En contra de lo que durante años afirmaron los economistas ortodoxos, el neoliberalismo, que se reprodujo y concentró cada vez más, nunca derramó. En el contexto de una ya difícil situación global, la pandemia del coronavirus y la guerra entre Rusia y Ucrania llevaron al desencadenamiento de la actual crisis humanitaria-civilizatoria, que plantea urgentes problemas para las democracias latinoamericanas como el hambre, la pérdida de soberanía, el sometimiento a los poderes, la injusticia y desigualdad crecientes.

Ante la gravedad de la situación, los países de la región advirtieron que la lógica del partido político resultaba insuficiente para dar las batallas emancipatorias que se precisan -como lograr la soberanía y el papel del Estado como “freno de mano” o regulador de las desmesuras generadas por los poderes concentrados-.

La adversa realidad exigió en varios países de Latinoamérica la confluencia de fuerzas heterogéneas que se oponen al neoliberalismo, conformándose su reunión en un frente político para llegar al gobierno. Así nacieron en Argentina, Chile, Perú, Colombia y Brasil las construcciones frentistas, constituyendo una estrategia fundamental para enfrentar a las fuerzas neoliberales e impedirles el triunfo electoral.

Está visto que a través del frente los pueblos pueden llegar al gobierno pero deben coexistir con un fascismo jurídico y comunicacional que genera operaciones mediático-judiciales desestabilizadoras que no llegan a ser limitadas institucionalmente. Ciertamente, este período pandémico de concentración renovada, guerra entre Rusia y Ucrania y una derecha muy radicalizada no está resultando fácil para las resistencias populares ni para los gobiernos antineoliberales. 

El plan de EEUU y sus aliados locales que instrumenta la guerra judicial sigue intacto y no pierde oportunidad para desestabilizar a los gobiernos populares. Algunos de esos gobiernos como el del Frente de Todos, creado para oponerse al modelo neoliberal y a un posible triunfo del macrismo, no limitan la evasión, la fuga de dólares ni ponen en cuestión las operaciones de lawfare.

Cristina Kirchner el 20 de junio, en el marco del Día de la Bandera, cerró el acto de la CTA en Avellaneda. Entre los muchos conceptos vertidos en su discurso aportó una nueva posibilidad para la categoría Estado, cuyo sentido viene siendo disputado históricamente en América Latina. La vicepresidenta describió al nuestro y actual diciendo “este es un Estado estúpido”.

En América Latina hay dos formas de entender la nación que se corresponden con la forma que toma el Estado. Hay una idea de nación oligárquica construida por las élites, acompañada de un proceso colonial que pretende que desaparezca aquello que no coincide con la cultura “civilizada” europea o norteamericana. Hay otra concepción opuesta, es una idea de nación construida por los de abajo que se corresponde con un Estado que escucha las necesidades y está al servicio de lo popular.

El Estado argentino penduló entre esas dos direcciones opuestas. La primera, a favor de las oligarquías, nos llevó al despojo, el endeudamiento y la desigualdad. En contraposición, durante los gobiernos peronistas y kirchneristas, el Estado fue una expresión de lo popular y una herramienta de emancipación.

El neoliberalismo, incluido en el primer grupo, en sus tres gobiernos -el terrorista del 76, el menemista y el macrista- logró desprestigiar el rol del Estado, supo convencer a la sociedad de que se trataba de una categoría ineficiente y burocrática. Ese debate fue saldado durante la pandemia, pues en ese tiempo quedó claro que no se hubiese podido sobrevivir sin la presencia del Estado cuidador en salud, educación y planes sociales.

“Estado estúpido”, describió Cristina Kirchner a la forma actual. La versión aportada por la vicepresidenta implica una innovación, una formación mixta entre los dos modelos. Se trata de un híbrido entre el estado oligárquico y el popular en el seno de un gobierno peronista-frentista, que habiendo cuidado al conjunto social y sobre todo a los más vulnerables durante la pandemia y sin estar a favor de las élites, deja intacto el aparato mediático judicial para que prosiga el lawfare y la persecución política. Tampoco evita la fuga de capitales, ni articula la información del Banco Central, con la CNV y la AFIP para desarticular la estafa a la Argentina.

En tiempos de crisis, guerra, operaciones mediático judiciales y amenaza de un nuevo gobierno neoliberal, es imprescindible que el gobierno del FdT haga uso de los recursos, las instancias democráticas y se reapropie de la conducción del Estado. Es urgente que el gobierno se incline decididamente a favor del campo popular y pueda repensar la democracia, recuperar las instituciones y propiciar la igualdad. Es urgente que el gobierno pegue un volantazo que permita salir del Estado estúpido, arriesgándose a construir instituciones y una forma estatal en sintonía con el pueblo.

Por Nora Merlin para El Destape