En resumidas cuentas, hay dos posibilidades en la relación de un gobierno democrático con la oposición: la forma deliberativa, basada en el diálogo, el consenso y los acuerdos, o la concepción agonista, que incluye el conflicto y la confrontación no violenta con las fuerzas opuestas con las que no hay acuerdo, dado que se tocan intereses de los sectores privilegiados que presentan una concentración económica desequilibrada para el resto social. 

La crisis sostenida en el ejecutivo radica en que sus dos principales agentes –Alberto Fernández y Cristina Kirchner– encarnan respectivamente esas dos posiciones diferenciales y en consecuencia les resulta bastante difícil lograr concertaciones para gobernar. La actual vicepresidenta sostiene que la dimensión conflictiva de la política no sólo no es eliminable sino que, además, es conveniente visibilizar el antagonismo o las tensiones que en determinada coyuntura están en juego.

El presidente, por el contrario, prefiere en vez de confrontar convencer con argumentos y hacer que las corporaciones o los desestabilizadores entren en razones. Todo deja entrever que esta táctica no condujo a buen puerto, ya que ni siquiera se lograron acuerdos en la fuerza propia.

El modelo del consenso se impuso luego de la caída de la URSS, a partir de la cual la validez de la democracia fue indiscutible, universal y se la interpretó siguiendo el modelo liberal y eurocéntrico. Esta concepción consensual de la democracia suponía que reduciendo los antagonismos se lograría un mundo pacificado, próspero y con plena vigencia de los derechos humanos.

No hace falta aclarar que esa visión naif de la globalización, que llegó a convencer a una parte del campo progresista, no se cumplió. La negación del antagonismo sólo trajo consecuencias negativas: aumentó las desigualdades, la violencia y la guerra a nivel mundial. 

Por el contrario, podemos afirmar que las nociones de conflicto y antagonismo son condiciones de posibilidad de todo proyecto democrático y que resulta imprescindible afectar intereses de las corporaciones para mejorar la distribución de la riqueza, lograr un sistema de salud integrado, plantear un salario básico universal o un refuerzo de ingreso que compense en parte la desigualdad, estar atentos al cambio climático y al cuidado de la vida en el planeta. De lo contrario la política se transformará en moral y los políticos en meros comentaristas de las catástrofes e injusticias.

La realidad actual se convirtió en un campo de batalla entre las mayorías empobrecidas y las corporaciones. Negar esa puja y pretender acordar con el poder es convertirse indirectamente en cómplice de la concentración, como si se tratase de un sagrado orden natural imposible de ser tocado. El modo dialógico en la Argentina está en crisis, el intento de Alberto Fernández de consensuar con el poder oligárquico como táctica fundamental no se sostiene. 

El presidente argumenta, desde una posición esencialista basada en un orden natural que existe por fuera de los actos enunciativos, que no posee la correlación de fuerzas necesaria para cambiar la realidad. La realidad nunca es un a priori ni tampoco un orden universal cerrado ajeno a la acción política.
Creemos, por el contrario, que la política posee una potencia creadora capaz de cambiar la correlación de fuerzas y las luchas pueden producir resignificaciones, nuevos sentidos y realidades. 

El conflicto como categoría política no goza de buena reputación, es prejuiciosa y teñida de ideología, se la interpreta como una tendencia a la violencia y un rasgo propio de los Estados totalitarios. Si el conflicto obstaculiza la rutina burocrática que supone un consenso “natural” establecido, entonces introduce nuevos impulsos en la vida democrática.

Nuestro punto de vista es que la confrontación implica salud democrática y caracteriza mucho más a la política que el consenso, porque es una competencia legítima entre visiones diferentes acerca de lo que necesita una sociedad. La derecha asume una y otra vez una posición de pseudo consenso, ya que en realidad afecta siempre intereses de los sectores más vulnerables y desfavorecidos.

Es sabido que las sociedades latinoamericanas son muy desiguales, con amplios sectores desposeídos de derechos civiles básicos que no tienen tiempo para esperar cambios graduales. El principal interrogante es si en nuestro país es posible hacer los cambios radicales imprescindibles sobre las condiciones de vida de la población y, además, realizarlos en poco tiempo, no sólo por la coyuntura electoral que se avecina, sino por la urgencia que la dramática situación social requiere. 

En la Argentina, para continuar hablando de democracia, llegó el momento de tocar intereses del especulador sector financiero, del campo y del poder judicial, lo que no significa ir al choque irracional o violento, sino abandonar la posición de debilidad del gobierno que es consecuencia de un consensualismo exacerbado. 

Por Nora Merlin para El Destape