va a demorar y qué costes son necesarios año a año. Es un plan de ataque”, cuenta Salazar.

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