El modelo económico es extractivista, agropecuario exportador y financiero, merced a la renta del subsuelo, del suelo y la creada por la legislación vigente a favor del sector bancario, bursátil y cambiario. Es un modelo orientado y dependiente del exterior y, por ende, requiere de costos internos baratos. Funciona con mano de obra barata medida en moneda dura (dólar, euro, yuan) y en poder adquisitivo de las remuneraciones.

El plan económico es el acordado con el FMI, incluso refrendado por la Ley 27.668 que aprobó «el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario».

Y las medidas anunciadas por el Ministro Sergio Massa se insertan en el plan  y se subordinan a la prosecución del modelo. De allí que el mismo Sergio Massa define como ventajas del país sus riquezas en recursos energéticos, minerales, proteínas y conocimientos. Del trabajo ni se acuerda.

En ese marco define principios y motores, siendo los primeros el orden fiscal, el superávit comercial, el fortalecimiento de las reservas internacionales y, el desarrollo con inclusión. Los motores son la inversión, la producción, las exportaciones y la defensa del mercado interno.

El orden fiscal es un despropósito en sí mismo. Las cuentas públicas al 30 de junio 2022 fueron deficitarias en 1,3 billones de pesos, que la administración nacional logra reducir gracias a los recursos superavitarios del PAMI, de los Fondos Fiduciarios y otros, para dar, finalmente un resultado negativo del consolidado del sector público nacional de casi 1 billón de pesos. Es en pesos pero equivalente a 6.700 millones de dólares (1,6% del PIB), por ende la extrapolación lineal era de un déficit anual para el corriente año 2022 de no menos del 3,5% al 4% del PIB (contemplando aguinaldo y los menores ingresos tributarios de la segunda parte del año). Plantean reducir el gasto para cumplir la meta acordada con el FMI del 2,5% anual, con el agravante que el BCRA no puede financiar más el Tesoro de la Nación del 1% del PIB, como ya lo hizo en los primeros seis meses en demasía, debe el Tesoro devolverle plata al BCRA.

En el presupuesto ejecutado de todo el año 2021, las transferencias (subsidios) para transporte y energía fueron (en pesos) equivalentes a 11.000 millones de dólares (el 2,6% del PIB), de allí que van a reducir las partidas para las provincias y la CABA y, en el caso de la energía eléctrica, solo se va a subsidiar a aquellos que lo solicitaron y hasta 400 kilowatts, cuando previamente hace un par de meses se vienen revisando los medidores de las casa y departamentos de todo el país, para lo cual la amplia mayoría de los usuarios deban pagar una parte a tarifa plena.

El superávit comercial es otra burla. Desde el 1° de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2022 las exportaciones superaron a las importaciones en 30.473 millones de dólares y el BCRA los dilapidó. Por un lado pagó intereses de la deuda pública, sin haber investigado si esa deuda es realmente del Estado nacional o si fueron vendidos durante la gestión de Cambiemos a precio oficial a empresas y particulares que a su vez, evadieron los impuestos correspondientes. Segundo, se le vendió los dólares de parte del superávit comercial a esas empresas evasoras y a precio oficial, sin exigirles que primero paguen con los dólares que habían comprado durante la gestión de Cambiemos.

El ministro Massa plantea un acuerdo, principalmente con los productores, acopiadores, y comercializadores de soja, para que liquiden en forma supuestamente anticipada las más de 20 millones de toneladas retenidas (con un valor estimado de 12.000 millones de dólares). Decimos supuestamente anticipada porque hay una parte que ya está vendida al exterior pero no se traduce, porque no se le puso el precio en pesos de las divisas percibidas. Si a la propuesta realizada por el gobierno nacional el 26 de julio de 2022 para que liquiden, que un 30% les permite comprar dólares en el mercado oficial al valor del dólar ahorro —que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales— que ese día cerró a $ 226, es decir prácticamente $100 menos que el CCL que al 26/07/2022 su cotización era de $ 328 y el MEP que cotizó en esa fecha  a $ 324  y el 70% restante en una cuenta corriente indexada, ajustable por dólar oficial, y no aceptaron, nos preguntamos: ¿qué ventaja se les dará ahora, a través de DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia), para que lo hagan?.

El tercer principio de Massa es “fortalecer las reservas internacionales” y en un mes el BCRA vendió 4.319 millones de dólares (eran de 42.358 millones el 1° de julio 2022 y pasaron a ser de 38.039 millones el 1° de agosto 2022), sin contar los más de 100 millones de dólares diarios que vende el BCRA desde el martes 2 de agosto de 2022.

Finalmente la curva de deuda en pesos creada por el Ministro Guzmán significa hasta fin de este año, una deuda de 2,8 billones de pesos, en su mayoría ajustable por inflación y en menor parte por dólar linked (devaluación del dólar oficial). Se supone que más de la mitad se encuentra en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, de fondos fiduciarios y de otros entes estatales. Pero la pregunta obligada es qué se le va a ofrecer a los tenedores privados para que reprogramen y prorroguen los plazos.

También el nuevo ministro propuso realizar una gira internacional (Estados Unidos, Francia, Qatar) para conseguir créditos del exterior para fines específicos y/o respaldar las reservas internacionales del BCRA, con lo que nuevas deudas reemplazan el natural acrecentamiento de las mismas por superávit comercial.

En síntesis

El principio de desarrollo con inclusión no es creíble cuando se plantea un severo ajuste fiscal, en que solo se asistirá a la población más necesitada, en sintonía con lo dispuesto por el FMI de ayudas directas y transitorias únicamente para grupos vulnerables y hogares de bajos ingresos.

Y  los motores que anunció el nuevo ministro cuando asume el 4 de agosto de 2022, de inversión, producción, exportaciones y defensa del mercado interno quedan limitados por la suba de tasas de interés planteada, la depreciación implícita de nuestra moneda y la política de contención de los salarios, para promover la exportación  minera, agropecuaria y automotriz, que son los tres proyectos que impulsa:

• Prorrogar la Ley 24.196 de Estabilidad Minera de Menem por la cual las grandes multinacionales del sector lograron desembarcar en la Argentina para comenzar la explotación de los recursos del país (el año pasado se exportaron 62.000 kilos de oro) y ya lo decía el Ministro Matías Kulfas en marzo de este año 2022, en la exposición internacional de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá:  “Nuestro país está abierto a la posibilidad de explotar diferentes minerales que se encuentran y que son centrales para el desarrollo económico mundial. Sepan que hay un gobierno en la Argentina que apoya el desarrollo de la minería y toda su cadena de valor con un marco legal que genera certezas, como la estabilidad fiscal y la previsibilidad de determinados beneficios».
• El 30 de septiembre de 2021 el gobierno nacional presentó en el Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de «Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador». Lo consensuó con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y contiene un conjunto de beneficios para un sector que básicamente no los necesita, entre ellos y fundamental, usar como propio el río Paraná, denominado por ellos “hidrovía”.
• Igual para la industria automotriz, a la que se le reducen los derechos de exportación en la medida en que incrementen sus ventas al exterior

Basta saber cuáles son las empresas trasnacionales que están detrás de cada uno de esos sectores para saber quiénes se benefician y quienes no.

Por último, en lo que respecta a los denominados servicios basados en el conocimiento (SBC) con empresas de origen nacional (algunas de las cuales han logrado internacionalizarse como Mercado Libre, Despegar o Globant), reciben todo tipo de ayuda estatal y no tienen mayor impacto multiplicador del trabajo e insumos en el país.

El ministro Massa se cuidó de hablar de devaluación de nuestra moneda, pero las medidas anunciadas solo son posibles con una disminución de la brecha entre los distintos tipos de cambio y el oficial. Ese es el objetivo y la presión de los exportadores, de los que fugaron capitales que solo traerán una parte si se les garantiza más pesos por cada divisa que regresen y, por último, es la exigencia del FMI, que sabe que el Estado argentino recauda en pesos y que debe dar más de nuestra moneda por dólar con los que paga los intereses de la deuda externa. También sabe que desde el segundo semestre de 2024 se debe sumar el pago del capital de los títulos canjeados el 31 de agosto 2020 por el entonces ministro Guzmán, y allí el problema ya es de otras dimensiones.

Cuando no se pueda pagar van a exigir nuestros recursos naturales a cambio.

No es este camino el indicado, que beneficia a la misma minoría que desde la dictadura cívico-militar se adueña cada vez más de la riqueza generada por todos.

El camino es el de investigar la deuda, la evasión fiscal y la fuga y para eso se requiere de un Estado que convoque a  la población para que tomemos real consciencia de la situación.

Decía Mariano Moreno: «Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía».

Por Horacio Rovelli para El Cohete a la Luna